Luego de un proceso que tardó cerca 10 de años, finalmente el líder de la ultraderecha colombiana, Álvaro Uribe Vélez, fue declarado culpable de diversos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por sobornar testimonios de paramilitares y se decretó una condena de 12 años de prisión domiciliaria y una multa de 837 mil dólares ($812.621.358 pesos chilenos).

El expresidente colombiano Álvaro Uribe de 73 años fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, la máxima pena que arriesgaba, en una audiencia a la que accedió de manera virtual y en la que se le vio notablemente molesto. La jueza Sandra Heredia, que valientemente ha liderado el proceso, aseguró que la sentencia es de aplicación «inmediata» para evitar que Uribe quiera «eludir» la pena y abandone el país.

«Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia», arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada. «¿Se puede callar, señor Uribe?», le respondió Heredia, antes comenzar la lectura del fallo.

«Según se estableció en el fallo, Uribe utilizó a su abogado Diego Cadena para intentar manipular testimonios que lo beneficiaran. Entre ellos, el más relevante fue el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, a quien Cadena buscó persuadir para que no declarara sobre los presuntos vínculos del expresidente con grupos paramilitares en Antioquia» consigna Dario-Red. La jueza consideró que el testimonio de Monsalve era coherente y respaldado por las pruebas. «Todas las pruebas reunidas permiten concluir que el testigo no está faltando a la verdad», señaló durante la audiencia.

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«El fallo concluyó que hubo una actuación deliberada para inducir al sistema judicial a error a través de la manipulación de testimonios, lo que configura el delito de fraude procesal. Además, se determinó que Uribe ofreció beneficios a personas privadas de libertad a cambio de declaraciones que pudieran favorecer su situación judicial, lo que derivó en la condena por soborno en actuación penal.» agrega el citado medio.

El caso se arrastra desde 2012, cuando Uribe interpuso una denuncia contra el entonces senador Iván Cepeda, quien se encontraba recolectando testimonios de exparamilitares que vinculaban al exmandatario de ultraderecha y a su hermano, Santiago Uribe, con la creación de estructuras paramilitares en el departamento de Antioquia, al nordeste de Colombia, en la década de los noventa.

En tanto, la defensa del imputado intentó dos veces obtener el sobreseimiento del caso, pero los tribunales de primera y segunda instancia rechazaron ambas solicitudes.

Cabe precisar que se trata de un fallo de primera instancia, por lo que puede ser apelado en otras dos cortes, el Tribunal Superior de Bogotá y Corte Suprema, no obstante, ya de por sí marca un precedente en cuanto a los crímenes cometidos por Uribe.

Cuando los abogados de la defensa realicen la apelación, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado. Todo empezó en 2012 cuando Uribe demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

En 2018 la Corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda. Dos años después Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria. En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.