Cuando a mediados de junio pasado Enrique Paris asumió el cargo de Ministro de Salud, en reemplazo del autoritario Jaime Mañalich y su deplorable gestión, se esperaba que hubiera un cambio sustancial en las medidas y políticas destinadas a impedir la propagación de la pandemia. Siete meses después, comprobamos con espanto que en lo esencial la situación no se corrigió sino que se ha agravado considerablemente pues ésta se expande y los daños aumentan sin control.
En los hechos, el Minsal se ha dedicado a administrar su propagación según los caprichos políticos y propósitos económicos del Gobierno, y el ministro Paris ha estado presto a hacer declaraciones hipócritas sin querer abordar las reales implicancias de la desastrosa forma en que han enfrentado esta crisis sanitaria.
En el mundo, los países europeos cierran las fronteras, encienden las alarmas y se adoptan drásticas medidas de confinamiento para tratar de contener los estragos que está provocando en la población la temida segunda ola de contagios; además que las medidas de aislamiento y prevención se han acentuado por la aparición en Europa de nuevas cepas del virus que auguran el comienzo de una tercera ola que complejizan mucho más el enfrentamiento de la pandemia. Esto ocurre aún y pese a que ya han comenzado los procesos masivos de vacunación en ese continente.
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En Chile, en tanto, el gobierno de Piñera y el ministro París, festinan promoviendo vacaciones y anunciando cambios de fase de prevención con dudosos criterios sanitarios y confusas explicaciones geográficas, cual si se tratase de remates de feria. Las cifras de contagiados, por tres días consecutivos, se elevan por sobre las 4000 personas, similar a las cifras de fines de junio; es decir, la situación sanitaria está como hace seis meses y se augura peor. La disponibilidad de camas críticas es limitada a nivel nacional y está al borde del colapso en la Región del Biobío; lo mismo ocurre con el agotamiento físico y sicológico de funcionarios/as y trabajadores/as del sistema público de salud; sin embargo, eso parece no preocupar ni ocupar al ministro. El Gobierno sigue empeñado en confundir a la población con datos que no se ajustan a la realidad y con estadísticas que no son importantes para controlar o impedir la propagación de la enfermedad; ni siquiera ha tenido la capacidad de sincerar las cifras efectivas que al 10 de enero alcanzan las 722.293 personas contagiadas y 22.845 personas fallecidas entre confirmadas y sospechosas, pero las autoridades siguen camuflando la verdad mediante diferenciaciones ridículas que ocultan que se trata de seres humanos víctimas de una desastrosa gestión sanitaria, social y política. No hay una verdadera intención de frenar la propagación de la enfermedad y la política de salud del Gobierno no es más que una hipócrita puesta mediática destinada a cubrir el real interés de estos gobernantes.
La utilización de la pandemia para sus fines mezquinos políticos, al tiempo que mantener activos los mercados, son la preocupación central de los ocupantes de La Moneda, y el ministro Paris se comporta en concordancia con esos intereses. Ése es el trasfondo que explica las continuas salidas de protocolo de Piñera que se permite ignorar las disposiciones preventivas establecidas por su propio gobierno evidenciando que para ellos no es relevante o importante respetar las normas que establecen. No es sólo la expresión de la arrogancia y altanería propia de la clase patronal, sino expresión de violencia y desprecio hacia el resto de la sociedad chilena, particularmente la desprotegida, la segregada, la explotada, la mayoritaria.
El mismo fundamento tiene la constatación que el minoritario sector perteneciente a la burbuja donde reside el poder también se permite ignorar y violentar las medidas preventivas que se supone válidas para el conjunto de la sociedad. Este libre albedrío de los poderosos, de un presidente que no usa mascarilla y vulnera lo que se le antoja, de un cuiquerío que actúa de igual manera, fomenta la masificación de las actividades sociales que rompen las medidas preventivas y contribuyen a la propagación de la enfermedad y sus efectos.
