Por Iván Ojeda Pereira y Camila Joustra Bartholomaus*
Escribo esta columna producto de la necesidad humana de visibilizar internacionalmente la realidad chilena post estallido social del 18 de Octubre. Esta realidad se caracteriza por dos elementos, el primero es la crisis del modelo neoliberal imperante desde la dictadura, mediante el surgimiento de una sociedad civil que plantea demandas sociales, políticas y económicas (El Economista América, 2019) . Y el segundo elemento, es la respuesta autoritaria del Gobierno de Sebastián Piñera, que basado en sus intereses personales y en una lógica militarizada de comprender el orden público, no duda en sacar a los Militares a la calle. Este escrito realiza una lectura histórica a la represión y violencia estatal como forma de respuesta a la protesta social en Chile, tensionando el discurso de la “ocasionalidad” de las Violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el país. Por otro lado, también problematiza las prioridades del Gobierno de Chile, que ante el arribo de una pandemia sanitaria preifrio seguir reprimiendo a su población que prepararse adecuadamente.
El estallido social del 18 de Octubre, no es el primer momento de tensión al Neoliberalismo Ortodoxo Post dictadura (Bravo, 2012). El Sociólogo Alberto Mayol (2012), publica su Libro “El Derrumbe del Modelo”, donde en base a los datos de la época y el surgimiento de nuevos movimientos sociales, vaticina la caída del neoliberalismo por su evidente incapacidad de proponer una nueva matriz sociopolítica (Garretón, 1992). La revolución Pinguina del 2006, el movimiento estudiantil del 2011 y el constante conflicto del estado chileno con el pueblo mapuche, se habían transformado en fracturas irreconciliables del modelo (Gaudichaud, 2015)
El neoliberalismo, surgido en dictadura militar e institucionalizado en la constitución política de la república, posee ciertas especificidades sociales, económicas y políticas que deben considerarse para comprender la rabia de la población. A nivel social, se potencia la competencia y se genera una desigualdad estructural (PNUD, 2017), donde unos pocos poseen una gran cantidad de privilegios y el resto pareciera ser ciudadanos de segunda categoría. El modelo de sociedad creado, que supuestamente entregaba las posibilidad de ascensión social por la vía del mérito demostró ser una total mentira, por más que al gente se esforzara no lograba una movilidad social ascendente estable. Se generaron muchos grupos que salían de la línea de la pobreza objetiva por un año y entraban a “sectores medios”, sin acceso a derechos e inmensamente precarizados (Barozet y Fierro, 2014), que al año siguiente volvían a caer en la pobreza (Espinoza y Barozet, 2008) . A nivel económico, esta desigualdad estructural es reflejada en la concentración de los recursos económicos en las clases altas, mientras que las clases más bajas comparten pedazos. Los números hablan por sí solos, 50% de las viviendas comparten un 2,5% de la riqueza neta, el 1% más rico de la población concentra el 26,5% del PIB nacional (CEPAL, 2019) y el 0,01% de la población posee el 11% de los recursos económicos (Credit Suisse, 2019).
A nivel político el escenario es inmensamente más complejo, porque durante el neoliberalismo ha ocurrido un distanciamiento abismal entre política y sociedad (Ruiz, 2015; Ruiz, 2019) que se materializa en “la desafección a la política” (Mardones, 2014). La gente no se identifica ni con partidos políticos, ni con ideología, es más, cuando aparece la sección de política en la televisión cambia el canal, este es el nivel de distanciamiento en Chile (Bargsted, 2017). Entonces ¿Cuáles son las bases de la desafección a la política?, primero que los enclaves autoritarios de la dictadura militar que perduraron generan una sensación de falsa promesa, el tránsito a la democracia nunca llegó y vivimos en una democracia incompleta cargada de enclaves autoritarios (Garretón y Garretón, 2014). No se cambió la constitución de la dictadura (Atria, 2013), el dictador se sentó en el parlamento como senador vitalicio (Pérez y Gerdtzen, 2000), y las fuerzas armadas y de orden, reestructuradas en dictadura, jamás fueron intervenidas. Segundo, la mercantilización de derechos sociales (Ruiz y Boccardo, 2014), debido a que la constitución establecía un estado subsidiario que no garantiza derechos sociales, se construyó un modelo de estado que enriqueció a las empresas privadas por prestar servicios sociales (Ffrench-Davis, 2001). Y tercero, el sistema político se deslegitima totalmente por los constantes escándalos de corrupción (Orellana, 2004), quienes ejercen la política viven en otro mundo que se distancia cada vez más del mundo de la gente común.
