Escalada represiva: única respuesta gubernamental a protestas de la población
En Editorial
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Las evasiones masivas del pago de pasajes en el Metro, que comenzaron a multiplicarse desde tempranas horas, fueron respondidas con el uso desmedido de una descontrolada fuerza policial. Golpes a mansalva, uso de gases lacrimógenos a destajo y sin ningún control o protocolo, uso de carros lanza aguas como si sobrara, uso de balines y de perdigones en cualquier parte, sin preocuparse de la presencia de personas indefensas en el entorno. Lo cierto es que efectivos de las fuerzas represivas policiales andaban sueltos y descontrolados, como si los hubiesen mandado a propósito a golpear donde fuera, o a desahogarse de sus propias frustraciones. El alto mando de carabineros mandó a aplicar mano dura, mal que mal tenían el visto bueno de La Moneda y la necesidad de usar cualquier coyuntura para tratar de ocultar la desvergüenza de los desfalcos y robos que han hecho los altos mandos de la institución.
Fiel a su costumbre, el gobierno responde haciendo oídos sordos, negando la evidencia, y reprimiendo a destajo. Como la represión no le resultó suficiente sino que por el contrario aumentó la furia ciudadana, recurre a la declaración de estado de emergencia, lo que significa entregar el control de la situación interna al ejército, sacar los militares a la calle y coartar una serie de libertades y derechos de la población de las zonas involucradas.
Con esta decisión, el gobierno de Piñera deja de manifiesto su esencia opresora. Nuevamente las autoridades recurren al uso de las fuerzas armadas para aplacar las protestas sociales. En este caso, recurren al ejército para intentar restablecer el dominio sobre el territorio que había sido incapaz de mantener mediante el uso de las fuerzas policiales. Este gobierno, como todos los gobiernos postdictadura, no tiene ninguna voluntad de buscar soluciones a los problemas que originan las demandas y movilizaciones de la población. Cero disposición, ninguna, nada. Cuando se trata de defender los intereses de los poderosos, cuando se trata de defender los groseros márgenes de ganancias de la decena de familias dueñas de lo que llaman Chile, los gobernantes no oyen, no escuchan, no ven, no saben, no se puede; solo saben reprimir y criminalizar la movilización social.
El uso de los uniformados no es un mero recurso legal que utilizan estos gobiernos cuando son incapaces de disimular su esencia opresora o son parte de los poderosos dueños del país, hay un doble propósito en esta maniobra artera, propia de una clase política descompuesta, carente de moral y de ética.
Los gobernantes saben que la población asocia la idea de militares en la calle con muerte, con disparos a diestra y siniestra, con detenciones arbitrarias, con ejecuciones sumarias, con desapariciones de detenidos, con terror, con tortura, con muerte. Idea asociativa que se sostiene, además, en la sensación de impunidad que rodea los crímenes cometidos por los uniformados cada vez que han sido utilizados para defender los intereses de los poderosos, sea durante el imperio de la dictadura militar como a lo largo de la historia de este país. El terror que provoca la memoria histórica de los uniformados en la calle es utilizado por estos infames gobernantes como elemento disuasivo de las luchas sociales.
Los justos reclamos y las justas protestas de la población tienen su razón de ser en el cansancio, en el hartazgo, en el agotamiento del aguante de tanto abuso, tanto atropello, tanta desigualdad. El costo del transporte público, elevado discrecionalmente al soberano antojo de los señores empresarios, es solo una expresión más de este modelo explotador. Pero este costo lo sufren los mismos que ganan salarios que no superan los 500 mil pesos, los mismos que reciben pensiones que no superan los 180 mil pesos, los mismos que ven cómo el valor de los artículos de consumo básico suben y suben todos los meses, los mismos que deben pelar el ajo para pagar las abusivas cuentas de la energía eléctrica, las abusivas cuentas del servicio de agua, las abusivas cuentas de teléfono, los abusivos valores del gas de consumo diario, los abusivos valores de cualquier servicio de salud o medicamento. No hay quien aguante eternamente tanto abuso, menos cuando el poder adquisitivo de los sueldos y salarios se ve disminuido mes a mes, menos cuando la clase política gobernante ha dado muestras de sobra de ser corrupta, vendida y estar al servicio de los poderosos explotadores.
Es del todo razonable que las manifestaciones de luchas sociales cada vez se tornen más violentas porque la población afectada por el abuso es víctima de una cotidiana violencia ejercida por los dueños del modelo dominante. Los poderosos empresarios roban a destajo todos los días, por todos los medios, estrujan a la población, la someten por la vía del endeudamiento, la acorralan por la vía de manipulación mediática de sucios medios de comunicación, y cuando esta población se enoja o se rebela, la reprimen y criminalizan. Los mismos empresarios que se coluden para explotar y abusar de la población (sea en las farmacias, en los pollos, la polar, el confort, la ley de pesca, etc. etc.), que violentan hasta aburrirse la paz ciudadana, que salen impunes de todos sus robos, estafas, colusiones, corrupciones, luego invocan a la represión y a los milicos para que sigan manteniendo y protegiendo sus privilegios.
Ese sistema de dominio no hay quien lo aguante. No se quejen. Los estudiantes, la juventud, la población santiaguina, dio ayer una clara demostración de que llegó la hora de decir basta. Basta de abuso, basta de robos, basta de estafas, basta de impunidad, basta de segregaciones, basta de represión.