[resumen.cl] Un sumario interno aplicó la Universidad Andrés Bello a los estudiantes movilizados que lograron identificar y que durante este año se movilizaron con paralizaciones y tomas efectivas de la sede de Concepción. El resultado de la medida se conoció ayer miércoles: el sumario determinó la expulsión de un estudiante y la suspensión por un semestre de otros 15. Los afectados señalan que apelarán a la medida y si no obtienen resultados favorables, recurrirán a un recurso de protección contra la UNAB.

La Universidad Andrés Bello es parte del Holding Transnacional de la Educación Laureate International Universities, acusado de lucrar con platas destinadas a la educación. Sus aranceles y matrículas son bastante altas y justamente a esta realidad apuntaban las movilizaciones de las sedes a nivel nacional. En la sede de Concepción, los estudiantes se tomaron en 2 oportunidades las instalaciones de la Universidad buscando que se bajaran los valores de la matrícula, que bordean los 300 mil pesos.

Josué De La Maza, estudiante de Derecho y uno de los sancionados, señaló a Resumen “Todo comenzó porque nosotros como estudiantes le exigimos que bajaran las matriculas y el arancel porque cada año estaban subiendo”. Al comienzo sus demandas no fueron oídas por la Universidad, sin embargo, al radicalizar la movilización, tomándose por cerca de un mes la sede, recién la Andrés Bello comenzó a oírlos. Los estudiantes fueron desalojados pero lograron formar una mesa de negociación, donde se conoció la respuesta de la UNAB que fue insuficiente. Se tomaron nuevamente el recinto, pero no lograron su objetivo y 21 estudiantes fueron sumariados.

“Tenemos un reglamento interno, el cual dice que una toma es una falta gravísima, lo cual lleva a una suspensión por 2 semestres, hasta la expulsión, por el solo hecho de incitar a la toma y participar de ella” señala De La Maza. Una serie de artículos de este reglamento interno es cuestionado por los exonerados, quienes plantean que varios vulneran principios constitucionales como la libertad de expresión, entre otros, planteando que “no se puede hablar en contra de la Universidad”. Es decir, cuestionan que el reglamento interno no puede estar por sobre la ley. Pese a la drástica medida aplicada sobre los universitarios, De La Maza señala que hay todavía una instancia de apelación en la que esperan revertir las medidas contra los movilizados y que si esta acción no da buenos resultados, estiman recurrir a tribunales a través de un recurso de protección.

“Lo único que piensa la Universidad es ganar dinero, pero a costa de un estudiante que trabaja, de un esfuerzo de una familia, entonces todo eso nos llevó a expresarnos, a decir que no, que era injusto que nos subieran las matrículas, que era injusto que nos subieran los aranceles, entonces actuamos” indica Josué.