La acción represiva, apoyada por el gobierno de Gabriel Boric a través de su Delegación Presidencial Provincial de Arauco, podría dejar en la calle, en pleno invierno, al menos a tres mil familias. Estas, debido a la falta de terrenos disponibles para la construcción de viviendas sociales, principalmente por la utilización del suelo en plantaciones forestales de Forestal Arauco, han sido orilladas a la ocupación como respuesta a la falta de probidad en materia habitacional del Estado en Curanilahue.

Por JC Contreras Jara

En alerta se encuentran alrededor de tres mil familias, oficializadas hace 5 años como parte de un campamento, ante el inminente desalojo promovido judicialmente por Forestal Arauco y patrocinado por las autoridades provinciales de Gobierno, las que aseguraron que entre el 11 y el 14 del presente mes se concretaría la expulsión de los y las vecinas de Curanilahue, en la región del Biobío.

Sobre la grave situación que afecta a más de 50 campamentos, Lorena Garrido, parte de las organizaciones de tomas de Curanilahue comentó a Resumen que, «el desalojo sería ilegal, primero que todo, porque es el desalojo de un campamento que está catastrado por SERVIU como asentamiento precario. Por lo tanto, de acuerdo a la ley de usurpaciones, no se deberían tocar los campamentos que estén en el registro».

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La pobladora agregó que, «la Suprema todavía no ha dado la última palabra, porque pidió que el municipio tenía que dar las condiciones para que se llevara a cabo este desalojo poniendo un albergue y la autoridad comunal ha dicho de todas las formas posibles que no hay albergue en la comuna y no hay posibilidades de implementar tampoco».

Debido a la inminente ejecución del desalojo de más de tres mil familias de Curanilahue, una comitiva de pobladores y pobladoras llegó hasta La Moneda, donde intentaron plantear sus necesidades habitacionales y la sobre explotación forestal de su territorio que la agudiza.

Sobre algún acercamiento desde el gobierno de Boric Garrido expresa que, «el gobierno no ha prestado apoyo en este sentido, tampoco ha hecho valer los derechos de las personas. Es un campamento que está catastrado por SERVIU y el gobierno también ha hecho caso omiso a esto. Desde la Delegación Provincial hacia arriba, nadie se ha hecho cargo, ni siquiera el SERVIU, que es la entidad que debería hacerse responsable en este caso.

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«Están todos coludidos, están todos vendidos», hace hincapié la pobladora del campamento Laguna El Manzano. Explicó que, «hay un negocio que la constructora que tiene la empresa Arauco, para ellos el negocio es el desalojo, para poder hacer sus viviendas sociales, que son de una empresa privada, pero donde también el Gobierno está involucrado ahí en la compra de esos proyectos».

Según los posibles pronósticos, el desalojo podría efectuarse esta semana, por lo que desde la Unión de Campamentos y Tomas de Curanilahue llamaron a la opinión pública a estar atenta de lo que podría ser uno de los desplazamientos de familias sin casa más grande del último tiempo en el Biobío.

En esta línea, también hicieron un llamado al gobierno, para que, «se haga cargo, se haga responsable, a ellos les compete como autoridades, sobre todo al Serviu y a presidente, porque ellos conocen la situación de Curanilahue, porque Curanilahue no tiene terrenos para proyectos habitacionales, porque está todo invadido por forestales y el Gobierno tiene que hacerse parte de esta problemática que hay en la comuna, porque no hay posibilidad de obtener ningún subsidio. Apuntamos a negociar con la empresa la venta de estos terrenos, queremos llegar a un acuerdo, pero no hay voluntad de la empresa ni voluntad del Gobierno a exigir a la empresa que dialogue con las comunidades, pero no hay voluntad política».