Luego de ser detenido el 11 de septiembre de 1973, iniciado el sangriento golpe de Estado cívico militar de Pinochet en Chile, Rafael Castro fue trasladado hasta el regimiento de Talca, donde fue brutalmente torturado junto a sus compañeros de trabajo y otros presos políticos de la comuna.Por Juan Contreras Jara
El 18° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar $65 millones como indemnización, por las torturas perpetradas por agentes de la dictadura cívico-militar, es decir del Estado, contra un dirigente sindical luego de detenerlo el 11 de septiembre de 1973.
Fue en el regimiento militar de Talca que los agentes del Estado torturaron brutalmente al trabajador de la Compañía de Teléfonos. El fallo del tribunal capitalino notificó que "le toca observar cómo un militar le reventó los dedos de una mano a un prisionero. Durante el transcurso de la tarde, es trasladado vendado a la sala de telecomunicaciones. Ahí lo amarran a una silla, poniéndole electricidad en los genitales, interrogándole y advirtiéndole que si no decía la verdad mandarían a matar a toda su familia. Le preguntaban por la existencia de armas y por unos panfletos. Después de muchos golpes le sacaron las vendas de los ojos y le pusieron un foco de luz muy potente que lo encandiló, sin poder ver nada. Luego de varias horas de tortura y con todo el cuerpo ensangrentado lo regresaron al sector de la piscina del regimiento. Luego de tres días de tortura, lo suben a un camión y lo tiraron a la entrada de la Población Manso de Velasco".
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Cabe destacar que las torturas perpetradas por los agentes de la dictadura se extendieron en el tiempo contra el dirigente sindical. Según menciona el documento, el trabajador, de ahora 71 años de edad, padeció la violencia militar durante meses después de su paso por el regimiento de Talca. Durante ese periodo fue detenido y torturado en reiteradas oportunidades, además de sufrir violentos allanamientos a su vivienda durante la noche.
La sombra de la brutalidad de la dictadura acompañó al trabajador hasta sus últimos días de trabajo, desde donde fue derivado en 1987 y junto a sus compañeros, al Hospital Clínico de la Universidad de Chile para realizarse un electro encefalograma, acusados de supuesto alcoholismo.
La sentencia contra el Fisco de Chile relata que, "a esa época, la empresa en la que trabajaba estaba intervenida por militares, estando a cargo como gerente general Iván Va de Winguar. Señala que ingresó al Hospital en enero del año 1987, donde un médico le inyectó una sustancia y perdió el conocimiento. Su familia lo encontró tres meses después, internado en el Hospital Siquiátrico de Avenida La Paz, egresando del nosocomio el día 28 de julio de 1987 y enviado a Talca con documentación para dar término a su trabajo. Por lo anterior fue jubilado por enfermedad siquiátrica, sin ninguna razón clara y sin que tampoco don Rafael haya tenido alguna crisis siquiátrica en el futuro".
Debido a los años de violencia estatal en su contra, traducido en torturas físicas y psicológicas, detenciones, allanamientos y daño psiquiátrico, el afectado después de ser jubilado, no pudo volver a trabajar debido a sus secuelas. Trastornos depresivos y de estrés post traumático, "con secuelas hasta el día de hoy que le impiden dormir tranquilo y hacer una vida normal", según la sentencia.
Hay que destacar que pese a la evidencia y testimonios, el Fisco, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, solicitó la excepción de prescripción, pero finalmente fue denegada por el tribunal. En esta línea la sentencia detalló que, "cabe tener en consideración que la detención ilegal de demandante por agentes del Estado constituye un crimen de lesa humanidad y una vulneración a los derechos humanos".
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