Una unidad especializada en derechos humanos de la Fiscalía de Perú informó que comenzó una investigación contra las Fuerzas Armadas y Policía por los asesinatos a manifestantes en las protestas desatadas tras la destitución del presidente Pedro Castillo. Las pesquisas también se extienden a Dina Boluarte, ministros y exministros, director de la policía y otros funcionarios del régimen.
Por Alejandro Baeza
La investigación estará a cargo de una fiscalía especializada en derechos humanos del departamento de Ayacucho y apunta contra personal de la policía, el Ejército y quienes "resulten responsables por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones", cometidos el 15 de diciembre en medio de protestas populares que ocurrieron en aquella ciudad.
"La fiscalía provincial especializada viene cumpliendo sus funciones de investigación conforme los estándares legales exigidos", destacó la Fiscalía en el documento divulgado en sus redes sociales.
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Según datos de la Defensoría del Pueblo, al menos ocho personas, entre ellas un menor de edad, murieron en Ayacucho a causa de las acciones de las fuerzas de seguridad el pasado 15 de diciembre mientras protestaban exigiendo la renuncia de la presidenta de facto, Dina Boluarte.
La investigación se abrió luego de la publicación de un reportaje por parte del medio IDL Reporteros que demostró que militares, armados con fusiles de asalto Galil, dispararon y mataron a seis manifestantes desarmados.
La Fiscalía, cuyas indagaciones forman parte de la información presentada por IDL Reporteros, detalló que ha obtenido 147 videos, recabado documentos médicos y entrevistado a heridos en la protesta como parte de sus pesquisas, además de realizar pericias balísticas y necropsias.
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Instituto de Defensa Legal (IDL), la entidad Paz y Esperanza y abogados independientes de DD.HH. ingresaron una acusación el pasado lunes contra Dina Boluarte y sus, ministros y oficiales uniformados.: “No es posible cometer una masacre sin el apoyo de las autoridades del nivel más alto”, señalaron los abogados de los mencionados organismos.
En la acusación se detallan graves violaciones de derechos humanos, no solo homicidios, sino también torutura.
La denuncia penal acusa como coautora de las muertes a la presidenta de facto Dina Boluarte; el exministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el extitular del Interior César Cervantes, y al ex primer ministro Pedro Angulo, así como también el director general de la Policía Nacional de Perú, Raúl Alfaro Alvarado y mandos policiales de Apurímac, Andahuaylas y Chincheros.
Las protestas en Perú comenzaron con la destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre y que ha dejado más de 60 manifestantes asesinados por agentes del Estado. Las protestas buscan la renuncia de Boluarte, disolución del Congreso, juicio y castigo a violadores a los derechos humanos, la formación de una asamblea constituyente y la libertad de Castillo, en manifestaciones que parecen no retroceder un ápice en su intensidad y masividad luego de más de tres meses en las calles.
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