Autoridades locales y regionales mantienen su preocupación por el Proyecto Octopus. El estado de alerta compete a las principales comunas que podrían verse afectadas: Lirquén con el gasoducto y puerto marítimo, y Bulnes con la termoeléctrica a gas más grande del país. Por ahora, Penco se encuentra en la mira con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proceso de observaciones en el que el Seremi de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) ya se manifestó conforme.

Terminal marítimo en Lirquén: el pulpo deja asomar su primer tentáculo

Consiste en un terminal marítimo de recepción y almacenamiento de Gas Natural Licuado (GNL) offshore (en inglés, costa afuera) del tipo isla. Esto significa un terminal flotante ubicado a 2 kms. de la costa de Lirquén conectado por una cañería submarina con la costa. El EIA de éste ingresó el 3 de abril y fue retirado a las 48 horas. Eso para el senador Alejandro Navarro “da cuenta de la irresponsabilidad y genera muchas dudas respecto a la capacidad real de los empresarios en materia medioambiental. Si no son capaces de presentar un proyecto que cumpla los requisitos mínimos, eso advierte y genera mucha incertidumbre respecto de lo que vayan a proponer”.

El 22 de abril fue presentado nuevamente para el 25 del mismo mes ser declarado admisible. Ahora está en proceso de observaciones de los organismos técnicos y públicos, de los que la Municipalidad de Penco no está considerada. “El motivo principal (para oponernos) es porque desconocemos cómo va a afectar verter agua clorada que su ph, salinidad, oxigenación y temperatura han sido modificadas. Esa agua que va a ser sustraída del mar y devuelta con cambios en sus condiciones químicas y físicas (…). Hay muchos estudios que demuestran que a 3° C menos de temperatura, o a un ph distinto o a una mayor presencia de cloro, hay ciertas especies que tienden a emigrar” manifiesta  Víctor Hugo Figueroa, alcalde de Penco opositor a la idea que podría contaminar la bahía comprometiendo la pesca artesanal, el turismo y la salud de los hábitantes. Esto principalmente por el uso de aguas que requiere para  la regasificación (pasar de gas líquido a gas natural) la que va a ser devuelta más fría y con cloro.

El daño se fundamenta en sustancias tóxicas que son los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) llamados así por el daño a largo plazo que provocan. De hecho, están clasificados como plaguicidas, pesticidas, entre otras. Sus efectos son variados como cáncer, tumores, alteraciones del sistema inmunológico, desórdenes reproductivos y sexuales, por mencionar algunos.

Lo peligroso de los COPs es su efecto transgeneracional. Esto sucede cuando ingerimos alimentos contaminados los que son absorbidos y transferidos al feto como ya se ha comprobado en el caso de las dioxinas. Algo similar sucede en el ecosistema marino y considerando que es una bahía en donde se acumula ese residuo, al largo plazo degradaría la flora y fauna de la ciudad histórica.

“El ducto estaría por el medio de áreas de manejo que ya tienen adjudicado el mundo de la pesca artesanal” señala la Diputada Clemira Pacheco, opositora por el daño a las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), además de la pesca selectiva, siendo de las pocas actividades de este tipo que sobreviven en la comuna. Básicamente debido a que no está tan contaminado por las termoeléctricas ni tan explotado por las industrias pesqueras, como ese el caso del borde marino que empieza al sur del río Bío Bío.

Por último, la infraestructura es extremadamente peligrosa por el transporte de material altamente inflamable por lo que un accidente puede tener consecuencias fatales.  Y en ese sentido, no hay garantía de la seguridad debido a que el ducto pasa entremedio de dos AMERB y es probable que la empresa por seguridad prohíba la pesca por los alrededores de la tubería afectando nuevamente a ese sector.

