Inmundicia. A raíz del asesinato de un carabinero producto de la acción de delincuentes comunes que realizaron un asalto en Santiago, los personeros de gobierno dieron muestras de una de las prácticas más asquerosas de la clase política chilena: la bajeza moral. Haciendo gala de una impudicia, mezquindad y desvergüenza sin límites, los ocupantes de La Moneda salieron con todas sus figuritas, desde el Presidente para abajo, a sacarle provecho político al hecho delictivo y posterior muerte del policía para forzar en el Congreso la aprobación de sus regresivas leyes represivas.

Este gobierno se ha caracterizado por utilizar la represión como el recurso preferente para contener y aplastar la protesta y movilización social que se ha expresado con fuerza en los últimos años. Esa vocación represiva los gobernantes han intentado institucionalizarla mediante el envío de leyes al Congreso para darle continuidad y permanencia a sus intenciones de mantener el orden establecido por la casta empresarial para conservar sus dominios y privilegios. En los dos años recientes han sido enviadas por el ejecutivo 4 proyectos de leyes que buscan perpetuar esta constante represiva: la Ley Hinzpeter, la Ley Anticapucha, la Ley Antiinsultos a Carabineros y el proyecto de restablecimiento de la Ley de Detención por Sospechas.

Todos estos proyectos represivos tienen como destinarios los movimientos, organizaciones  y movilizaciones sociales. Ninguno de estos engendros legales tiene como fin combatir la delincuencia o limitar el acceso de los delincuentes a las armas de fuego, menos aún que vayan dirigidos a resolver los factores y problemas que están en el origen de la delincuencia misma. Ni siquiera el proyecto antiinsultos a Carabineros puede asociarse al hecho delictivo en cuestión, pues este es uno de los proyectos más anti movimientos populares y sociales que pueda concebirse. Sin embargo, la asquerosa moralidad de los gobernantes aflora sin vergüenza alguna para, aprovechándose del hecho delictivo criminal, presionar a los parlamentarios a que les aprueben sus proyectos de clara ideología y raigambre dictatorial; por supuesto que el despreciable acto lo realizan con caras compungidas y frases demagógicas para decorar la manipulación como exige la amoralidad.

Esta actitud gobernante no es casual. Forma parte de una conducta habitual de engañar, mentir, manipular para intentar imponer sus planes y propósitos, que han sido el factor dominante de la llamada “nueva forma de gobernar” con que pomposamente  autodefinieron su arribo al gobierno el 2010. Pero también forma parte de un intento descontrolado por dejar instaurado un conjunto de leyes y normas de amarre ante la inminente salida de La Moneda producto de las próximas elecciones.

Es notorio también el silencio de la llamada oposición  concertacionista ante este descarado aprovechamiento  y falta de decencia política de las autoridades. Parece no incomodarles del todo la presión gubernamental ¿o también andan tras un pretexto falaz para aprobar los engendros represivos? ¿o forman parte estos engendros de los planes de gobierno opositores? ¿o las leyes de amarre no les incomodan del todo sino que –creen- les alivian la carga ante la posibilidad de volver al gobierno? Porque, coincidamos, a gobernantes y opositores concertacionistas los mueve el mismo afán de servir al modelo y sistema dominante y aplastar la protesta y rebeldía popular.

Ambos, en todo caso, gobernantes y opositores, la clase política del establishment, se equivocan si pretenden que los movimientos sociales se dejarán confundir con manipulaciones y arredrar con represiones; el propio modelo explotador y antidemocrático es el causante y generador de los problemas que afectan a la ciudadanía y que ya no está dispuesta a seguir tolerando. La lucha y movilización llegó para quedarse y ni catástrofes naturales ni desgracias personales le servirán a los manipuladores y administradores para conservar su reino de fantasía.