En este contexto, es que los diferentes gobiernos de la post dictadura han tenido que afrontar periodos de tensión sociopolítica. Lo complejo de la situación, es que estos gobiernos han recurrido a la represión como principal arma de control y cohesión social, es decir, la mismas técnica de la dictadura. La represión en Chile como proceso sociopolítico implica una lógica de gestión de conflictos que no busca su solución sino que por el contrario, busca acallar a uno de los sectores y mantener el lucrativo status quo.
En este sentido, es que la represión estatal no es una coincidencia en el neoliberalismo. Refiere a una lógica histórica heredad desde la dictadura militar que no fué desmantelada por los gobierno de la concertación. El Golpe de estado en Chile como parte de la Operación Condór de Estados Unidos, sucumbió al país en una sangrienta dictadura militar (Torres, 2018), donde las Fuerzas de Armada y de Orden asesinan, violan, mutilan y torturan con total impunidad (Biblioteca Nacional de Chile, s,f.). Durante la dictadura de Pinochet ocurrieron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra ciudadanos y ciudadanas con opinión política (Berardi, 2017). Mientras que al mismo tiempo, se estructuraban Fuerzas Armadas y de Orden omnipotentes acostumbradas a actuar sin un marco normativo y totalmente alejados de las convenciones internacionales. Carabineros de Chile, se transformó en una fuerza policial militarizada, cargada de una pretensión purificadora y castigadora de la sociedad, cuya finalidad era castigar física y psicológicamente como forma de escarmiento.
El 18 de Octubre de 2020, se colmó el vaso de los chilenos y chilenas siendo la última gota la nueva alza al precio del transporte público de Santiago,, el modelo había fracasado y el estallido social había comenzado y con él una ola de protestas, logrando reunir hasta más 1.000.00 de personas el 25 de octubre en la renombrada “Plaza de la Dignidad” (bbc, 2019), el Gobierno de Sebastián Piñera, respondió como siempre se ha respondido, con Represión. El ejército vuelve a salira a las calles de Chile y Carabineros de Chile comienza una represión sociopática que ha significado graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Que se encuentra documentadas en los informes de Amnistía Internacional (2019), Human Rights Watch (2019), Comisión de derechos humanos de las naciones unidas y Corte InterAmericana de Derechos Humanos (2019). En el Chile del 2020 , agentes del estado han torturado, violado, mutilado y asesinado, mientras el gobierno los continúa respaldando institucionalmente. El Instituto Nacional de Derechos Humanos al 18 de Febrero de 2020 ha documentado 3765 personas heridas, 445 mutilaciones oculares, 2122 heridos por disparos, y 1835 vulneraciones denunciadas (violencia sexual, torturas y tratos crueles).
Según el gobierno, son solo “errores humanos”, según nosotros implica la cristalización de una lógica histórica de operar el estado, que ha permitido al sistema político mantener en el poder sin la necesidad de poseer una legitimidad democrática. Esta situación es tan problemática que durante la primera semana de Marzo del 2020, mientras el mundo estaba intentando afrontar el coronavirus, el Gobierno de Chile siguió reprimiendo y en siete días tres ciudadanos morían en manos de agentes del estado . Danilo Cardenas muere por un disparo de Carabineros en el abdomen (Aconcagua Digital, 2020), dos días después Cristian Valdebenito muere en Plaza de la Dignidad por un impacto de lacrimógena en la cabeza (El Mostrador, 2020) y el mismo día, Alexis Aguilera muere atropellado por un vehículo policial (Reddigital, 2020).
