Resulta patético ver, oír o leer las noticias referidas al mal denominado “Conflicto Mapuche” en los grandes medios de comunicación. Es vergonzoso escuchar a generales, grandes empresarios, autoridades políticas y editorialistas de los principales medios de comunicación, ponerse en “modo víctima” frente a las comunidades mapuches en resistencia.
La estrategia judicial, policial y comunicacional está absolutamente derrotada hace años, pero la majadera insistencia en ésta, después de los resonados fracasos durante un estado de emergencia, tanto de Carabineros, la PDI como el Ejército, ya no sólo escapa a la racionalidad política y militar, sino que además habla de la absoluta falta de inteligencia.
Desde el inicio de la pandemia Chile se encuentra bajo el estado de excepción constitucional y toque de queda más largos del mundo. Excepcionalidades que permitieron el despliegue de las fuerzas militares a lo largo de todo el territorio nacional, lo que sin duda logró aplacar el denominado “Estallido” o “revuelta social” del pueblo chileno.
Sin embargo, en el territorio mapuche, el conflicto lejos de verse atenuado o disminuido por la presencia policial y militar, se vio acelerado y fortalecido.
Es por eso que Tomás Mosciatti, dueño de Radio Bio Bio, quien por años denuncia que el Estado chileno desapareció del cono sur de la Provincia de Arauco y vastos sectores de la Provincia de Malleco, en medio del coro de periodistas reaccionarios exigiendo la declaración del “estado de sitio” en territorio mapuche (Wallmapu), realizó una reflexión que dejó al descubierto un temor que ronda en los círculos de poder: ¿Qué pasaría si esta medida extrema, la última a la que puede recurrir cualquier gobierno, llega a fracasar?
Al interior de los grupos de poder, tanto en los gobiernos de la concertación como de la derecha, han rondados tesis que plantean abordar el mal llamado conflicto mapuche de forma política. Ya sea la “Estrategia Huenchumilla” durante el gobierno Bachelet, como la “Estrategia Moreno” durante la administración Piñera.
Ambas estrategias saltaron por los aires, no por culpa de los mapuches, sino por las tesis guerreristas al interior de los respectivos gobiernos. El caso más drástico es la del ministro Moreno, cuyo trabajo fue dinamitado por la escandalosa Operación Huracán y el cobarde asesinato del comunero Camilo Catrillanca.
En realidad todo intento de encontrar una contraparte para parlamentar y negociar políticamente la situación a todas luces injusta en que viven las comunidades mapuches, han sido destruidas por el propio Estado. Primero con Patricio Aylwin a principios de los años 90, criminalizando al Consejo de Todas las Tierras, un movimiento que desarrolló ocupaciones o reivindicaciones de tierras en la práctica simbólicas y no efectivas, pero que, sin embargo, Aylwin persiguió con dureza. Una cuestión que le valió la condena internacional de organismos de derechos humanos y cortes internacionales.
Sin duda es la actitud represiva y violenta del Estado lo que hace escalar el conflicto. El siguiente proceso de recuperaciones de tierra surgido a mediados de los 90 ya dejó de ser simbólico. Las tomas de terreno al final de la década fueron “efectivas y productivas”. Esas comunidades que iniciaron este nuevo proceso, se articularon en lo que públicamente salió a la luz el año 1997 con el nombre de Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco. Y la respuesta fue nuevamente la misma, perseguir, criminalizar y reprimir la nueva organización.
Nuevamente es el Estado el que hizo escalar el conflicto un paso más allá, pues ante el cierre de cualquier diálogo político, las comunidades escalaron no sólo sus reivindicaciones, sino también las formas de lucha.
En noviembre de 1997 con la quema de camiones en la comuna Lumaco, Provincia de Malleco, se inició lo que hoy conocemos como el último levantamiento del pueblo mapuche, del cual vamos para un cuarto de siglo y que se ha extendido, desde algunas comunidades de Arauco y Malleco a todo el Wallmapu, tanto en Chile como en Argentina.
