La tarde de este martes se realizó el foro “Represión y persecución política en Chile” en el auditorio de Lenguas de la Universidad de Concepción. Actividad organizada por la Coordinadora por el derecho a la manifestación. Según Valentina Flores, integrante de la Coordinadora, el objetivo de esta actividad es difundir lo que es la ley de resguardo público, asimismo destaca que es importante entender cómo funciona el sistema represivo del Estado que no solo se manifiesta contra las movilizaciones estudiantiles, sino que con todos los que luchan por una transformación social y política y también sostener el derecho a la protesta social.

El Foro contó con la presencia de cinco  expositores: Erick Carrasco de la Defensoría Popular Concepción; Adolfo Montiel, abogado que a lo largo de su carrera ha trabajado en la defensa de los derechos humanos;  Carolina Cortés y Javiera Pizarro, miembros de la Coordinadora por la Vida y Libertad de los Luchadores Chilenos Perseguidos en Argentina; y finalmente Claudio Melgarejo, preso político.

Erick habló sobre el derecho a la protesta social como una configuración que se enmarca dentro de lo constitucional, en la cual ésta significa la conjunción de tres derechos consagrados en la constitución: derecho a la libertad de expresión, derecho a formular peticiones a la autoridad administrativa y el derecho a la reunión. Para el abogado, no obstante, el derecho a la propiedad privada está sobre estos derechos.

Para el expositor, en el ámbito jurídico este derecho presenta un sinfín de limitaciones, “por ejemplo para poder marchar hay que pedir permiso bien sea a la intendencia o a la gobernación, es decir, este derecho no se puede ejercer libremente, esto es un acto represivo”.

Asimismo expuso sobre las implicancias de la ley de resguardo del orden público (ley Hinzpeter) que para él lo que se busca con ésta es reprimir a los sectores sociales, ya que esta ley no está destinada a coartar a organizaciones políticas más militarizadas, sino al pueblo organizado. Esto según el abogado de la Defensoría Popular Concepción “obedece a una política internacional, pues en Colombia, Grecia, España, etc . se han dictado leyes muy similares a ésta”.

Finalmente sostiene la necesidad de defender la protesta social como legítima, porque “creemos que la única forma que tenemos como pueblo para expresarnos y demandar cambios es a través de la protesta”.

Por otro lado, el abogado Adolfo Montiel que ha trabajado durante más de 40 años en temas relacionados con los derechos humanos, para él estas actividades son importantes, porque nos permiten comparar experiencias y reflexiones, espera que se repitan.

El abogado distingue una diferencia entre la forma de reprimir en la dictadura y en los gobiernos posteriores a ésta.  “con la dictadura se instaló un Estado terrorista, miles de asesinatos, miles de detenidos desaparecidos, en la actualidad la diferencia es sutil, no se asesina de forma sistemática, pero hay violaciones a los derechos humanos, sobre todo la represión que hay sobre la protesta social”. Igualmente agrega “la concertación aplicó de manera deliberada la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche, fue el presidente Lagos el primero y después Bachelet”

En relación al objetivo que tiene la instauración de la ley de resguardo del orden público, Montiel señala que esta es una herramienta que tipifica conductas muy sencillas. El hecho de participar o portar un arma sin causar daño ya se considera un delito, ésta buscaría amedrentar a organizaciones sociales. Lo anterior es lo que la diferencia con la ley de seguridad del estado, que busca condenar delitos más políticos.

Finalmente declara que los derechos humanos, en la actualidad, nuestros derechos sociales, políticos y económicos  son violados constantemente “el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la vivienda a la educación no se respetan y lo peor es que la gente no los reconoce como tal”

Javiera Pizarro de la Coordinadora por la Vida y la Libertad nos cuenta que “de los compañeros no se sabe nada, lo más preocupante es el cerco informativo que existe en torno al caso. Dicen que se está investigando, que nosotros ya lo sabemos. Es un trabajo en conjunto entre la policía chilena y argentina”

En relación a lo que exigen, por un lado, que el gobierno chileno se haga cargo de los 100 efectivos del GOPE y los 80 de la ANI que enviaron a la zona fronteriza con Neuquén , ya que esta es una orden directa del Estado. Igualmente exigimos que tomen cartas sobre lo que pasa en Argentina y que los perseguidos sean entregados con vida.

Finalmente, Melgarejo contó sobre su experiencia como luchador social y como preso político. Insistió a no congelarse ni sentir miedo ante tantas formas represivas del Estado, sino que a luchar  constantemente por un cambio de sistema.

Foto: Alex Lemun, asesinado por el Estado chileno