Mientras continúa el coronavirus y la represión policial, se comienza a problematizar una extraña situación en el funcionamiento de la “Justicia Chilena”. El Poder Judicial ha decretado 2500 prisiones preventivas para manifestantes (Interferencia, 2020), por crímenes perpetrados contra la propiedad. Mientras que de los sumarios en Carabineros de Chile por violaciones a los derechos humanos, sólo un 1% ha sido formalizado en la justicia y para aún menos se ha decretado prisión preventiva (Rosas, 2020). Es imposible que esta desproporcionalidad sea una coincidencia, el poder judicial chileno encuentra más peligroso a una persona que quema un basurero, que a una persona que tortura y asesina. Lo más problemático de la situación es que mientras la infección COVID- 19 pone al país en crisis sanitaria, los ciudadanos formalizados desproporcionadamente con prisión preventiva, siguen en centros de detención poniendo en riesgo su salud y su vida. A nivel nacional los centros penitenciarios chilenos no cuentan con las condiciones mínimas para afrontar la crisis sanitaria (Torres, 2020) , carecen de medidas higiénicas apropiadas, no poseen espacios para aislamiento producto de su sobrepoblación y no tienen la capacidad médica necesaria para atender pacientes con COVID- 19 positiva.
Comprendiendo el contexto actual del país, es necesario entregar una respuesta humanitaria a los detenidos que producto de sanciones desproporcionadas se encuentran en estos centros. En esta línea, el juez del séptimo juzgado garantía resolvió a favor de un grupo de detenidos, decretando arresto domiciliario como alternativa a la prisión preventiva. Sin embargo, como respuesta a esto, la Corte de Apelaciones decidió abrir un expediente para el juez, suspenderlo de sus funciones y dejó sin efecto la resolución dictada (La Tercera, 2020). Como medida de presión este 6 de Abril los imputados del estallido, detenidos en Santiago 1 inician huelga de hambre con la finalidad de que se revise su situación (La Tercera, 2020). Al mismo tiempo, en la cámara del senado se legisla un proyecto que busca establecer indulto a presos “poco peligrosos” (mayores de 75 años y otros) para que terminen de cumplir sus sentencias en sus hogares y evitar contagios. Dentro de estos reos “poco peligrosos” se encuentran los condenados por delitos de lesa humanidad de la dictadura cívico militar (La Tercera, 2020).
Nunca se olvidará que el gobierno de Sebastián Piñera ante una crisis social, continuó con el legado de la dictadura,y respondió con una estrategia autoritaria y represiva. Saco a los militares a la calle, torturó, violó e inclusive ad portas de una crisis sanitaria continuó asesinando. En nuestro país se ha velado para que quienes fueron responsables de aquellos crímenes contra los derechos humanos, en nombre de mantener el modelo neoliberal, queden en libertad, trabajando como policías y con sueldo del estado.
La enfermedad COVID-19 solo ha demostrado la indolencia de un sistema político, alejado de la sociedad, constituido en base a enclaves autoritarios y absolutamente negligente en su actuar por la salud pública de todas y todos los ciudadanos. No se puede permitir que en el año 2020 existan presos políticos en chile, no se puede permitir que un elemento material valga más que la integridad de las personas, no se puede permitir la injusticia. Quienes nos hemos permitido soñar un país mejor, hacemos un intento por mantener una memoria colectiva en tanto los crímenes ocurridos en Chile no pueden quedar impunes, los responsables deben ser juzgado política y penalmente.
*Estudiantes de sociología de la Universidad de Chile
