Las 21.523 multas que cursó la Dirección del Trabajo (DT) el 2010, fue el número más bajo registrado en los últimos cinco años. Las compañías que infringieron la legislación laboral, desembolsaron un 27,1% menos que el 2009, donde pasaron de pagar casi $50 mil millones a $29 mil millones el reciente año.
Catorce de las 18 ramas de actividad económica –que son fiscalizadas – redujeron sus multas. Donde sobresale la caída de un 39,4% en “Intermediación financiera”, el 19,2% en “Suministro de electricidad, gas y agua” y el 15,7% en “Transporte, almacenamiento y comunicaciones” y en “Administración pública y defensa”.
A pesar de que la nueva administración anunció un aumento en la fiscalización, esta no se produjo y el 2010 se realizaron un 4% menos. Por otro lado, la baja en el número de multas se relaciona directamente con la aplicación de la “fiscalización con asistencia al cumplimiento”, lo cual significó ampliar una política antes exclusiva para pequeñas y medianas empresas, a las grandes compañías. Bajo esta modalidad, al constatar la infracción no se multa inmediatamente, sino que se da un plazo para que el empleador subsane el problema y si no es resuelto, se procede a multar.
Cuando asumió Evelyn Matthei como ministra del Trabajo, anunció mano dura con las empresas e incluso, el viernes pasado, afirmó que quiere que la Dirección del Trabajo siga los pasos del Servicio de Impuestos Internos. La declaración vino acompañada de una serie de “cambios” para modernizar el organismo, donde el ojo se pondrá en la forma de fiscalizar y en el aumento del número de fiscalizadores.
La Ministra expresó el viernes en La Segunda, que se necesita cambiar el modelo de fiscalización por uno más proactivo y concentrado, “no una fiscalización como la de hoy, que en un 70% responde a denuncias”. Por otro lado, Matthei quiere unificar el criterio de fiscalización de la DT, donde explica: “Que todos los fiscalizadores de Arica a Punta Arenas tengan un criterio común, con una forma de rendir resultados uniformes y con un sistema computarizado de fácil utilización”.
Pero lo que se anunció como una novedad, en la práctica no lo es tanto. La mayoría de las propuestas del nuevo ministerio eran parte de la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO) de la Dirección del Trabajo, que fue eliminada el año pasado por la ex ministra Camila Merino. Esta unidad buscaba un “tratamiento integral de los problemas laborales”, donde la fiscalización realizada era de oficio y por ende, no respondía a una demanda externa particular sino a una iniciativa del propio Servicio. A la vez, las intervenciones respondían a una estrategia y eran programadas, es decir, se distribuían las actividades en el tiempo.
Para Patricia Silva, “con la eliminación de la UIPO se pierde la riqueza que implicaba tener un programa central, donde unificábamos criterios y teníamos una estrategia nacional”.
La idea de modernizar a la DT vino con la llegada del gobierno de Piñera y fue la ex ministra Merino la que contrató a la empresa de asesoría en modernización y gestión tecnológica que lidera el ex director del SII, Javier Etcheberry, “director técnico” del gran cambio de ese organismo durante el gobierno de Ricardo Lagos. Con los resultados de este trabajo en mano, hoy Matthei apuesta por el “cambio”.
Con la llegada del nuevo gobierno, un fiscalizador aseguró entender que “esta administración va a fiscalizar menos, por que no quiere pelearse con los empresarios”.
Esta sensación –sumado al temor a perder el trabajo – ha provocado que muchos fiscalizadores no tengan claro qué deben sancionar y qué no. Uno de ellos asegura que “los funcionarios tienen miedo a que los despidan o les rebajen el sueldo, como ocurrió el año pasado y la gente no sabe bien qué hacer y prefiere sancionar menos”.
Por otro lado, la inexistencia de una planificación anual de fiscalización, ha provocado la incertidumbre entre los trabajadores y la disminución de las inspecciones por oficio, donde sólo un 30% proviene de una iniciativa propia del servicio. Un trabajador de la DT asegura que “otros años se anunciaba que el foco de fiscalización iba a ser un área en específico. Pero el 2011 no han presentado propuestas de programas de fiscalización”.
Sin un norte definido, los criterios a la hora de sancionar también se han visto afectados.
Leandro Cortés, presidente de la Federación del Sindicato Empresas Ripley, afirma que “en las últimas fiscalizaciones que hemos solicitado hay diversidad de criterios. Algunos fiscalizadores multan y otros no, frente a la misma materia. Nos hace pensar que no están bien instruidos frente a lo que deben sancionar”.
A la vez, el dirigente sindical Cristián Cuevas, afirma que los fiscalizadores están frustrados, por que “cosas que antes daban por hecho como correctas, al aplicar las políticas han sido sancionados. Impedidos de ejercer su rol fiscalizador”.
El nuevo rumbo que ha tomado la DT se ha sentido en el mundo sindical. Donde Juan Moreno, presidente del Sindicato Interempresas de Trabajadores Líder –el sindicato privado más grande de Chile – asegura que “las multas han bajado y la sensación que nos da la Dirección del Trabajo es que no es un organismo que acompaña al trabajador, sino uno que apoya al empleador”. Agregando que la DT “se ha transformado en un mediador, la fiscalización y recepción de denuncias existe, pero en vez de cursar multas se llama a mediación y con eso no logramos nada”.
Por otro lado, Leandro Cortés, presidente de la Federación del Sindicato Empresas Ripley, asegura que “lo que antes era lento, ahora lo es más. Nos dicen que no hay personal y tenemos demandas que llevan entre 3 y 5 meses sin respuesta”.
Fuente: El Mostrador