Con la aprobación en el Senado la tarde de ayer, entrará en vigor la "Ley de Memoria Histórica" en España, que por primera vez hace una condena estatal al golpe de Estado contra la Segunda República y a la dictadura de Franco, pese a contar con los votos en contra de todos los partidos de derecha. La iniciativa reparará a víctimas de crímenes de Estado y sus familias, así como de optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de exiliados, así también establece la obligación de retirar vestigios franquistas, dispone la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o actividades que supongan menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas, entre otras. España se encuentra mucho más atrasado que la mayoría de los países latinoamericanos respecto al respeto a la memoria histórica y apologías al terrorismo de Estado, por lo que es un paso importante para intentar ponerse al día en materias de democracia.
Por Alejandro Baeza
Esta ley profundiza la de Memoria Histórica de 2007. Ya había sido aprobada por el Congreso de los Diputados en octubre de 2021, por lo que ahora ya es cosa de días para que sea promulgada. Cabe destacar que todos los partidos de derecha votaron en contra, es decir, el Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos. Sin embargo, el PSOE y Podemos pudieron negociar y contar con el apoyo de Bildu, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Más País y Coalición Canaria.
La ley pretende establecer principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición y establece la primera condena oficial como Estado español al golpe militar de julio de 1936 y la dictadura de Franco. No obstante, también reivindica expresamente la transición pactada con el franquismo para el retorno a la democracia.
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Con su aprobación, quedaron establecidos dos días oficiales de memoria: el 31 de octubre, para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas, y el 8 de mayo, para el recuerdo y homenaje de las víctimas del exilio.
Avanza en lo relativo al patrimonio documental, regula los sitios de memoria y modifica el régimen jurídico del conjunto del Valle de los Caídos como paso previo a su "resignificación" o una eventual futura desaparición, como lo plantean los sectores más a la izquierda
Además, declara el derecho de los familiares y la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido en dictadura. El Estado español asume el liderazgo en la búsqueda e identificación de desaparecidos y el impulso de las exhumaciones, y establece la elaboración de un censo de todas las víctimas de la guerra y la dictadura.
Establece al Estado español como garante de la preservación de documentos y el acceso a los archivos, y contempla la creación de un banco nacional de ADN de víctimas de la guerra y de la dictadura e impulsa la creación de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática en la Fiscalía General del Estado como instrumento de la investigación.
Declara también la ilegalidad de los tribunales franquistas de excepción y la nulidad de sus sentencias.
Permite también la adquisición de la nacionalidad española para hijos, hijas, nietos y nietas nacidos de padres o abuelos que perdieron su nacionalidad por el exilio.
Establece la obligación de retirar vestigios franquistas, dispone la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo o actividades que supongan menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas.
Finalmente, cabe precisar que el PP llevó hasta el final una enmienda para retirar un que suprime los títulos nobiliarios del franquismo y la orden imperial del Yugo y las Flechas, los que le fueron otorgados, por ejemplo, a Adolf Hitler, Benito Mussolini o Rudolf Hess, por su colaboración para el triunfo del bando fascista en la Guerra Civil.
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