Pronto se conocerá el reglamento de la llamada “Ley Superocho” (Ley 20.606 de Rotulado y Publicidad de Alimentos), al haber concluido la fase de participación ciudadana convocada por el ministerio de salud. Si esta vez el lobby de la industria alimentaria fracasa en sus intentos, si la ministra Helia Molina realmente quiere prevenir la obesidad, los padres y madres tendrán derecho a saber cuánta azúcar y sal contienen los alimentos que compran para sus niños. Se habrá avanzado algunos pasos en la dirección correcta. Pero ojo: la nueva etiqueta seguirá muda acerca de si ese alimento es o no transgénico. El semáforo no dirá nada al respecto.

Por ello, la ministra secretaria de gobierno Ximena Rincón, que en 2012 presentó en el Senado un proyecto de ley de Moratoria y Etiquetado de Transgénicos, recibió un ejemplar de la primera versión en español de “Transgénicos: Mitos y Verdades”, de Antoniou, Fagan y Robinson (RAP-Chile, Quimantú, 2014). La obra fundamenta con base científica las razones por las cuales los alimentos elaborados con ingredientes transgénicos presentan riesgos para la población. La campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile le hizo llegar el libro presentado recientemente como preludio de la exigencia de que esta ley de moratoria y etiquetado, que duerme en el senado, se ponga en discusión con urgencia. En su rol actual, Ximena Rincón deberá decidir si responde a la demanda ciudadana integrando ese proyecto a la agenda legislativa definida por el comité de ministros, o se sitúa del lado de Monsanto, Pioneer/Dupont y sus pares.

La ley Super Ocho ignoró absolutamente el tema de los transgénicos. Muchos ciudadanos y ciudadanas, entre ellos Rodrigo Lampasona, de la iniciativa “Elige Vivir Sano” nacida al calor de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile, hicieron presente a través de observaciones al reglamento, su molestia porque el etiquetado no abarque los alimentos hechos con ingredientes transgénicos como la soya y el maíz transgénicos presentes entre muchos otras en las marcas Kellogg, Ades, Kraft.

Bachelet bloqueó el etiquetado

Pero estas observaciones tienen escasas posibilidades de ser recogidas por el ministerio de salud, que hasta ahora rechaza toda posibilidad de etiquetar estos alimentos que presentan serios riesgos para la salud de las personas. SERNAC remite toda consulta al respecto, al ministerio de salud. La ley que da origen al reglamento nada dice sobre el tema, probablemente porque el Reglamento Sanitario que rige los alimentos en Chile, fue modificado para eliminar la obligación de rotularlos el año 2003, siendo ministra de salud la actual presidenta de la república, Michelle Bachelet. El decreto respectivo estuvo listo desde el año 2001, pero jamás se promulgó. En cambio, el ministerio de salud elaboró el decreto 115, publicado en el diario oficial el 25 de noviembre de 2003. Ese decreto introdujo en el artículo 107, letra n, del Reglamento Sanitario de Alimentos un texto que indica que el rotulado de alimentos transgénicos sólo procederá si estos “presentan características nutricionales distintas al alimento y/o materia prima convencional”.

Ese es el argumento de Monsanto y los productores de transgénicos, llamado el principio de “equivalencia sustancial”, el cual no tiene base científica alguna. Ha sido usado en Estados Unidos para impedir el análisis toxicológico de este tipo de alimentos y permitir su pronta autorización. Y ya se cae a pedazos precisamente en la tierra madre de los transgénicos, Estados Unidos.

Etiquetado en Estados Unidos

Desde el año pasado un poderoso movimiento ciudadano está exigiendo a nivel de algunos estados federales de Estados Unidos, el derecho a saber qué están comiendo. Vermont aprobó el etiquetado este año, California casi lo logró el año pasado, y ahora lo intentan Oregon y Colorado. Para entender el poder de ese lobby y lo que ocurrió en Chile cuando se intenta etiquetar, es necesario conocer cómo operan las transnacionales de la agrobiotecnología en Estados Unidos, donde las leyes no contemplan “aportes reservados” y obligan a transparentar las donaciones de las empresas.

El 4 de noviembre próximo, el estado de Oregon vota una propuesta de etiquetado de alimentos transgénicos. En la campaña el gasto en avisaje televisivo ha sido enorme: es el 5º mayor gasto en avisaje que se ha hecho en todo Estados Unidos en el último tiempo, según el Center for Public Integrity, una organización sin fines de lucro con sede en Washington. En Oregon, la comuna de Jackson aprobó meses atrás la prohibición del cultivo de transgénicos en su territorio. El estado de Vermont, que aprobó el etiquetado, lo hará entrar en vigor en Julio de 2016, y el fiscal general del estado está defendiendo la medida de una demanda planteada por representantes de la industria alimentaria.

Pioneer dobló a Monsanto

La transnacional Dupont/Pioneer que está presente en Chile produciendo transgénicos y plaguicidas, aportó esta semana $4.6 millones de dólares para la campaña contra el etiquetado de transgénicos, doblando la cifra de Monsanto, que puso 2.9 millones de dólares. Los partidarios del etiquetado han logrado reunir US$6.6 milones de dólares ... contra 16.3 millones que las empresas productoras de transgénicos han inyectado para impedir que la gente sepa lo que come.

Monsanto, Dupont/Pioneer, Dow y Bayer le dan ese derecho a los europeos, ya que están obligados a ello por la legislación de la Unión Europea, que a su vez es producto de la exigencia de los consumidores. En Perú, que tiene ley de etiquetado desde hace algunos años, han logrado detener hasta ahora la elaboración del reglamento de esa ley. Brasil sin embargo sí cuenta con etiquetado. Se lo niegan a Argentina y Chile donde ejercen su poderoso lobby.

Declaración de Osorno

En la lucha por el etiquetado, los y las consumidores chilenos se están haciendo cada vez más presentes. El tema de la alimentación sana –abordado en una exposición sobre soberanía alimentaria realizada por Lucía Sepúlveda - fue definido como uno de los ejes de trabajo en el reciente congreso nacional de asociaciones de consumidores realizado en Osorno. Veinte asociaciones que representan a consumidores de territorios que van desde la Región de Tarapacá a la Región de los Lagos, reconocieron n como derechos fundamentales para la persona humana “un aire libre de contaminación, la disponibilidad de las aguas para el consumo humano, la alimentación saludable, la generación y consumo responsable y sustentable de la energía, y el reconocimiento de sistemas de movilidad limpia y de transporte público justo y de calidad.”.

En el congreso se constituyó una Coordinadora Nacional de los Consumidores que buscará articularse con otros actores organizados de la sociedad para informar, educar y proteger los derechos de los consumidores en sus diferentes ámbitos.

Imagen: exigevivirsano.wordpress.com

Fuente: http://elreverde.cl/reverde/?p=336