Extrabajadores del Cofomap demandan al Estado por desplazamiento forzado
- El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) fue una empresa estatal creada en 1971 por medio de la expropiación y control de trabajadores/ras madereros/ras de 21 grandes fundos en la precordillera de la actual región de Los Ríos. Este espacio abarcó 400 mil hectáreas de terreno estatal en las comunas de Futrono, Panguipulli, Lago Ranco y Los Lagos, donde llegamos a vivir cerca de 20 mil personas según registros históricos de la época.
- Posterior al golpe de Estado los 21 fundos fueron ocupados por fuerzas militares con la excusa de que en la zona existían grupos terroristas que respondían a la idea de enemigo interno instalada por el régimen dictatorial y medios de comunicación serviles a las fuerzas armadas. Lo que desencadeno asesinatos y todo tipo de vejámenes contra personas que por su ideología política fueron exterminadas por el aparato dictatorial. Cuestiones que están documentadas en diferentes documentos e informes.
- En paralelo e invisibilizado por el Estado, se desencadenaron persecuciones políticas, torturas, prohibiciones de diferente tipo para llevar nuestra vida, limitaciones para desplazarnos, formas de explotación, en definitiva, de llevar nuestra vida cotidiana por el constante asedio que se nos impuso. Algunas personas huimos para encontrar refugio en diferentes lugares del país para mantenernos vivas, y otras, soportamos el terror en el territorio hasta que fuimos desalojadas y “tiradas” a los deslindes del Complejo, para buscar asilo con familiares, amigos o en campamentos provisorios en la zona y en otras regiones.
- Lo anterior se constituye como casos de desplazamiento forzado considerados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad que ejercen los Estados de excepción y sobre lo cual Chile ha suscrito tratados en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, estos casos han sido invisibilizados en los procesos de justicia transicional hasta la fecha por parte del Estado y, por lo tanto, se nos priva del derecho a la reparación.
- A casi 30 años de todas estas situaciones que aún repercuten en las diferentes generaciones que experimentamos el terror, nos organizamos y alzamos la voz porque creemos que estos crímenes de lesa humanidad no se pueden repetir en nuestro país. Exigimos se reconozca el daño que se nos causó y se asuma la responsabilidad desde el Estado de Chile, tanto por nosotros/tras y otras víctimas de estas prácticas, como por las futuras generaciones.
