Desde mayo de 2010 la economía española, debido a su importante problema de endeudamiento, está sometida a fuertes presiones externas, formadas por los mercados, el FMI y la UE. Un endeudamiento privado, pues el endeudamiento público del Estado español está todavía hoy, entre los más bajos de los 17 países de la eurozona.

A partir de entonces la economía española está tutelada principalmente por la UE, que se ha convertido en el eje central y dominante en la gestión de la economía española. Desde entonces, la UE exige la implantación de una serie de duras medidas de austeridad y ajuste que, aunque han empeorado seriamente las condiciones de trabajo y de vida de la mayoría de la población, no han resuelto ninguno de los problemas de la economía del país, sino que ésta se ha deteriorado: el paro crece por encima de los 5,6 millones de desempleados, la atonía de la actividad económica se intensifica y la deuda pública aumenta.

Hace muy poco -los acontecimientos se suceden a tal velocidad que dos meses parecen un largo periodo-, el caso Bankia hizo imposible disimular por más tiempo el deterioro de la situación de los bancos y cajas españoles. Junto a la desastrosa gestión de su crisis, han llevado a destruir toda confianza, si existía alguna, en la capacidad del Gobierno español para gestionar la crisis y de la economía española para enfrentarla. El Gobierno se vio presionado por la UE para que plantease un rescate financiero que fue presentado a la opinión pública de la forma del engaño más burdo que se pueda imaginar, pretendiendo hacer creer que dicho rescate no iba a tener consecuencias negativas para la población. Además, tras la cumbre europea del 28 y 29 de junio se presentó como un gran triunfo que el rescate concedido para los bancos se llevará a cabo por un fondo europeo (MEDE) que irá directamente a los bancos y  estos serán los responsables del mismo, por lo que no supondrá un aumento de la deuda del Estado.

La UE, tras conceder la línea de rescate hasta 100.000 millones de euros para auxiliar a las finanzas privadas de este país, alarga en un año el plazo para cumplir con las cifras de reducción del déficit. Pero precisa que de momento el rescate se cargará a la deuda del país, hasta que se cree en la Unión un supercontrol financiero, no antes de fines de 2013, y que la ejecución del rescate está sometida al estricto cumplimiento de las recomendaciones que la Unión ya había hecho al Gobierno español. Además, el 10 de julio presenta el Memorando que exige al Gobierno para proceder a la entrega de una parte del rescate con 32 condiciones bien detalladas para el ámbito financiero y algunas más de tipo fiscal. Y queda claro que a partir de ahora la troika controlará muy estrechamente la actuación del sector público y las finanzas de este país.

El deterioro de la situación, la prima de riesgo que no para de aumentar, y la imposibilidad de ocultar la situación, han obligado a Rajoy a presentar en el Parlamento, el 11de julio, las medidas que se ve obligado a tomar para cumplir las condiciones impuestas por la troika formada por los mercados, el FMI y la UE, y que esta última lidera. Hasta el punto de que es lícito preguntarse cuánta autonomía le queda al Gobierno español (ahora PP) para gestionar los asuntos del país.

Todos estos acontecimientos, y especialmente los que están teniendo lugar desde que salió a la luz la crisis de Bankia, están generando una sucesión de medidas y noticias que han motivado en la población una situación de desconcierto, preocupación y temor muy acusados. No me dedicaré aquí a reseñar cuáles son estas medidas, pues los medios de comunicación las han transmitido ampliamente. Me limitaré sólo a algunos comentarios sobre todo este proceso:

Muchas y muy variadas medidas que llegan a un recorte de 65.000 millones en dos años: desde la disminución del número de funcionarios, de sus salarios y de una de sus pagas extras, pasando por la reducción del número de concejales, la subida del IVA y de los impuestos medioambientales, la rebaja del subsidio de desempleo… Sin embargo, todas ellas, sin excepción, siguen fielmente el modelo neoliberal de gestión de la economía: liberalización, desregulación, privatización, impuestos a pagar por la mayoría de la población indiscriminadamente, reducción de salarios y deterioro de las condiciones de trabajo. No nos engañemos. Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Que la profusión de medidas no nos impida ver la línea fundamental de su orientación. Todas ellas van dirigidas esencialmente a mejorar el mundo de los negocios y a apretar, a asfixiar a la población en sus condiciones de vida: más despidos, menos salarios, más y más privatizaciones, menos derechos sociales, unos impuestos indirectos totalmente injustos mientras no se tocan de ninguna manera los ingresos de los más ricos, a quienes se acaba de conceder una escandalosa amnistía fiscal casi total. Y un aspecto particularmente preocupante: la disminución de las cotizaciones sociales que sólo favorece a los empresarios y que conducirá directamente a que pronto nos digan que los derechos sociales son insostenibles porque no hay dinero, probablemente preparando un nuevo golpe, esta vez a los pensionistas… Estas orientaciones señalan claramente cuál es la línea de las políticas de la UE: todas ellas constituyen la estricta continuidad con la esencia del neoliberalismo, que están imponiendo en todos los países miembros, estrechando todavía más las opciones posibles para  estos y convirtiéndose, de paso, en la vanguardia del neoliberalismo mundial.

