El refranero popular dice: hecha la ley, hecha la trampa, pero esa antigua máxima no rige para la clase política chilena que engaña hasta los refranes. Con el cierre del proceso de inscripciones de postulantes a la constituyente se puso fin al primer tramo del corral construido por ésta y el bloque en el poder para consumar el escamoteo de los objetivos del Estallido Social. La trampa, y punto de partida para la consumación de este robo, estuvo dada en el acuerdo con el que pretendieron desplazar a la población del protagonismo social y de la solución de los problemas que demandaba, suscrito por la mayor parte de la clase política en noviembre de 2019. Luego de ello, se abocaron a diseñar la ley que pusiera la mayor cantidad de condiciones, trabas y limitaciones al ejercicio democrático del pueblo con la finalidad de garantizar la salvación propia y la salvación del modelo de explotación al que esos políticos sirven y se deben.
Nos enfrentamos al absurdo de que la clase política, carente de legitimidad social, se ha adueñado del proceso constituyente, ha secuestrado la soberanía popular, y ha arbitrado las formas y métodos en que este proceso debiera desarrollarse. Absurdo e inaudito. Una de las principales demandas ciudadanas del Estallido consistió, precisamente, en manifestar el repudio con la política institucionalizada exigiendo su dimisión y su reemplazo. Las reiteradas prácticas de corrupción, de descomposición moral, de falta de actitud de servicio público, de servilismo (pagado o ideológico) hacia el gran empresariado, llevaron al descrédito total de la clase en su conjunto, provocando el rechazo y el hartazgo de la población con los ocupantes del Congreso, de las instituciones de Gobierno, y de la administración del Estado.
A la poca representatividad que tenían, se suma el cuestionamiento del conjunto de la sociedad perdiendo con ello toda autoridad política y moral sobre la población. Aun así, estos caraduras pretenden dictar los caminos institucionales que debemos seguir como país. Estos mismos desacreditados personajes son los que ahora han trazado una maraña leguleya entorpeciendo y entrometiéndose en la elaboración de la nueva Constitución para, de ese modo, buscar los mecanismos para que los poderosos puedan continuar con la rapiña y el despojo. Los políticos, por su parte, buscan un espacio desde el cual seguir profitando de posiciones de poder y absorbiendo los recursos del Estado, además de los favores que les puedan pagar los grandes empresarios nacionales y extranjeros.
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Confían, desde luego, en la capacidad intrínseca del modelo para engañar a la población vendiendo sus candidaturas o postulaciones con las mismas técnicas de publicidad y merchandising con que incitan al consumo y con la que han logrado mantener a las mayorías en situación de dependencia. Una característica esencial de este método, que en esta coyuntura los políticos han introducido, es la de banalizar y trivializar el proceso constituyente, rebajando su importancia, minimizando su significación, reduciendo su trascendencia, haciéndolo aparecer como una elección más de las tantas que tienen puestas en la “parrilla” de ofertones electorales para los próximos meses y años. En ese tipo de prácticas nefastas la clase política chilena puede dictar cátedra. En esta ocasión no es distinto y ya desarrollan un impresionante despliegue –sostenido en el rol cómplice de los medios empresariales de comunicación- de postulantes que no se diferencian de cualquier circo electoral de los tantos que acostumbran realizar.
Esta realidad de consumación de una trampa legal y de la reiteración de prácticas propias de la descompuesta clase política, no sólo reafirma la necesidad de avanzar hacia cambios profundos que cierren los espacios para impedir que estas formas de ejercer la labor política sigan persistiendo, sino también de erradicar del ejercicio de la política la presencia de personajes corruptos, carentes de moral y sin ninguna aptitud para el servicio público. Si bien la trampa está tendida y la ley está hecha, eso no significa que esté todo terminado y nada se pueda hacer para cambiarlo. Al contrario. Las trampas se desarman, se desmontan o se destruyen; las leyes se cambian, se derogan o se revocan. Por último, lo esencial es que estamos ad portas de un proceso constituyente y el primer objetivo que debiera plantearse la ciudadanía es recuperar y ejercer el carácter soberano que éste debe tener. La soberanía no se tranza, no se tuerce con trampas ni se amarra con leyes, menos cuando lo que está en juego es definir el destino fundamental del país, de la población, de la ciudadanía toda.
Las exigencias por una Nueva Constitución surgen en el desarrollo del Estallido Social y se sostienen en la necesidad de contar con una Carta Fundamental que termine con las normas que fomentan la explotación, el despojo, el robo, el abuso; que acabe con las premisas que cimientan la desigualdad, la discriminación, la segregación y otras plagas sociales; que ponga término a un Estado condicionado, limitado y reducido, que acabe con un Estado represor y ausente.
