El general del Ejército mexicano, José Rodríguez Pérez, fue detenido por su presunta participación en muerte y desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, crímenes cometidos a partir del 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Por Felipe Soto Cortés
La Fiscalía General de la República de México confirmó la detención de José Rodríguez Pérez, quien fue comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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Rodríguez se suma a otros dos militares detenidos por el mismo caso y que se encuentran recluidos en recintos del ejército.
A fines de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, denunció que seis de los 43 estudiantes desaparecidos habían sido entregados al general Rodríguez y que éste ordenó su ejecución.
Las investigaciones independientes en torno al caso han dado información abundante de los estrechos vínculos entre las policías, el ejército mexicano y el crimen organizado ligado al narcotráfico. Las Fuerzas Armadas serían parte activa en la manipulación de pruebas, la intervención de comunicaciones de actores claves y la falsificación de actas, según diversos informes independientes.
Críticas a las absoluciones del caso
Severas críticas han llovido sobre el juez Samuel Ventura Ramos, quien ha absuelto a 98 personas acusadas de participar en los crímenes de Ayotzinapa, entre ellas, al exalcalde de Iguala José Luis Abarca, sindicado como uno de los responsables intelectuales de los crímenes.
Según señala La Jornada, las organizaciones que acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 recordaron que esta sentencia “deriva de una causa que en su momento se inició con la acusación que en 2014 presentó la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), misma que presentó numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura, lo que derivó incluso en la exclusión de múltiples pruebas de cargo debido a su ilicitud. La acusación era incorrecta pues incluso encuadraba los hechos como ‘secuestro’ y contenía múltiples errores fácticos”.
En ese sentido, señalaron que más que la Judicatura, “el resultado de absolución es atribuible a la mala actuación de la entonces Procuraduría General de la República”. Por ello, sostuvieron, “debieron presentarse nuevas acusaciones con la tipificación correcta de desaparición forzada y con pruebas lícitas, pues era previsible que este fallo llegaría”.
En tanto, el de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, señaló a propósito de la absloución del exalcalde que “Se va a impugnar por parte del Ministerio Público Federal esa decisión, de tal suerte que Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión”.
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