Las huelgas de las doce refinerías del Estado y el bloqueo de muchos depósitos de carburante que abastecen a las gasolineras y han dejado cientos de ellas fuera de servicio llevó ayer al Gobierno francés a crear un centro de crisis para gestionar la situación.

En el gabinete de crisis, que comenzó a funcionar ayer a mediodía en el Ministerio de Interior, están representados también responsables de las car- teras de Economía, Energía y Transporte, confirmó a Efe un portavoz ministerial. Al paro de las refinerías desde el pasado martes se sumaron las operaciones de bloqueo de algunos depósitos por parte de los sindicatos de camioneros y la tensión creada por la afluencia masiva de automovilistas a las gasolineras para llenar los tanques de sus vehículos por precaución.

Según manifestó el ministro de Industria, Christian Estrosi, no se puede hablar de «penuria» de carburante, aunque sí de «problemas de aprovisionamiento» causados por la «prudencia exagerada» de los conductores y por el paro de las refinerías.

El Gobierno anunció que tomará «las medidas que sean necesarias» para impedir el bloqueo de las refinerías, dijo Estrosi, quien indicó que impedir el acceso de los que no secundan la huelga a sus lugares de trabajo es «ilegal».

Según los distribuidores independientes, que suman el 60% de la venta de carburante en el Estado francés, los depósitos se agotan y al cierre de cientos de estaciones de servicio podría seguirle la «sequía total» de aquí al fin de semana si no se reconduce la situación.

La Union de Importadores Independientes de Petróleo (UIP) aseguró que más de 1.500 estaciones de servicio no contaban ya ayer con combustible.

Para la petrolera Exxon Mobil, «la situación es crítica. Cualquiera que vaya a buscar diésel en las regiones de París y Nantes tendrá problemas». La Agencia Internacional de la Energía calcula que el Estado francés cuenta con reservas de crudo suficientes para cubrir el consumo de 98 días y que ya ha comenzado a utilizar el «stock» de emergencia destinado a la industria. Mientras, el Gobierno trata de convencer a la población de que el país dispone de una gran cantidad de combustible y de que los aeropuertos poseen suministros en abundancia.

Además, los camioneros llevan a cabo desde el domingo marchas lentas en las carreteras de París, Lille, Lyon y Rennes, aunque aún no han optado por utilizar camiones de gran tamaño para cortar las vías.

Los estudiantes toman la calle

La movilización se endureció en la calle con las protestas de los estudiantes, que han respondido a la llamada de los sindicatos. Numerosas concentraciones provocaron el cierre de cientos de institutos y la Policía intervino en Lille, Roubaix, Mulhouse, Rennes, Lyon, Marsella y París. Además de las cargas policiales, unos doscientos estudiantes fueron detenidos.

La protesta afecta, además, a los transportes, especialmente a los ferroviarios y aéreos. La mitad de los trenes previstos para ayer fueron anulados, a lo que se sumarán al menos el 30% de los vuelos programados para hoy en el Estado francés (hasta el 50% de los vuelos del aeropuerto de Orly, al sur de París), en una nueva jornada de huelga general.

Los efectos sobre el tráfico aéreo de los paros se dejarán notar entre las 17.00 GMT de ayer y las 05.00 GMT de mañana, según indicaron los servicios aeroportuarios.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha animado a los trabajadores a unirse a la huelga de hoy y a protestar mañana en los aeropuertos de todo el Estado. Este sindicato, el más grande dentro de la aerolínea Air France, señaló que esto no tiene por qué llevar al bloqueo del acceso a los aeropuertos aunque podría ocurrir.

Las escenas de acumulación de basuras, las largas colas en las gasolineras desabastecidas y los petroleros varados apenas a unas millas del puerto convirtieron a Marsella en la imagen de las protestas.

A pesar de las movilizaciones, que comenzaron en febrero y que se han intensificado progresivamente desde setiembre, el Gobierno sigue calificando de indispensable la reforma.

El Ejecutivo, que hace dos semanas introdujo algunas reformas menores en el texto para apaciguar los ánimos, asegura que no dará su brazo a torcer en el punto más controvertido del nuevo sistema, que prevé elevar dos años la edad de jubilación.

Así, la edad mínima para el retiro pasaría de los 60 a los 62 años y la edad para cobrar el total de la pensión se aumentaría de los 65 a los 67 años.

Los sindicatos, por su parte, confían en que las protestas puedan obligar a dar marcha atrás al Gobierno antes de que el conjunto del texto se someta a la aprobación definitiva del Senado mañana o el jueves.

Sarkozy dice que no cederá

Pese a la posibilidad de que la falta de suministro de combustible y la huelga de hoy paralice el país, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, defendió ayer la reforma de las pensiones, afirmando que «esta reforma es esencial y Francia está comprometida, Francia la va a poner en práctica, al igual que nuestros amigos alemanes que ya han reformado las pensiones hace algunos años».

Añadió que «es perfectamente normal y natural que cree inquietudes y oposición. Es normal, también, y natural que un gobierno democrático, en una democracia parlamentaria, se asegure de que los automovilistas tendrán gasolina y que no habrá enfrentamientos».

Las últimas protestas han enlazado la huelga general del martes con la movilización del sábado y continuarán en los próximos días. Y después de una semana de movilizaciones continuas sin precedentes contra el proyecto de reforma, un representante del sindicato CGT, que representa a la mayor parte de trabajadores de las refinerías y puertos, afirmó que el endurecimiento de la postura del Gobierno simplemente refuerza la moral de los huelguistas.

Más acciones europeas

Por otra parte, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) anunció ayer su intención de «continuar organizando acciones sindicales» en toda la Unión Europea (UE) en los próximos meses, para reafirmar su rechazo a las medidas de austeridad aplicadas en los estados miembro y reclamar una estrategia económica alternativa. Tras la convocatoria del Día de Acción Europeo el pasado 29 de setiembre, la CES ha decidido seguir llamando a la movilización, según informó dicha organización en un comunicado.

Ésta fue la principal decisión que se tomó en el último comité ejecutivo de la CES, en el que participaron todos los sindicatos miembros. La CES «continuará organizando acciones sindicales en toda Europa en los próximos meses, para hacer oír las voces de los trabajadores del sector público y privado, las de los ciudadanos, jóvenes, desempleados y pensionistas», y para que las preocupaciones de todos ellos sean tenidas en cuenta a nivel político.

Los sindicatos europeos consideran que hay alternativas a las medidas de austeridad que se están aplicando en muchos estados miembro, y señalan «que es posible y necesaria una gobernanza económica y social que beneficie a todos».

En este sentido, la CES advierte de que la reciente propuesta de la Comisión Europea (CE) de imponer sanciones a los países que no cumplan las orientaciones del Pacto de Estabilidad «resultará en que los trabajadores paguen por toda la crisis». Según recalca la confederación, «continuar con las medidas de austeridad no es el camino para ir hacia adelante».