Flavio Araneda Hidalgo / resumen.cl

El proyecto de ley de carrera docente, según ha planteado el Gobierno, busca asegurar la calidad de la formación inicial de los profesores; apoyar la inserción laboral de los “principiantes”; crear políticas de formación para el desarrollo profesional; crear un sistema de desarrollo profesional docente; y aumentar gradualmente las horas no lectivas. Sin embargo, el rechazo del 97% de las profesoras y profesores de Chile es el reflejo de una ley que en su aprobación no tomó en cuenta la postura de éstos.

Lejos de garantizar un mejor trabajo, las más de cien obligaciones profesionales para los docentes son de carácter individual, pese a que el trabajo pedagógico es fructífero en lo colaborativo y retroalimentación. En conversación con Resumen, el vicepresidente regional del Colegio de Profesores, Guido Orellana explicó la situación actual que enfrentan los educadores y, en particular, de quienes han sido objetados por el sistema de evaluación de desempeño. “La imagen de profesores y profesoras presionados por el cumplimiento de metas individuales para alcanzar un mejor salario y por tener que validarse constantemente para no ser expulsados del sistema escolar, constituye una percepción generalizada”, afirma inicialmente este profesor de Concepción.

Fueron 700 docentes los objetados por el Sistema de Evaluación Docente, por la razón de supuesto plagio, ante lo cual Guido Orellana argumenta que “el trabajo pedagógico es de carácter colaborativo y asociativo, y en esta evaluación muchos profesores trabajaron en conjunto, es por lo que algunos elementos resultaron en común. Es por ello que se habla de una adulteración de la prueba, es por ello que quedan objetados y obligados a dar la prueba nuevamente. Esta realidad la tratamos con cierto dolor, sin embargo, al levantar quejas y presentar apelaciones 400 profesores fueron aprobados luego de ser objetados, reconociendo el trabajo colaborativo y no de plagio” aseveró.

En cuanto al desarrollo del portafolio, el vocero regional aseguró que para responder a todos las peticiones de información contenidas en éste, los docentes evaluados requieren de unas 90 horas cronometradas para ello. “Esto produce una abstracción total de la vida social y colectiva de la profesora o profesor, además de sus ya obligaciones como académico. Todo esto en función de lo que diga el ministerio de educación, estandarizando las respuestas en torno a un modelo tecnocrático” afirmó.

Foto de Archivo: Manifestación contra el entonces proyecto de ley de Carrera Docente. Año 2015.