[resumen.cl] Largas listas de espera, largas esperas, falta de camas, farmacias sin medicamentos, consultorios sin médicos y hospitales sin especialistas son parte de la cotidianeidad del sistema público de salud chileno. Y por el lado privado, al menos para los pacientes, las cosas tampoco andan muy bien: las clínicas para sectores medios/bajos y pobres se llenan -de gente y de dinero- atrapando a los enfermos que desesperados deben recurrir al sistema privado de salud.
Las ideas de Navarro de traer médicos cubanos al país, la farmacia municipal levantada por Jadue en Recoleta van en consonancia con lo planteado por Ricarte Soto y su “marcha de los enfermos”, cuando gran parte de la población apoyo sus protestas por los altos costos de medicamentos y tratamientos médicos, cuyas consecuencias obligaron a los gobiernos de Piñera y Bachelet a implementar un proyecto de ley para responder a esta realidad. Bastante insuficiente, por cierto.
Pero en lo concreto este tipo de iniciativas no responden a una “política” de salud, sino que sencillamente, son políticas efectistas “dentro” de lo permitido. Y lo permitido no es nada sustancial, no es ningún cambio radical y necesario. Es un pataleo frente al brutal control que tiene, sobre la salud pública, el gran empresariado.
Los millonarios traspasos de dineros fiscales a las clínicas por prestaciones, arriendos de camas, etc. son parte de las políticas públicas de los últimos años, la externalización de los servicios al interior de los mismos, también. Todos los abusos se ven coronados por quienes controlan los precios de los medicamentos, ya descubiertos en una gigantesca colusión que les dejó suculentas utilidades y castigados con un monto casi insignificante a pagar.
3 empresas farmacéuticas -CruzVerde, Salco y Ahumada- controlan casi todo el mercado y además, a través de su modelo de integración vertical, se relacionan con laboratorios productores de los medicamentos que los chilenos consumen.
La nueva Ley de Fármacos exige un test de bioequivalencia a los medicamentos genéricos que permita verificar su efectividad respecto del medicamento original. Pero tras ello, como señaló Ciper Chile en marzo de este año “En el primer año de vigencia de la ley, el Estado gastó 37% más en medicamentos bioequivalentes y debió importar los que ya no se producen en Chile.”
Hoy, los chilenos son los que más gastan dinero en salud de todos los países de la OCDE, un 4,6% del gasto familiar y de ese gasto, cerca de la mitad corresponde a compra de medicamentos.
Si nos preguntamos como llegamos a esto, nuevamente la respuesta está en nuestra historia. El episodio más grosero, justamente, en dictadura. Fue en la Dictadura Cívico Militar cuando se cierran las farmacias con medicamentos a bajos precios y se abren las puertas a grandes farmacéuticas. Luego la Concertación, con su labor condescendiente con los milicos y profundizadora de las políticas neoliberales, permitió la patentización de los medicamentos en el 91 quitándole a los ciudadanos el derecho que el Estado le proporcionará medicamentos de calidad y a bajo costo. El desfinanciamiento del sistema público de salud, la municipalización de la salud primaria y la apertura de la salud chilena al grosero mercadeo de las clínicas y las ISAPRE -y también de las mutuales- se da también en Dictadura, pero el endeudamiento del sistema público con “prestadores” de servicios es propio de los gobiernos civiles, así como también la concentración del mercado de los medicamentos y la integración vertical entre farmacias y laboratorios, y también entre clínicas e ISAPRES.
Las acciones de Ricarte Soto, Navarro y Jadue son un pataleo. Un pataleo cercano a las municipales, pero podría transformarse en algo más, si el pueblo chileno se atreve a exigir al Estado el derecho oportuno, digno y gratuito a la salud. Constituyen un hecho comunicacional de cuyo debate las organizaciones sociales no debieran restarse.
Entre las décadas del 40 y el 80 el Laboratorio Chile fue estatal y fue la institución encargada de producir medicamentos de alta calidad a bajo costo para los chilenos. El año 1969 el Ministerio de Salud pidió al laboratorio la creación de un Formulario Nacional, mediante el cual se convirtió en el principal productor de medicamentos genéricos del país. El laboratorio fue privatizado en el año 89 y su actual dueño es la empresa Teva Pharmaceuticals, transnacional de capitales israelitas.
¿Por qué no puede haber un laboratorio público con medicamentos de calidad a bajo costo y toda una cadena productiva que permita que los medicamentos lleguen a bajo costo y oportunamente a los enfermos? Comenzar a cuestionarlo ya es un paso.
