Por Facundo Valderrama
Hoy en todo el territorio hay asambleas y cabildos discutiendo el país que queremos, generando espacios de organización y formando propuestas desde abajo. Entre ellas, ya en muchos espacios la discusión de una nueva constitución ha comenzado, como un libro abierto: sin restricciones, sin abogados constitucionalistas que digan qué se puede hacer y qué no, y sin las amarras de un Antiguo Régimen, que aunque se resista a desaparecer, se difumina ineludiblemente.
Pero también estos días hemos visto lo peor del Estado, utilizando todo lo que esté a su alcance para frenar la movilización, aun si eso implica asesinar, torturar, violar, mutilar y golpear. Tristemente todo eso hemos visto y sufrido en estos días, siendo los más brutales cuando el gobierno decretó estado de emergencia primero en Santiago y luego en buena parte del territorio nacional, con toques de queda que se extendieron hasta el domingo 27 de octubre.
Un estado de emergencia que tuvo como único fin defender la gran propiedad privada (en especial el retail), y de reprimir e intentar disolver cualquier manifestación de descontento, aunque sea necesario disparar a matar. Fueron días de que la brutalidad del Estado se nos hizo literal, y en donde la peor de la Constitución del 80 se materializó, una constitución siempre en contra del pueblo, siempre en contra del cambio, que debe ser frenado a cualquier costo.
Hoy, cuando el mismo pueblo se ha rehusado a dejar la movilización y ha mostrado su inquebrantable fuerza en las calles, cuando la organización en especial en los territorios comienzan a imaginar una nueva sociedad sin estas ataduras, es que es necesario pensar una nueva carta fundamental sin que existan estas herramientas que solo sirven para preservar el orden y los privilegios de los poderosos. Una nueva Constitución debe suprimir en sus artículos el uso de todos los estados de excepción (estado de emergencia, estado de sitio y estado de asamblea), impidiendo el recurso de utilizar fuerzas militares para el control del orden social, consagrar el derecho inalienable al libre tránsito (eliminando la función de poder establecer toques de queda), y solo preservar el estado de catástrofe, que permita al Estado movilizar personas y recursos en casos de desastres naturales, pero sin que esto permita el despliegue armado de fuerzas militares.
Es evidente que en un país sísmico, volcánico, y sumado a todo ello el cambio climático, hay que idear formas de cómo destinar esfuerzos a frenar catástrofes y mejorar las condiciones de los lugares en donde éstas han ocurrido. Pero eso no puede ser excusa para utilizar personal militar armado, o para prohibir el derecho fundamental al libre tránsito. Muy por el contrario, incluso deberíamos pensar en fundar instituciones especialmente dedicadas para enfrentar este tipo de situaciones con personales profesional especializado en ellas.
Ya hemos experimentado hasta qué punto herramientas constitucionales han sido utilizadas para poner a las fuerzas del Estado en contra del pueblo, y no nos podemos permitirnos que esto vuelva a ocurrir. En los espacios en donde estemos discutiendo una nueva constitución, debemos ser enfáticos en que se asegure mediante la misma carta fundamental, que lo que ocurrió entre el 19 al 27 de octubre jamás vuelva a ocurrir. Debemos hacerlo por nosotras y nosotros, por nuestros hijos e hijas, pero también debemos hacerlo por quienes fueron víctimas del Estado durante esos días y por sus familias, se lo debemos.
No temamos hacer un mañana totalmente distinto, y sobretodo, no temamos quitarnos de todas esas amarras que nos obligaron por tantos años soportar esa insoportable cotidianidad, empezando por los dictatoriales y antidemocráticos estados de excepción.