La Nueva Constitución es necesaria para abrir las puertas hacia un Chile nuevo y para cerrar las puertas a este Chile opresor y explotador, por más que los políticos se apresten a abordar el camino constituyente con la finalidad de venir a rescatar lo más que puedan de la podredumbre producida en estos 40 años de constitución dictatorial. La nueva Carta Magna debe ser un mecanismo que posibilite que el Estado tenga un papel determinante en la regulación de la economía, en el desarrollo de la sociedad, en la protección de la población y el ambiente.
Este nuevo Chile tiene urgencias imperativas. Es imperativo, por ejemplo, poner término al Estado subsidiario controlado por los grandes empresarios y al servicio de estos y su política de mercado. Es imperativo contar con un Estado que cuente con una política de protección social y capaz de brindar garantías sociales a la población mayoritaria, trabajadora, carenciada y vulnerada. Es urgente que el Estado sea garante de otorgar educación, salud, previsión, en condiciones de servicio público, digno y gratuito, así como de ofrecer solución a los problemas de vivienda, trabajo y servicios básicos primordiales para el desarrollo de la vida en condiciones de dignidad y de respeto a los derechos esenciales. Es imperativo que el Estado recupere y nacionalice yacimientos minerales y restablezca el control sobre la explotación de los recursos naturales para ajustarla al servicio de la comunidad mayoritaria, de las necesidades del conjunto, de la preservación del ambiente y de la protección de los pueblos. Es imperativo que el Estado redefina sus políticas respecto de las fuerzas armadas y formule la creación de nuevas entidades policiales, despojadas del papel represivo y belicoso contra el propio pueblo que ahora sostienen.
De modo que la elección de los delegados a constituyentes no es una elección más, menos un hecho banal o trivial. No estamos frente a una elección cualquiera –como pretenden hacer aparecer y hacer creer el mundillo del establishment – sino frente a una elección de carácter estratégico en donde las personas que postulen a formar parte del proceso de elaboración de la Nueva Constitución deben hacerlo en función de los objetivos reclamados por el pueblo durante y desde el Estallido, pero también reclamados por el pueblo chileno durante los últimos 40 años. En este proceso no sirven las formas “tradicionales” de hacer propaganda política, es decir, no sirve el mercadeo de la politiquería electorera, sino que se requiere de propuestas con contenidos específicos y no de chaya farandulera. Las personas y organizaciones sociales que quieran ser parte de esa responsabilidad deben hacerlo en base a programas y visiones que permitan a la población escoger a aquellas que efectivamente representen los intereses sociales de las mayorías y vayan con el mandato de hacer valer esos intereses en la constituyente.
El plebiscito de octubre pasado ya fue una clara muestra de que la población chilena despertó, que ya no cae en trampas ni es víctima de las trabas que le puedan poner en el camino. En la práctica, más allá del Estallido mismo, en la consulta municipal de diciembre de 2019, primero, y en el referido plebiscito, después, el pueblo chileno manifestó su decisión de que necesitamos de una nueva Constitución y dejó en claro su desprecio por la clase política institucionalizada. Pero es evidente que estos sirvientes del poder no son fáciles de sacar de en medio. Aunque ya se dio el inicio, queda para el pueblo chileno aún un duro y difícil camino que recorrer para alcanzar la necesaria transformación. El comienzo de este camino lo marcó el Estallido Social, lo continuó el contundente resultado del plebiscito de octubre y lo seguirán marcando las próximas barreras que haya que sortear en lo sucesivo.
La constitución dictatorial ya fue defenestrada, es una difunta que hay que terminar de sepultar. Ese ya es un gran avance del pueblo chileno y demuestra que todo es posible de lograr, que nada es absoluto y definitivo, menos aún la oscura Ley 21.200 que los políticos idearon para salvarse a sí mismos y salvar su modelo. Aunque el gobierno de Piñera se encargó de la represión y la clase política del trampeo, no podrá mantenerse eternamente el absolutismo del Gobierno y la cruenta política represiva con que ha intentado aplacar la revuelta. Junto con pretender terminar con la movilización física de la protesta social, Piñera y los suyos han pretendido aplastar el sentido, el objetivo y los contenidos de la revuelta, pero no han tenido ni tendrán el éxito que se adjudican, amparados además en la instrumentalización de la pandemia.
La pandemia de la Covid-19 ha sido, a no dudarlo, utilizada como factor de control y desmovilización por los coludidos del bloque del poder a quienes la crisis sanitaria les ha venido como un gran servicio, pero no es aconsejable que sigan jugando con las vidas y las frustraciones de la población. Ahora pretenden trasladar al espacio constituyente está habilidad para manipular las voluntades de personas según sus caprichos e intereses. Será necesario que el pueblo, las organizaciones sociales, las comunidades, la ciudadanía en su conjunto, desarrollen al máximo sus potencialidades para sobreponerse a las trampas, engaños y maquinaciones de los poderosos durante este proceso de contiendas constituyentes, del mismo modo que debe hacerlo para superar los problemas, los riesgos y limitaciones que impone la pandemia. De todo ello, el pueblo chileno podrá salir adelante con la misma energía y fuerza social que se construyó en el Estallido.
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