Estado entregó más de $20 mil millones a empresariado del vino, mientras autoridades desoyen demandas de viñateras/os ante crítica situación
En Trabajo
Utilidades y activos. Elaboración propia con información de las Memorias Anuales de las empresas mencionadas extraídas de cmfchile.cl[/caption]
Para dimensionar la magnitud de los más de veinte mil millones de pesos que el empresariado vínico ha recibido desde el 2012 al 2022, se puede considerar que el INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) recibió este 2023 el presupuesto de $350.867.821.000. Proporcionalmente, representa el 5,95% del presupuesto de esta repartición pública que tiene por objetivo "promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y campesinos...", según mandata la ley que le regula.
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Vendimia, 2023. San Nicolás.[/caption]
Lo que se pierde
La ausencia de un programa que convierta a la vitivinicultura como una actividad que distribuya sus beneficios económicos y productivos entre comunidades campesinas y la población que podría acceder a productos vitícolas diversos y de calidad, podría ser corregida con un plan financiado con los recursos que hasta ahora han ido a parar a beneficio de un exiguo número de accionistas.
El potencial vitivinícola del país pareciera estar secuestrado por los intereses de entidades que hacen del vino un producto estandarizado y con una calidad ya puesta en discusión por la propia Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) que, ante la modificación del Decreto N.° 78, a través de la cual "…la adición de agua se convierte en una práctica autorizada", declaró que es una "práctica no autorizada por la OIV" y agregando que "con el objetivo de resolver estas discrepancias en las diferentes legislaciones nacionales sobre la utilización del agua, que pueden ocasionar problemas comerciales, la OIV ha abordado este asunto en aras de la armonización". En este sentido, la condición de cuarto exportador mundial de vino coloca a Chile bajo un escrutinio constante, sin embargo parece un motivo insuficiente para regular las prácticas de la industria del área.
El concepto de Denominación de Origen (DO), así como alude a lugares y sus particularidades geógraficas, remite al acervo cultural subyacente a la actividad productiva de sus habitantes. Hasta ahora, los gobiernos postdictatoriales y la clase política han optado por integrar aspectos de esta construcción de una forma parcializada, caricaturizada, desvinculada de su entramado económico y soslayando situaciones problemáticas que podrían estar determinando la subsistencia de tales comunidades, dejando una representación insultante para ellas y quienes la presencian. Junto con ello, integran a escasas personas, precisamente las necesarias para montar para divulgarlas, sin que ello impacte en la vida comunitaria.
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Vendimia, 2023. San Nicolás.[/caption]
Un plan de desarrollo productivo local, en el ámbito alimentario y vitivinícola, implica integrar la economía, los circuitos de subsistencia y la cultura propia de un territorio, abriendo espacios de diálogo democráticos y resolutivos, poniendo a disposición los instrumentos y recursos del Estado para la vida de los pueblos. Hasta ahora, las comunidades viñateras han planteado la necesidad que se implementen múltiples medidas orientadas a regular el uso del suelo, asegurando condiciones básicas de vida para la población, además concretar la medida que desde hace dos años demandan: la creación de una empresa estatal que compre su uva a precios que reflejen valor del vino en el mercado exportador y, junto con ello, pueda vinificar y comercializar tal producción, lo cual han denominado Cotrisa del Vino.
La materialización de esta demanda permitiría corregir una de las situaciones que determina el presente de la vitinicultura nacional: que el precio de compra de la uva a productor no cubre ni la mitad del costo de su producción, generando una debacle que anualmente se agrava más, induciendo a una cantidad creciente de campesinos a arrancar sus vides para utilizar el terreno en otra actividad o venderlo, abandonando el campo, profundizando el despoblamiento de las zonas rurales y dejándolas disponibles para cualquier negocio extractivo y degradante de tales territorios. «En la década de los 80 éramos unos 34 mil viñateros, luego el 2007 solo quedamos unos 17 mil productores y los resultados preliminares del censo 2021 son aterradores», afirmaron en una carta abierta destinada al presidente Gabriel Boric donde demandaron el establecimiento de esta Cotrisa del Vino, sin tener respuesta.