Pero no hay que considerar que, dentro del estrecho marco de sometimiento al control de la UE, el Gobierno no tiene ningún margen. Bruselas manda, es verdad, pero dentro de sus exigencias hay alguna, aunque pequeña, opción diferente: la reducción del gasto podría hacerse disminuyendo el de Defensa, o la ayuda a la Iglesia católica, eliminando muchas sedes diplomáticas o de otras maneras, mientras que el aumento de los ingresos podría consistir en una verdadera reforma fiscal que gravara a quienes realmente concentran el dinero de este país. Las exigencias de la troika transcurren por la misma estrategia de los planteamientos de los gobiernos sucesivos de este país, que acogen aquellas con docilidad (¿o simpatía?) y a quienes les viene muy bien insistir en los requerimientos externos para llevar a cabo muchas medidas que integran sus propios planes.

Lo peor de todo esto es que estas medidas no sirven para resolver los problemas del país. Es dudoso que se pueda reducir el déficit en los plazos señalados; de hecho, la propia Unión se ve obligada a ampliar los plazos originales ante la percepción de que no es posible cumplirlos, mostrando así, además, que las exigencias de plazos sobre el déficit son totalmente arbitrarias y no existe razón económica alguna que obligue a eliminarlos en plazos tan cortos. Y la deuda es impagable. La banca europea y los inversores institucionales que son nuestros principales acreedores y probablemente instigadores de las medidas exigidas, habrán de aceptar esta realidad en algún momento. Es decir, los dos objetivos supuestamente claves para exigir las medidas no se pueden cumplir. Pero, además, estas medidas empeoran la situación económica del país al hacer más difícil todavía el crecimiento (el programa futuro de 120.000 millones de euros para estimular el crecimiento de toda la Unión mientras se mantienen los duros programas de ajuste es patético y sería cómico si las situaciones no fueran tan graves). Entre todas las políticas dictadas no hay una sola medida que impulse el crecimiento y la mejora de la situación productiva ni comercial del país. Al contrario, caerá todavía más la demanda, disminuye la inversión y la investigación, se desmotiva totalmente la mano de obra, excepto por el miedo al paro. Se concentra todo el estimulo al aumento de competitividad en el deterioro de los salarios y la situación laboral bajo el eufemismo de la devaluación interna. Las medidas que se imponen son contradictorias, llevan al colapso de la economía y conducen a una situación irresoluble. La opción de pagar por la deuda privada lleva al caos al país, ¿por qué la ciudadanía ha de ser responsable de la deuda privada? ¿A dónde vamos con estos planteamientos?

Un pequeño comentario marginal: escuchando la sesión parlamentaria de presentación de las medidas que se propondrán para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo viernes, me ha impresionado una vez más (no es nada nuevo, pero en una situación tan tensa y difícil como la actual es más grave) el lenguaje que se utiliza en los foros políticos, lleno de sobreentendidos y eufemismos, y abundando en una retórica que muchísima gente no entiende y si se entiende es absolutamente gratuita y falsa. El intentar embellecer la naturaleza de las medidas que se están tomando, el pretender justificarlas cuando se saben injustificables, la floritura de las referencias… “Se rebajará el subsidio de paro para no desincentivar la búsqueda de empleo”, en un país con más de cinco millones de parados que buscan desesperadamente un trabajo, o “despediremos funcionarios para hacer más eficiente el sector público”, despidiendo médicos, maestros, bomberos, y así continuamente. ¿Hasta dónde el eufemismo no se convierte en insulto? No es extraño el alejamiento de la población de la escena política. Incluso para los profesionales obligados a su escucha, el ambiente y el lenguaje se hacen difíciles de soportar. ¿No se podría lograr un ambiente de cierta sinceridad en el hemiciclo? Es verdad que es un detalle menor, pero es todo un símbolo de la vida política de un país.

Es obligado concluir que en esta estrategia existen otros objetivos más profundos, además de los señalados. Y estos no pueden ser más que utilizar la crisis y la deuda como una valiosa excusa para lograr destruir la mayor parte de los derechos laborales, sociales e incluso políticos, que las sociedades europeas han logrado con grandes sacrificios y luchas desde el final de la II Guerra Mundial. No pueden entenderse estas estrategias bajo otro prisma, pues aunque para nada importe el bienestar de la mayoría de la población, están suponiendo la destrucción de la capacidad productiva de los países y una enorme concentración de la actividad económica en ciertas zonas y bajo la propiedad de muy pocos capitales. No se podría entender el entusiasmo de la patronal y los grandes empresarios por estas medidas de otra manera. Una estrategia que conduce al desorbitado freno a la actividad económica y a la consecuente caída brutal de la demanda interna, que está llevando al cierre de miles de pequeñas y algunas medias empresas, al vaciado paulatino de la capacidad de producción de este país, que camina al endurecimiento de esta situación, no puede ser vista más que en el contexto de una permanente lucha de clases, en este caso de ámbito continental; la cual, según Warren Buffet (uno de los mayores millonarios estadounidenses), están ganando los propietarios del capital.

Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/310/neoliberalismo-a-ritmo-acelerado/