En abril de 2020 comenzó a regir la Ley de Protección al Empleo, iniciativa del Gobierno que en contexto de pandemia, permitió a los empleadores suspender de forma temporal el contrato con sus trabajadores, obligándolos a recurrir a sus fondos del Seguro de Cesantía para hacer frente a la emergencia sanitaria, tras el abandono de las instituciones del trabajo.

Camila Fuentealba Ortiz

El pasado miércoles 6 de octubre, caducó la vigencia de la ley de Protección al Empleo, medida que apuntaba a que una vez que el escenario sanitario se tornara más favorable, los trabajadores y trabajadoras volverían a sus labores habituales, después que el Gobierno y los empleadores les dejaran a la deriva durante los meses de mayor incertidumbre y alcance de la pandemia.

Según cifras del Departamento de Estudios del Ministerio del Trabajo, fueron 864.306 trabajadores y trabajadoras quienes debieron recurrir a esta medida, desde su puesta en marcha hasta la semana pasada.

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Cabe destacar que actualmente existen unas 65 mil solicitudes de suspensión de contrato vigentes, de las que 47 mil 300 corresponden a mujeres, es decir, un 73% del total, según datos entregados por La Tercera.

Las cifras dan cuenta que tanto las personas que se acogieron a la medida impulsada por el gobierno, como quienes perdieron sus empleos, fueron principalmente mujeres. Para expertos y expertas, esto evidencia la necesidad de instaurar políticas públicas para que las mujeres puedan reintegrarse  a sus trabajos.

Andrea Sato, investigadora de Fundación SOL, enfatizó en que el desafío no sólo consiste en enfocarse en recuperar los puestos de trabajos perdidos antes y durante la pandemia, sino que el proceso debe apuntar a una recuperación de empleos con “características no precarias” y a su vez que exista una perspectiva de género.

En relación a esto, la investigadora explicó que la importancia de una recuperación de los puestos de trabajo con una perspectiva de género se fundamenta en la necesidad de proteger a las mujeres, con el fin de no exponerlas a otros tipos de violencia, como lo es la violencia económica, “que deviene principalmente de la falta y la pérdida de autonomía económica por parte de las mujeres” acotó.

Respecto al proceso de recuperación de los puestos de trabajo, Sato declaró que no creen que se deba volver a un estado prepandemia, “ese momento ya era sumamente precario para los trabajadores y trabajadoras”. De igual modo, añadió que “apostar a estar con las condiciones y calidad del empleo prepandemia, es finalmente mantener las situaciones de desigualdad estáticas”.

Por otra parte, comentó la importancia de fortalecer a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores para que se resguarde que el empresariado no contrate en condiciones de informalidad o precariedad, especialmente teniendo en cuenta la población migrante que actualmente busca un sustento en el país.

Finalmente, en relación al análisis que la Fundación SOL realiza de la Ley de Protección al Empleo que promovió el Gobierno, se refieren a esta como una “política pública que desfinanció a los trabajadores y trabajadoras”, principalmente porque no se sabe qué sucederá con quienes finalizada esta normativa, queden sin trabajo y no registren dinero en sus fondos de cesantía. 

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