No obstante, el Estado cometió el error no solamente de acorralar a la comunidades y obligarlas a escalar el conflicto, sino además destruyó a las organizaciones políticas mapuches con las cuales podía interlocutar y establecer algún tipo de negociación.
Hoy tiene un conflicto desatado y en expansión, se encuentra desbordado. Es absolutamente incapaz ni siquiera de contener, atenuar o controlar el proceso. Año tras año crece el territorio en el cual se expresa, aumentan el número de las acciones, así como la magnitud de las mismas. Sin embargo hoy, por su propia responsabilidad, el Estado no tiene al frente a nadie con quien parlamentar o negociar, pues reventó a esas organizaciones.
¿Y con qué ropa?
En este momento los “halcones” o facciones guerreristas de los grupos de poder, con o sin uniforme, claman por un estado de sitio e intervención militar directa en territorio mapuche alentando el populismo de extrema derecha y la preocupación clásica del progresismo. Sin embargo, esto no pasa de ser pura verborrea para calmar a ciertos sectores empresariales y agrarios.
Generales, políticos y empresarios, son conscientes de lo que significa tensar la cuerda al máximo, el jugarse la “ultima carta”. Tomás Mosciatti se pregunta en su medio de comunicación lo que podría pasar si la estrategia del estado de sitio fracasa, recordando episodios donde militares ya se han visto superados por los mapuches.
A esto habría que agregar, ¿puede acaso Piñera dirigir a militares a 700km al sur de Santiago si no fue capaz de controlar a sus tropas de Carabineros en la Plaza de la Dignidad?
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No obstante aquello, la existencia de militares en el Wallmapu es de vieja data, también de los organismos de seguridad de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas. Pero la presencia de policías y militares no han impedido las acciones de los grupos de la resistencia mapuche.
En Cañete los militares que custodiaban la subestación eléctrica, tienen que ser protegidos con tanquetas, buses y carros lanza gases de Carabineros, lo que contradice la tesis que la presencia militar puede liberar efectivos policiales en la zona.
La huida de boinas negras del Ejército en Collipulli, la retirada de los puestos de avanzada de la infantería de marina en los lagos Lleu Lleu y Lanalhue, contradicen las palabras del almirante Edmundo González quien señaló que en 72 horas terminaba con el "terrorismo", cuando la misma Armada se ha visto obligada a replegar a sus “cosacos” del territorio en conflicto.
Para finalizar, siempre es bueno tomar la experiencia reciente de otros países en la materia. Hacer la salida en el momento adecuado de territorios ocupados, es algo que sin duda trae consecuencias económicas, políticas y sociales para el propio Estado ocupante.
Bien lo saben las naciones europeas que no supieron retirarse oportunamente de sus dominios coloniales, como Portugal, un país que cuya economía se derrumbó entera y hasta hoy paga los costos, precisamente por no saber salir a tiempo de sus últimas colonias en África. El desastre lusitano era tal que los propios oficiales jóvenes, suboficiales y tropas del ejército se rebelaron contra la dictadura militar que insistía en la guerra colonial en lo que se llamó La Revolución de los Claveles (1974).
Hay costos que los países deben pagar antes de llegar a destruirse en ese afán nacionalista, patriotero. Lo sabe muy bien Francia, que debió retirar a más de un millón de colonos en Argelia (1962), los pieds-noirs (pies negros), muchos de los cuales estaban allí por generaciones, desde 1830, sin contar a los otros cientos de miles de europeos que vivían en el país ocupado.
Aquello tuvo un costo, los pies negros fundaron grupos de extrema derecha, durante algunos años realizaron acciones terroristas en la propia Francia, más tarde fundaron un partido de carácter fascista: el Frente Nacional. Sin embargo, Francia entendió que mantenerse en Argelia era un suicidio, no sólo militar, sino también político y económico para el propio país, mientras la mayor parte de la izquierda francesa miraba para otro lado. En cambio en Chile, la causa mapuche tiene un apoyo bastante amplio, como lo demostraron las manifestaciones de octubre de 2019.
Resumen.
*Imagen Princiapal de Prensa Presidencia