Donde manda capitán no manda la municipalidad

Con la actual legislación medioambiental las autoridades están de manos atadas. “Nosotros no tenemos jurisprudencia en la zona del mar por lo que no hay ninguna tramitación que pase por la municipalidad. Nosotros aquí nos vamos a manifestar en contra pero vamos ser espectadores” plantea el alcalde de Penco.

Distinto fue el caso de la termoeléctrica que se pretendió instalar en esta comuna donde era necesario realizar un uso de cambio de suelo asunto que si pasaba por el concejo municipal. Para ese conflicto la participación de los pencones fue latente a través de un plebiscito comunal plasmando su oposición tanto en las calles como votando.

“Quiero armar una mesa con los dirigentes de las personas que están contra el proyecto, con la autoridad de medioambiente y de energía, con el gobernador e intendente y algunos parlamentarios, para que estas personas conozcan de boca de los dirigentes sociales que la comunidad se opone a este proyecto (…) Voy a apoyar logísticamente todas las acciones que hagan los vecinos en término de sus movilizaciones” proyecta Figueroa en su accionar político.

El mismo factor señalado por Figueroa impide vincular a la municipalidad en un plebiscito de un asunto en el cual no tiene competencias. “Como este año es electoral no se puede hacer ese tipo de acciones. Que fuera vinculante como esto es lo que quiere la comunidad” añade Pacheco.

Para el 25 de mayo se había programado la participación ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), sin embargo por el temporal se corrió para este jueves 6 de junio. Esta pareciera ser la única instancia que queda para los afectados pero nuevamente está la imposibilidad debido a su carácter no vinculante, donde simplemente sirve para informarse y la opinión pasa a ser un mero adorno para aprobar empresas contaminantes con el “consentimiento de la comunidad”.

“El sistema no está diseñado para considerar la opinión de los ciudadanos sino para hacer viable este tipo de proyectos, por lo tanto creo que la organización es lo más importante para la ciudadanía” declara Navarro develando la pésima legislación medioambiental.

“Si bien se realizan (las consultas) pero para que las consideren y tengan un real peso la decisión siempre se hace cuando hay una real oposición de una comunidad organizada, muy unida y movilizada (…) tiene que estar muy potenciada en cuanto a la organización y movilización para que pueda hacer una real presión, porque los argumentos técnicos a veces no son considerados o descalificados por la institucionalidad de los que pueda tener la ciudadanía” agrega Pacheco.

Para Navarro el tema técnico pasa a ser secundario aclarando que la evaluación es una decisión política “el estado en este caso no es imparcial, por lo tanto los organismos públicos siempre están del lado de los empresarios. (…) claramente el tema es de visión política. Los organismos que toman las decisiones, no las toman técnicamente sino que hay una decisión de carácter político“.

Defender nuestros derechos con nuestras manos

“Nosotros como región hemos sido tremendamente generosos (entregando) muchos recursos energéticos hacia otros lados y no hemos tenido ninguna compensación (…) empresas pesqueras, termoeléctricas, todo el tema forestal y a un costo muy alto, el mundo campesino casi desaparecido y sin agua, sin recursos pesqueros por contaminación y sobreexplotación, las inundaciones de las hidroeléctricas cuando Endesa abre las compuertas (…), tenemos harta cesantía, tenemos bolsones de pobreza estructural, y todavía nosotros pagando un alto costo por la contaminación y haciendo rico a este país. Tenemos que levantarnos como región” sentencia Pacheco entendiendo que en la región hay excedentes de producción energética y más encima todavía tenemos que sufrir los impactos de las necesidades energéticas del resto del país.

Entre un desierto de legislación ambiental pareciera verse  un espejismo de algo que es real. Es el oasis que les queda a las personas sedientas de defender sus derechos: la organización y manifestación. Más allá de los argumentos técnicos y jurídicos los frenos a los proyecto energéticos o industriales que dañan el medioambiente van necesariamente acompañados de la herramienta de la movilización social, que es la expresión del poder de facto de las comunidades. Ya es hora de que el rechazo organizado se pronuncie.