El absurdo intento del gobierno de Piñera de frustrar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales a través de interponer un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) sufrió un estrepitoso e inesperado fracaso. El cuestionado tribunal rechazó la presentación del Ejecutivo ocasionándole con ello una derrota política al conjunto de la coalición gobernante y su deplorable administración.
El organismo resolutivo no acogió la solicitud del gobierno en funciones por un contundente resultado de siete votos contra tres. Recordemos que con ocasión del segundo retiro del 10% de los fondos desde las AFP, el Ejecutivo utilizó el mismo recurso ante el TC con un resultado favorable, aunque en aquella oportunidad se haya registrado un empate técnico a cinco votos que fue resuelto por el voto dirimente de la presidencia del tribunal.
Ante el escenario adverso ocurrido este martes, al mandatario no le quedó más opción que promulgar el proyecto original aprobado en el Congreso la semana pasada y retirar su proyecto presentado como alternativa para consumar el bloqueo. La derrota política sufrida por los gobernantes (incluidos los oscuros personajes pinochetistas que operan como asesores del llamado “Segundo Piso” de La Moneda) no le dejó espacio alguno a Piñera para intentar el veto presidencial con que también amenazaban hace unos días, o para introducir como indicaciones las tentativas de salvación del sistema de AFPs que incluía la propuesta del Gobierno.
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En cualquier caso, la figura del presidente Piñera, así como de su administración y de la alianza gobernante, sufren un revés de proporciones que muestra la debilidad de la coalición derechista y su incapacidad para seguir gobernando. Si la propuesta de Tercer Retiro aprobada por el Congreso había dejado al mandatario en una incómoda situación de carencia de autoridad ante su propia coalición, esta derrota ante el TC y los hechos subsecuentes, dejan al conjunto de la derecha enfrentada al colapso total de su gestión y al país enfrentado a una situación de desgobierno.
El domingo recién pasado, Piñera hizo pública su propuesta con una estudiada e ilustrativa puesta en escena. Tratando de mostrar cohesión política y gobernabilidad, suya y de la derecha, para hacer su anuncio el gobernante en funciones se hizo rodear de los líderes de la alianza derechista, así como de los candidatos presidenciales de la misma coalición, además de gran parte de sus ministros. Los hechos jurídicos y políticos ocurridos el día de ayer, son una demostración de que ese compromiso de la coalición con los desatinos de su presidente les convierte a ellos en corresponsables de esos desatinos, partícipes de la indolencia gobernante con respecto de las necesidades de los habitantes del país.
En lugar de obligar al obstinado personaje a acceder sin más rebusque a la fórmula de tercer retiro acordada por el Congreso, los líderes, candidatos y personajes de la derecha gobernante quisieron mostrar cohesión y respaldo a una gestión mediocre y fracasada, y brindar apoyo a una propuesta plagada de letra chica. Con ello querían también respaldar a un fracasado modelo de administración del país y cuestionado por el conjunto de la sociedad. La cuestión de los retiros de los fondos no es un asunto meramente legal o jurídico, de constitucionalidad o no, sino en un defecto político estructural, reflejo de la ausencia de una política de protección del Estado para con sus habitantes, y un producto de la absoluta negligencia del Gobierno para responder a las demandas y necesidades a que se ha visto sometida la población chilena, en especial a partir de la emergencia de la pandemia, pero que venía antes.
La falta de conexión con la realidad social del gobierno en funciones y de la derecha es una causa de esta negligencia pero no puede ser una justificación ni menos puede ser tolerada como parte de lo “políticamente aceptable”. En ese sentido, el conjunto de la clase política debe hacerse cargo de esta negligencia y corregir las inequidades sociales profundizadas por esta administración de Piñera. Del mismo modo, a partir de estos episodios recientes y de los ocurridos desde el Estallido Social en adelante, el conjunto de la clase política debe hacerse cargo de la condición de autoritarismo y de ingobernabilidad que se evidencia en Chile y convocar a elecciones presidenciales anticipadas para resolver esta situación de vacío de poder.
No solamente la figura presidencial de Piñera carece de autoridad política y de apoyo social, sino que sus políticas públicas han sido un completo despropósito y fracaso. Velar por el bien común requiere compromiso con el interés común y no sólo con un puñado de poderosos. No se puede gobernar un país privilegiando los negocios y el mercado, aunque use como pretexto el ayudar a la población o promover la generación de empleos. El actual mandatario se ha caracterizado por hacer oídos sordos a las necesidades y demandas de la población, particularmente desde el comienzo de la situación de pandemia, a la par de sostener una política de manga ancha y mano abierta para proteger los intereses del gran empresariado.
No por nada la población se ha visto compelida a recurrir a sus propios ahorros previsionales para tratar de paliar sus necesidades ante la indolencia gobernante. Coherente con esa actitud negligente y displicente, el gobierno en funciones había interpuesto el ahora rechazado recurso por el TC, al tiempo que introducía su propio proyecto alternativo de retiro en el Congreso. Como era presumible, el proyecto Piñera incorporaba la obligatoriedad de reintegrar a las AFP los fondos retirados y el aumento de las cotizaciones para inyectar más dinero a las fracasadas administradoras previsionales– la mayor parte de este aumento con cargo al Estado-. Si bien, como ya dijimos, retiró su propuesta, lo cierto es que su sola presentación ya era un agravio más para la población afectada y una burla si se toma en consideración el contenido de la propuesta.
Esta resolución del TC no sólo se constituye en un severo revés político para los ocupantes de La Moneda, sino que abre un escenario jurídico de validación para nuevos o próximos retiros de fondos que se propongan los ahorrantes. Pero, al mismo tiempo, el país no puede seguir dando tumbos debido a las negligencias y desatinos del Gobierno y las incoherencias de la clase política. Se requiere soluciones de fondo para estos problemas de fondo.
Adelantar las elecciones presidenciales surge como una necesidad urgente para salir de la crisis de gobernabilidad. Pero éste es sólo un paso que debe ir acompañado con una profunda transformación del sistema tributario de manera que se puedan generar recursos económicos para las arcas fiscales. Tributos y recursos que son urgentes e indispensables para dar respuesta a las necesidades y demandas sociales más apremiantes, entre ellas, la Renta Básica Universal. Todo ello a la espera y entretanto se generan las condiciones para la elaboración de la Nueva Constitución.
Resumen.
