En una votación dividida –nueve votos contra siete– el Tribunal Supremo de España declaró ilegales las listas de candidatos presentadas por la coalición electoral Bildu, integrada por las formaciones soberanistas vascas Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba, ambas legales, y por candidatos independientes de la izquierda  abertzale. Los magistrados del Poder Judicial español valoraron las acusaciones del gobierno de ese país europeo, según las cuales los candidatos independientes de Bildu son, en realidad, cuadros vinculados con la formación política independentista Batasuna, declarada ilegal desde 2003 por sus presuntos nexos con ETA.

Al igual que como ocurrió hace tres semanas, con la decisión judicial de ilegalizar el partido  abertzale Sortu, en la resolución de ayer salió a relucir una argumentación falaz por parte de los magistrados, así como una aplicación facciosa y personalista de las leyes: no otra cosa es el alegato de que las listas de candidatos de Bildu se encuentran contaminadas  por antiguos integrantes de Batasuna. Es claro que esas consideraciones no son propias de un razonamiento apegado al estricto rigor jurídico –ni siquiera en el marco de la impugnada y retrógada Ley de Partidos española–, sino a criterios políticos, y que las autoridades españolas han pasado de la persecución policial de ETA a la ilegalización de prácticamente cualquier expresión de independentismo en el País Vasco.

La paternidad de esta cacería de brujas recae lo mismo en el Partido Popular que en el Socialista Obrero Español, por más que a este último corresponda ahora ejecutarla, en su calidad de fuerza política gobernante. Para los  populares, el episodio comentado representa un nuevo logro en sus intentos por intoxicar a la opinión pública ibérica y convencerla de que cualquier concesión al independentismo vasco equivale a una muestra de debilidad y claudicación ante el terrorismo. Por lo que hace a los socialistas, la embestida contra Bildu pone en relieve su afán de demostrar que pueden ser tan implacables e irreflexivos como sus contrapartes, aunque ello implique vulnerar los derechos políticos de cientos o miles de ciudadanos vascos, y colocar la vida democrática en Euskadi en una circunstancia de excepción a todas luces injusta.

Con todo, la unidad de los dos bloques principales de la clase política española no alcanza para legitimar la política de persecución y criminalización aplicada desde Madrid al independentismo vasco. Un indicador claro al respecto es la división dentro del Tribunal Supremo español en las votaciones que ilegalizaron a Sortu y a Bildu, pero también el rechazo que esas resoluciones han suscitado en estamentos partidistas moderados, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV): si en otra circunstancia ese grupo político habría podido capitalizar electoralmente la proscripción de la izquierda  abertzale, ahora su dirigencia califica de imprescindible  la presencia de Bildu en las elecciones locales del próximo 22 de mayo, acaso considerando que, sin la representación en las urnas de un sector importante del electorado vasco, el propio PNV podría ver reducido su margen de maniobra y su legitimidad.

Finalmente, no debe pasarse por alto el riesgo de que todo esto pueda convertirse en un lastre adicional para lograr una salida al conflicto político que se vive en esa región del noreste español, en la medida en que exacerbe los ánimos independentistas y alimente el escepticismo hacia la efectividad política de la vía institucional. Cabe esperar que las autoridades de Madrid cobren conciencia que la continuidad de un marco legal excluyente y ominoso, como el que ha hecho posible la ilegalización de fomaciones independentistas vascas legítimas, pacíficas e institucionales, no es la solución a las problemáticas regionales en el territorio español, sino parte del problema.