Los recientes casos de corrupción destapados por medios de comunicación y que afectan a partidos del Gobierno vuelven a evidenciar que el neoliberalismo no puede considerarse sólo un modelo económico.
A 50 años del inicio de su imposición, ha generado un modo de relación entre personas e instituciones que está haciendo crisis de manera brutal, una cultura en que lo público es recurso y espacio disponible para el usufructo de quien tenga el poder de hacerlo y, la más mínima garantía social, el rubro de un pingüe negocio para quien tenga al Estado, un municipio o gobernación a su disposición.
Así, no sólo el desmantelamiento del Estado y todo lo público ha permitido la externalización y tercerización de servicios, sino que este mismo “Estado Neoliberal”, incapaz de responder a requerimientos básicos de la población, se ha convertido en instrumento para escalar socialmente por parte de clases medias, hasta hace muy poco, dedicadas al cultivo de sus profesiones en sus propias carreras o en el servicio público. En efecto, una creciente cantidad de personas con algún nivel de profesionalización utilizan la nueva estructura subsidiaria para hacer negocios, "sin ánimo de lucro", pero negocios finalmente y desde ahí influir en distintos mundos, como el político y el judicial, reproduciendo la precariedad laboral y la ineficacia en la resolución de problemas.
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De esta manera es que cientos de fundaciones, corporaciones e instituciones creadas al estilo ONG han colonizado las funciones que debiera realizar el Estado a través de sus redes e instituciones.
En ello, el desmantelamiento dictatorial del Estado explica parte del fenómeno y lo complementa la decisión de los sucesivos gobiernos de mantener esta modalidad, pues encontraron en ésta una oportunidad de beneficiarse. Cada quien lo ha hecho con matices, a su estilo, pero finalmente han ganado bien. Lo que ocurre ahora con las entidades relacionadas con el Frente Amplio, no es otra cosa que un fenómeno previsible ante la carencia de un plan destinado a revertir el Estado subsidiario o, por lo menos, impugnarlo. Como el resto, mantuvieron un silencio "vivo".
La situación es caótica desde hace décadas, miles de millones de pesos se desvanecen en contratos innecesarios, en trabajos que podría asumir una planta de trabajadoras/es públicos debidamente dotada y capacitada, con carrera funcionaria y la posibilidad de ejercer con una experiencia nutrida.
¿Qué tiene que pasar para terminar con este despilfarro? Una primera cuestión es que el Estado debe cambiar absolutamente respecto a su sentido y definición, el Estado en Chile se debe volver a robustecer, incluidas sus funciones fiscalizadoras, de lo contrario seguiremos entregados a los mezquinos intereses de un oligarquía criminal y una clase política servil a dichos intereses.
