No podemos negar que el presidente Piñera ha cumplido, al pie de la letra, su promesa de tiempos mejores, pero ¿mejores para quiénes? Entre el estatuto laboral juvenil, la propuesta de salario mínimo que no supera la línea de la pobreza, el estatuto agrícola – por mencionar algunos – los empresarios deben estar saltando en un pie. Estos tiempos no pueden ser mejores…para los patrones.

Si bien el denominado Estatuto Agrícola ya había sido ingresado al Congreso en el año 2011, durante el primer gobierno de la derecha, este pasó al olvido en una jugada de último minuto del gobierno de Michelle Bachelet quien el 10 de marzo de 2018 ingresa al Congreso su propia propuesta, la que se conversó en una mesa de trabajo entre distintas organizaciones del agro, con la promesa de construir en conjunto un proyecto de ley. Sin embargo, no existió consenso y contó con una férrea oposición de parte de sectores del empresariado, especialmente, desde la Sociedad Nacional Agrícola (SNA) quienes se negaron rotundamente a conceder algo de cancha a los derechos de los trabajadores, oponiéndose a demandas históricas, como la indemnización por período trabajado. Finalmente, los esfuerzos fueron en vano, el gobierno de Bachelet en un saludo a la bandera, terminó ingresando un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, para regular el sector agrícola, un día antes de terminar su mandato. Pase de gol para Piñera, quien en tiempo agregado, el 13 de marzo de 2018 revive la propuesta presentada el 2011, poniéndole urgencia simple.

Lamentablemente, las y los trabajadores nuevamente quedan fuera del mundial, pues ninguno de los equipos aboga realmente por mejores condiciones laborales. Pero con la urgencia del proyecto presentado en 2011 el partido está por definirse, lo que exige analizar las reformas propuestas por el equipo aventajado.

El proyecto viene a modificar las normas que regulas las relaciones laborales de las y los trabajadores “que desempeñen servicios de carácter transitorio o estacional en las distintas faenas que se desarrollan en el proceso de producción silvoagropecuario y comerciales o industriales derivadas de la agricultura” con la finalidad de “modernizar las normas del Código del Trabajo y actualizarlas a la realidad de la actividad agrícola (…)”

Siguiendo la línea de “modernización” o más bien precarización, del estatuto laboral juvenil, este proyecto también permite la división diaria de la jornada de trabajo, con la diferencia que, en este caso, dicha división no se esconde detrás de una supuesta negociación sino que se trata, abiertamente, de una prerrogativa del empleador ¿Qué beneficio reporta esto para las y los trabajadores agrícolas? Absolutamente ninguno, muy por el contrario, implica un agravio para los mismos.

Debemos recordar que el trabajo silvoagropecuario se concentra en zonas rurales y, como el propio mensaje del proyecto reconoce “en el sector agrícola se ha venido dando un fenómeno cada vez más masivo, consistente en la migración de la fuerza laboral desde las localidades rurales hacia la ciudad”. En la práctica esto se traduce, en que las y los trabajadores que desempeñen estas funciones deben recorrer extensas distancias para llegar a sus lugares de trabajo. Así, la interrupción la jornada no solo “contamina los tiempos libres con los tiempos de trabajo”1 sino que además, al tener que ir y volver varias veces en el día, importa un desgaste físico y un coste económico o, implica derechamente, permanecer todo el día en la faena para cumplir así con las diversas jornadas diarias. En cualquier caso, son las y los trabajadores quienes pagan los costos.

Como si esto no fuera suficiente, el proyecto permite alterar la duración de la jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales, incorporar más horas extras y flexibilizar los descansos en domingos y festivos, todo encubierto bajo la figura de “pactos colectivos”.

La remuneración anual de un temporero depende principal, sino exclusivamente, de lo que perciba en los meses de cosecha, trabaja durante periodos breves, con nula estabilidad laboral y escasas posibilidades de organización ¿Desde qué posición se van a sentar a negociar con el empleador su jornada laboral, días de descanso y horas extras? ¿Cuál es su posibilidad real de incidir en el resultado de los “pactos colectivos”? No hay que ser adivino para predecir lo que depara el destino de estos trabajadores y trabajadoras si se aprueba el estatuto. Jornadas de trabajo esclavizantes, desgaste físico y mental, aún menos tiempo para la vida privada o familiar. A esto nos referimos cuando hablamos de mayor precarización.

Lo paradójico es que, actualmente, la agricultura es uno de los pilares de nuestra economía y las y los temporeros son esenciales en esta actividad ya que proveen de “mano de obra” en los periodos de mayor producción y en aquellas en que se obtienen las mayores ganancias. Sin embargo, sus condiciones laborales son extremadamente precarias: pertenecen a uno de los sectores con peores ingresos, no tienen estabilidad laboral, deben trabajar expuestos a veneno (plaguicidas) que afecta su salud irreparablemente, enfrentan condiciones climáticas extremas, deben ejecutar funciones que demandan mucha exigencia física y, como si fuera poco, el gobierno actual quiere profundizar dicha precarización con un estatuto que sólo busca eximir a las patronales de los deberes mínimos para con sus trabajadores y trabajadoras, flexibilizando las relaciones laborales, por la vía de ir eliminando derechos históricos de la clase trabajadora, como la jornada máxima de trabajo y el derecho a descanso.

El caso de las mujeres es todavía más desalentador, pues en la práctica no acceden beneficios de maternidad, siendo un trabajo altamente riesgoso para embarazadas. Las distancias hacen imposible el traslado de los menores a la sala cuna y no se considera que la temporada alta coincide con las vacaciones escolares, lo que dificulta conciliar la vida familiar y laboral. Considerando que el 39% de los hogares tiene una mujer como jefa de hogar2, la necesidad de ingresos las vuelve propensas a aceptar condiciones laborales en extremo precarias, vulnerándose no sólo los derechos de estas trabajadoras, sino también de las y los menores que dependen de sus cuidados.

En definitiva, el estatuto viene a profundizar la precarización laboral de las y los trabajadores agrícolas de temporada, manteniendo los bajos ingresos, la inestabilidad, la desprotección de los derechos laborales individuales y sobre todo colectivos. Y aunque usted no lo crea, esto no es lo peor. Con la aprobación de esta regulación se perdería una lucha histórica que las y los trabajadores del sector (mediante organizaciones como ANAMURI) llevan dando durante más de 20 años, por mejores condiciones laborales y mayor protección de parte del Estado.

Y es que la precarización laboral está de moda. Frente a eso tenemos dos caminos: que cada sector intente levantar una regulación particular que abogue por sus derechos -lo que claramente no está dando resultados- o, que juntos levantemos la demanda por una negociación colectiva ramal. Porque ni el estatuto laboral joven, ni el estatuto agrícola, ni la discusión de salario mínimo serían realmente relevantes si las y los trabajadores de las distintas ramas de producción se unieran en la reivindicación de mejores condiciones laborales. Pero mientras eso no suceda, no queda más que solidarizar con los más precarizados, oponernos al estatuto y entender que esta nueva arremetida neoliberal implica un retroceso para el mundo del trabajo en su conjunto.

*Defensoría Popular del Trabajo - Convergencia 2 de Abril - Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas.

Notas:

Foto: http://suburbia-today.blogspot.com/