[resumen.cl] Este miércoles, el Juzgado de Garantía de Arauco dejó sujetos a medida cautelar de no acercarse a la víctima a los gendarmes Christian Guillermo Pino Sealls, Andrea Noemí Concha Fernández y Cristina Fernánda Segundo Sánchez. Los efectivos están imputados por el Ministerio Público como autores del delito consumado de vejaciones injustas durante el nacimiento de Sayen, hija de Lorenza Cayuhán en la clínica Sanatorio Alemán en octubre de 2016.
Durante la audiencia de control de detención el magistrado Gino Viale Acosta estableció un plazo de investigación se fijó en 4 meses.
De esta forma la familia calificó el fallo como "un avance, esperando en que los meses que se dieron para investigar se pueda avanzar mucho más en este caso", declaró a Resumen José Cayuhan, hermano de la víctima. Aunque "el delito por el que se formalizó no es el delito por el cual presentamos la querella, lo que hace que sea muy simple todo", agregó José.
Los gendarmes están siendo formalizados por “vejación injusta” arriesgando la sanción de “suspensión del cargo” por mantener engrillada a Lorenza Cayuhan al momento de dar a luz a su hija Sayen en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción, en octubre de 2016. Acción legal que no cumple con las expectativas de la familia y del Instituto de Derechos Humanos, ya que este último se querelló por el delito de torturas y apremios ilegítimos.
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"Nos quedó un sabor a poco", afirmó el representante de la familia Cayuhan en cuanto a la cantidad de formalizados, ya que esperan que no solo "se juzgue a la gente de menos rango sino que también a los mandos medios y a los altos rangos porque acá hay mucha gente involucrada, en el traslado fueron varios los que participaron y no solamente tres, que fueron encargados en la custodia directa al momento del parto".
El 13 de octubre de 2016, Lorenza Cayuhan presentó molestias físicas y dolores siendo examinada por personal de salud del penal, quienes diagnosticaron una posible preeclampsia severa es decir, una complicación del embarazo que causa hipertensión. Por ello fue trasladada e internada en el Hospital Regional de Concepción y mantenida con sus grilletes.
Por falta de cupo en la unidad de cuidados intensivos de neonatología, Lorenza Cayuhán fue Trasladada a la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán de Concepción al día siguiente, a cargo de los gendarmes imputados. Éstos debieron retirar los grilletes por exigencia de la doctora tratante, colocándolos nuevamente en su pie izquierdo luego de ponerle medias de comprensión en las piernas.
Luego de ingresar a Cayuhán al pabellón para practicarle la cesárea, el gendarme Pino Sealls fue ordenado de retirar permanentemente las medidas de seguridad a la custodiada, lo que no pudo realizar pues sus compañeras Concha Fernández y Segundo Sánchez se encontraban comprando en un supermercado aledaño a la clínica, viéndose la puérpera obligada a dar a luz a su hija, a las 16.30 horas, con el grillete colocado.
Lorenza Cayuhán pertenece a una familia que ejerce control territorial en la comunidad Mahuidanche, en Alto Antiquina. En este contexto de acciones de control, ella y parte de su familia han sido formalizados por la Fiscalía por una serie de delitos, entre ellos, el robo con intimidación por el que se le juzgó y por el que está recluida en Arauco, gracias a la entrega de antecedentes a la policía de un sujeto que no dejó su nombre, no prestó declaración y solo entregó la información en forma verbal.
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En noviembre de 2016, la Corte de Apelaciones de Concepción dictó un fallo en contra del recurso de amparo que buscaba evidenciar las negligencias cometidas por el personal de Gendarmería durante el parto. En diciembre, la Corte Suprema revocó la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Concepción y acogió lo señalado por la defensa de Lorenza, señalando que el actuar de Gendarmeríavioló las normas mínimas internacionales para el tratamiento de privados de libertad, especialmente las reglas de tratamiento de reclusas. El fallo indicó también, que Gendarmería discriminó a Cayuhan por ser comunera mapuche.
En febrero de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto en favor de la comunera y su hija por lo que hoy se mantiene en la Cárcel de Arauco. Durante este proceso, Gendarmería además rechazó las opciones que la familia buscaba al solicitar el traslado de la comunera al Centro de Estudios y Trabajo (CET) de Cañete y al CET de Punta de Parra.
