El proyecto fue despachado con suma urgencia por la Comisión de Comisión de Agricultura, Silvicultura y Recursos Naturales, y ha recibido observaciones de organizaciones gremiales, académicas, campesinas, de pueblos originarios y de la sociedad civil.

La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) presentó este martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un conjunto de observaciones y propuestas sobre el Proyecto de Ley que modifica y extiende el Decreto Ley Nº701 sobre fomento forestal por 20 años más.

El proyecto, que fue despachado la semana pasada con suma urgencia por la Comisión de Comisión de Agricultura, Silvicultura y Recursos Naturales, ha recibido observaciones de organizaciones gremiales, académicas, campesinas, de pueblos originarios y de la sociedad civil, cuyos representantes han planteado que esta ley necesita un debate más profundo y completo sobre cómo se debe fomentar y manejar sustentablemente las plantaciones forestales.

En su presentación, el director honorario AIFBN Luis Astorga Schneider, insistió que la propuesta debe centrarse en el desarrollo local y apoyando a la pequeña y mediana empresa. “Debe centrarse en el fomento a la forestación y al manejo forestal sustentable, con nuevas orientaciones hacia la recuperación de tierras, ecosistemas, producción de bienes y servicios ecosistémicos como agua, paisaje, biodiversidad y producción forestal”, manifestó.

Planteó enfáticamente que “es más de lo mismo”, subrayando que se requiere un nuevo proyecto de ley orientado a la recuperación y mantención de cursos de agua, la restauración de los ambientes naturales destruidos o degradados en los últimos 200 años, y el fortalecimiento de la economía campesina, a través de la forestación con fines no madereros, sistemas silvopastoriles, entre otros.

Astorga detalló que el proyecto debe beneficiar sólo a pequeños y medianos propietarios, con asignación directa de subsidios. “Los fondos no deber ser concursables, y la lista de actividades bonificables que necesitan medianos y pequeños debe aumentar, con un cambio en cómo se gestionan y elaboran los Planes de Manejo y una asistencia técnica directa”, aseguró.

“Si el proyecto queda tal como está, la forestación tradicional orientada a abastecer a la gran industria va a prevalecer por sobre los demás objetivos que el proyecto de ley menciona. Se requieren cambios sustantivos, de otra forma el modelo forestal actual, concentrador de tierras y riqueza continuará impidiendo el desarrollo”, señaló.

Comunas con extensas plantaciones tienen pobreza local

Para reforzar las propuestas de AIFBN, Astorga dio a conocer datos preliminares de un estudio elaborado por el ingeniero forestal y director AIFBN, René Reyes, sobre las cifras que entrega el Índice de Desarrollo Humano en las comunas de Chile (IDH), donde concluye que la mayoría de las Comunas que tienen plantaciones forestales cuentan con bajos índices de desarrollo humano. En este sentido, indicó que a pesar del éxito macroeconómico del sector, expresado en las crecientes exportaciones y utilidades de grandes empresas, los territorios que concentran tales actividades industriales muestran preocupantes índices de pobreza local.

El experto recordó que entre la VII y X regiones, área en que se concentran las plantaciones de pinos y eucaliptus como también la industria forestal, un tercio de los municipios tienen más de un 30% de su territorio comunal cubierto con plantaciones. “Estas, a partir de 1974, se expandieron vertiginosamente con la dictación del D.L. 701 que subsidia la forestación”, dijo.

Aseguró que a pesar de que las plantaciones han sido importantes en el crecimiento del país y contar con una industria consolidada, los ingresos en el sector forestal son más bajos que en otras actividades, con crecientes conflictos entre la industria y los sindicatos.

“Las empresas forestales casi no aportan al presupuesto municipal, con el cual se sostienen parte de nuestros sistemas de educación y salud. No se paga el impuesto territorial, y se pagan patentes ridículas, como la planta de celulosa de Arauco en Valdivia, que pagó apenas 40 mil pesos al municipio de San José de La Mariquina”, manifestó. “Queremos que las grandes empresas paguen el impuesto territorial, y patentes proporcionales al tamaño de sus actividades, o sea, que sean un aporte al financiamiento del desarrollo local”, añadió.

En otras palabras, aseveró, la industria forestal “hace un aporte significativo al crecimiento del país, especialmente de sus indicadores macroeconómico, pero no está aportando adecuadamente al desarrollo de los chilenos”. Agregó finalmente que “uno de los factores que ha condicionado esta situación ha sido el marco normativo: Ley de Fomento a la Forestación o DL 701”.