El 4to Examen Periódico Universal (EPU) de China ha sido un escenario crucial para la revisión por pares del cumplimiento de las obligaciones internacionales de China en materia de derechos humanos. Esta revisión es especialmente significativa debido al papel prominente de China en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su creciente influencia global. Además, este ciclo del EPU coincide con el décimo aniversario de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), una iniciativa a la que han adherido  150 países y que representa la política más ambiciosa de China en términos de financiamiento y construcción de infraestructura, fortaleciendo así la internacionalización de sus bancos y empresas. En paralelo, China se ha consolidado como el país líder en las cadenas de suministro de la transición energética global.

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil (OSC) contribuyeron con informes detallados en varios campos del 4to EPU de China, incluyendo al Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) que desde Latinoamérica promovió los derechos de las comunidades afectadas por las inversiones y actividades empresariales chinas en el extranjero, destacando la necesidad de abordar estos desafíos en el ámbito multilateral.

En la sesión del EPU de China desarrollada en enero de 2024, 161 Estados elevaron 428 recomendaciones al Estado chino para mejorar su desempeño en derechos humanos. El 31 de mayo del presente año, China dio a conocer sus compromisos voluntarios en este EPU, aceptando diez de las once recomendaciones que recibió sobre sus actividades empresariales en el extranjero, el medio ambiente y los derechos humanos.

China aceptó las recomendaciones de Costa Rica y Portugal sobre la necesidad de incorporar el derecho humano a un ambiente limpio, saludable y sostenible en su propia legislación. Esta recomendación es importante debido al historial de ausencia o debilidad de las evaluaciones de impacto ambiental de las compañías chinas en las  inversiones en América Latina. El informe del CICDHA de noviembre de 2023 encontró que 10 de los 28 proyectos de empresas chinas analizados en la región carecían de evaluaciones ambientales completas y acuciosas; entre ellos, los proyectos mineros San Carlos Panantza (Ecuador) y Buriticá (Colombia) y las hidroeléctricas Sao Manuel (Brasil) y Rucalhue (Chile). "Esperamos que aceptar esta recomendación por parte de China sea un paso significativo para contar con evaluaciones ambientales más rigurosas, que incluyan la participación efectiva de las comunidades afectadas", mencionó Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile.

Chile y España recomendaron a China que garantice un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos, una medida fundamental debido al historial de las empresas chinas de ausencia de debida diligencia en materia ambiental y de derechos humanos en Latinoamérica, región que cuenta con el Acuerdo de Escazú para proteger los derechos de las personas defensoras. En Perú, por ejemplo, once defensores y defensoras de derechos humanos de la provincia Cotabambas que participaron de las protestas en el año 2015 contra el proyecto Las Bambas enfrentan un largo y desgastante proceso judicial y una posible pena de más de 8 años de cárcel. “Hemos visto cómo en el contexto del proyecto Las Bambas las personas defensoras son criminalizadas por reclamar sus derechos,” comentó Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción de Perú. Según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), entre 2010 y 2023, la compañía China Minmetals ocupó el primer lugar en el mundo en denuncias por abusos de derechos humanos, con 72 denuncias de las cuales 68 provienen sólo de Las Bambas, que es la mina de cobre más grande de Perú y la operación minera más grande de una compañía china en América Latina. La mayoría de las denuncias (38) de esta compañía fueron por ataques contra personas defensoras de derechos humanos.

México, Ecuador, Perú y Camerún recomendaron a China que tome medidas para asegurar que sus empresas e instituciones financieras respeten los derechos humanos en el extranjero. "La falta de mecanismos accesibles y efectivos ha dificultado que las comunidades afectadas puedan presentar quejas y obtener reparaciones por daños causados por empresas y bancos chinos en la región", señaló Sofía Jarrín de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador. Un caso notable es el de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (CASCOMI) y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) en el proyecto Mirador en Ecuador. Allí no se realizó una consulta previa, libre e informada de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sino que se limitaron a realizar mecanismos de socialización de información, pero las comunidades nunca otorgaron su consentimiento previo al proyecto. En 2015 y 2019 se llevaron a cabo desalojos forzados que dejaron sin hogar a 32 familias campesinas e indígenas, aproximadamente 136 personas, incluyendo 52 niños, niñas y adolescentes, 12 personas de la tercera edad y 72 adultos, entre ellos mujeres embarazadas. Los desalojos repercutieron directamente sobre los medios de vida de las comunidades locales sin que todavía se haya dado una justa reparación.

La aceptación por parte de China de las recomendaciones del 4to EPU representa un reconocimiento de los problemas sociales y ambientales asociados con sus inversiones en América Latina. Este hecho subraya la voluntad de China de abordar estas problemáticas, pero  también valida las preocupaciones de las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil de América Latina que desde el 2018, en el 3er EPU de China, han señalado en el seno de la ONU los impactos negativos de las inversiones chinas en la región. "El reconocimiento de estos problemas por parte de China es un paso crucial hacia la rendición de cuentas y la transparencia",  comentó Paulina Garzón, Directora de Latinoamérica Sustentable (LAS).

Como parte de los próximos pasos, las embajadas chinas en América Latina deberían convertirse en canales formales de comunicación entre las organizaciones de la sociedad civil y los actores  chinos: empresariales, financieros o gubernamentales. Esta medida facilitaría un diálogo oportuno sobre los riesgos, impactos y conflictos ambientales y sociales que surgen en torno a los proyectos, previniendo así su escalamiento. Además, es fundamental que las empresas y los bancos chinos que intervienen en América Latina implementen medidas urgentes de gestión de riesgos, y reparación y remediación integral de los impactos negativos causados a las comunidades, e incorporen mecanismos de prevención  para evitar la repetición de tales impactos.

La vigilancia constante por parte de los Estados latinoamericanos, en particular de aquellos que hicieron recomendaciones a China en el 4to EPU, será esencial para asegurar que estas recomendaciones se plasmen en acciones concretas y efectivas. Es importante señalar que, en el 3er EPU, China también aceptó seis recomendaciones en este campo, pero estas nunca llegaron a implementarse. Esta supervisión debe incluir la elaboración de informes de medio término que evalúen el progreso de la implementación de las recomendaciones y resalten cualquier área de incumplimiento o mejora necesaria. La sociedad civil latinoamericana también tiene un papel importante en el monitoreo y seguimiento de la implementación de estas recomendaciones aceptadas por China.

Es fundamental fomentar un diálogo multiactor que involucre a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, empresas chinas y comunidades afectadas. Este enfoque colaborativo no solo permitirá una mejor comprensión de los desafíos y oportunidades, sino que también garantizará que las políticas y medidas adoptadas sean inclusivas, transparentes y beneficiosas para todas las partes involucradas.