Exigen la nulidad del juicio en caso Luchsinger-Mackay por basarse en una prueba inválida
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La condena para estos tres comuneros fue comunicada el pasado 5 de mayo en un segundo veredicto entregado por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, pues el primero, de 2017, fue anulado luego que la Corte de Apelaciones acogiera el recurso de nulidad interpuesto por la Fiscalía Regional de la Araucanía. Este primer veredicto había absuelto a los once imputados de esta causa, ya que los jueces no habían encontrado pruebas justificativas de las imputaciones hechas por la Fiscalía. No obstante, en este último se validó la supuesta declaración de José Peralino Huinca, quien, según el Tribunal, se acogió al beneficio de la delación compensada, sin dar lugar a la denuncia realizada por él mismo, en la cual afirmó haber sido agredido y amenazado por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) para firmar una declaración previamente elaborada por el fiscal Alberto Chiffelle y que involucraba al resto de los imputados.
José Peralino Huinca declaró: “Encendieron una computadora y [uno del los efectivos] empezó a mostrarme imágenes de aquí, de los cabros presentes. Me empezaron a mostrar imágenes de los cabros y me dijo: ¿conocís a éste?, ¿conocís a este otro?, ya po weón di que sí. Me decía el Vilches [funcionario de la PDI]: si tú los conocís, si son éstos, por último yo te ayudo. Yo le dije sí weón, los conozco, por miedo. De ahí me dijo firma aquí, tenís que firmar, y estos son [mientras le mostraba fotografías de los imputados]. Le dije ya sí, son éstos. Después entró el fiscal Chiffelle y me dijo: Peralino firma aquí. No vi bien porque yo estaba tiritando nervioso de miedo. Igual el Vilches me estaba presionando, su jefe me estaba presionando”. Estos hechos, según José Peralino Huinca, ocurrieron en octubre de 2015, sin embargo su relato no fue considerado por el Tribunal al momento de servirse de la supuesta delación compensada a la cual se habría acogido, estableciendo la condena para él y los otros dos comuneros ya nombrados.
Por su parte, el abogado Sebastián Saavedra, defensor de Luis Trancal, ha declarado a Resumen que “Las pruebas eran tan inconsistentes que la gran mayoría de los imputados en este caso fueron absueltos. Ante la necesidad de condenar a alguien cortaron por lo sano, condenaron al que había supuestamente confesado el delito, sin embargo, no encontraron ninguna corroboración de aquello y además [apuntaron] a los sospechosos de siempre; los Tralcal. A estas personas las han querido involucrar en este tipo de hechos y con esta condena lo obtienen, después de décadas de persecución. Los van a condenar de por vida con una prueba absolutamente feble”.
También se ha referido a la parcialidad con la cual se ha desempeñado el Tribunal, aseverando que han presentado boletas comerciales probatorias de su quehacer la noche del incendio y también llevaron hasta el estrado a un testigo que lo vio esa noche y que pudo ser contra examinado por todas las partes. Sin embargo, “se le otorga más valor a los dichos de un policía, sobre lo que habría dicho un imputado [José Peralino]. La defensa no ha tenido ni siquiera la oportunidad de contra examinar la prueba de cargo, que es José Peralino. No hemos podido indagar en mayores antecedentes porque la única que vez que ésta persona declaró, fue para decir que lo que había señalado en su anterior declaración era falso”.
Ante esta situación, se han realizado diversas acciones denunciando el proceder del organismo judicial, tal como la reciente puesta de un lienzo en el frontis del edificio donde se encuentran los estudios de Radio Bío Bío en Concepción, el pasado miércoles.
Werner Luchsinger y Vivianne Mackay era un matrimonio de terratenientes que murió luego que un conjunto de personas incendiaran su vivienda en la comuna de Vilcún. Los predios que usufructúa esta familia han sido reclamados por diversas comunidades mapuche, las cuales también han desarrollado procesos de recuperación territorial sobre los mismos, teniendo como resultado el encarcelamiento de algunos de ellos y el asesinato de Matías Catrileo, quien el 3 de enero de 2008 participaba en una acción de recuperación en el fundo Santa Margarita, de propiedad de esta familia, y fue asesinado por la espalda por el cabo segundo de Carabineros Walter Martínez. Luego del hecho, el funcionario policial fue procesado por la justicia militar y condenado por “violencia innecesaria con resultado de muerte”, estableciéndose la pena de tres años y un día de presidio, para después asignarle el beneficio de libertad vigilada, junto con lo cual, la Contraloría determinó que podía continuar en la institución policial.
Hasta ahora, el único imputado que se encuentra condenado y cumpliendo condena en prisión es Celestino Córdova, quien protagonizó una extensa huelga de hambre buscando que Gendarmería accediera a trasladarlo hasta su rewe, cuestión que resulta fundamental para él en su condición de machi, según ha comunicado. Este 6 de junio, una comisión de autoridades espirituales y representantes de diversos territorios mapuche, junto a familiares de Celestino Córdova han informado que la moción de que él pueda acudir hasta su rewe ha sido aprobada por mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, lo cual representaría un punto de apoyo para exigir a los organismos pertinentes el cumplimiento de tal exigencia.