Lo cierto es que estas expresiones de altanería y soberbia burguesa son una demostración más de la horrenda segregación y desigualdad que existe en nuestro país. Los privilegiados habitantes del “oasis” de Piñera se permiten realizar masivas fiestas clandestinas en los exclusivos balnearios, concurridas misas clandestinas en misteriosos recintos, viajes por donde se les plazca, porque no existe para estos habitantes del país de los dueños del poder ningún control real, ni impedimento legal efectivo. Las vulneraciones de normas cometidas por estos burgueses no son objeto de sanción alguna sino, a lo sumo, de la apertura de carpetas investigativas llevadas a cabo por ineficientes seremías de salud y por fiscales serviles que –haciendo gala de su hipocresía- buscan proteger a estos transgresores provenientes del sector de la burbuja; en cambio, esa “justicia” no tarda en adoptar medidas represivas y punitivas cuando estos rompimientos de protocolos se producen en sectores populares de la población del Chile real.
El presidente en funciones, el cuiquerío, los privilegiados protegidos por Carabineros, se permiten violentar cualquier ordenamiento, incluso las restricciones sanitarias de pandemia y correr el riesgo de contraer el virus, porque se saben dueños de los medios y beneficiados de los recursos y apoyos públicos y privados que les apetezca o que necesiten para restablecer su condición de salud. Dadas sus condiciones de vida y sus privilegios ellos pueden salir airosos de un eventual contagio, así como pueden salir airosos de una eventual “investigación” de la Fiscalía o de la autoridad sanitaria, y pueden salir airosos de una potencial intervención de la justicia sobre ellos. Los privilegiados dueños del poder, los privilegiados habitantes del “oasis” de Piñera, los privilegiados residentes de la burbuja, se saben protegidos, se sienten impunes, y se ponen por sobre el resto de la sociedad. Es la violencia invisible que asola a nuestro país y azota a nuestro pueblo.
El Chile desigual, segregacionista, clasista, racista, se asoma en cualquier actividad o acción que quiera investigarse. Los Carabineros, solícitos y serviles, se hacen presente en las fiestas clandestinas de los zorrones cuicos pero no adoptan ningún “procedimiento” policial; al parecer se autoasignan un rol de protectores civiles de los niñitos y niñitas enfiestadas y dan una nueva muestra de que esa institución está podrida hasta la raíz y es imperioso cambiarla para salvaguardar la integridad social y pública de este país.
Del mismo modo, la PDI está dando muestras de estar siguiendo el mismo camino de desprestigio y desnaturalización que la policía uniformada. Particularmente inaceptable resulta el episodio de intervención policial masiva y militarizada en una comunidad mapuche de Ercilla con el supuesto propósito de realizar un allanamiento u operativo antidrogas; que aparentemente consistiría en desbaratar una plantación de marihuana. La PDI se hace parte de las falacias políticas de los gobernantes para realizar acciones punitivas y guerra sicológica sobre la población cometiendo un grave delito de derechos humanos y de derechos indígenas que no se veían desde la época de la dictadura militar, al menos no en esa magnitud de intervención. El realizar dicha acción el mismo día en que se realizaba un juicio por el crimen policial de un comunero mapuche, y hacerlo mediante el uso desproporcionado e inadecuado de la fuerza policial, con carácter militarizado y ánimo belicista, es en sí mismo un acto de amedrentamiento premeditado.
No se ha visto en las policías chilenas tal celo policial y rigor militar para perseguir el verdadero tráfico de drogas duras, o para perseguir el tráfico y tráfago de armas de oscuros orígenes que abastece a la delincuencia. Se muestran bravos y diligentes para operar sobre el pueblo mapuche y reprimir al pueblo chileno pobre, actuando como peones del interés político de un gobernante que ve enemigos por cualquier parte y declara la guerra a los chilenos basándose en informes que sólo existieron en su imaginación, o en la afiebrada imaginación de individuos perversos y organismos bastardos que viven de la falsedad y la mentira. Es la violencia visible y tangible que se ejerce sobre el pueblo en este país gobernado por hipócritas.
Esta carga de segregación y desigualdad es la que debemos corregir de una buena vez. Tanto para enfrentar la crisis y pandemia sanitaria como para la existencia cotidiana del futuro. Ya basta.
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