Huachipato y la encrucijada sindical
La coyuntura del reciente año transcurrido en la empresa de Huachipato, ha generado que gran parte del activo sindical de la región y los sectores sociales vinculados a la industria hayan volcado su interés por los sucesos que están transcurriendo en el interior de ésta. El proceso de negociación colectiva que tienen los trabajadores contratados, los despidos masivos, la inestabilidad de la directiva del sindicato más influyente en la empresa, el surgimiento del nuevo liderazgo sindical de Mónica Aguilera, la inseguridad de la permanencia de las empresas contratistas o la supuesta crisis económica productiva que atraviesa CAP; son sólo algunos de los elementos que han contribuido a que actualmente se esté llevando adelante un proceso de reconfiguración de las relaciones laborales y sociales imperantes en CAP Acero. El presente artículo pretende realizar un análisis socio-histórico sobre la acción sindical en CAP, que permita comprender cómo se ha configurado el sindicalismo en una de las industrias con mayor relevancia en la región.
Hegemonía del Gremialismo en el sindicato
Desde el comienzo de la década del 1970, Huachipato asume una política de unificación sindical de los trabajadores contratados de la industria: creando el Sindicato Único de Huachipato y buscando la integración entre aquellos trabajadores que tenían las categorías de obreros y de empleados administrativos. En la época del gobierno de la Unidad Popular, al interior del sindicato existía una fuerte intervención de distintas tendencias políticas, representadas por aquéllas denominadas como Gremialistas, Demócratas Cristianos, Mapusistas, Comunistas, Radicales Social Demócratas y Trotskystas, por nombrar a algunos. Las tendencias opositoras al gobierno de Salvador Allende tenían una fuerte presencia en la industria: en la elección sindical del 6 de septiembre de 1973, habían logrado el triunfo electoral teniendo 6 de los 11 miembros de la directiva de la asociación, asumiendo la presidencia el Demócrata Cristiano Pedro Briceño (quien, posteriormente, romperá con su partido para sumarse a las tendencias gremialistas que apoyaban a la dictadura militar). A partir de dicha elección, la directiva sindical no se renovaría hasta 1980, cuando se reabre el proceso electoral. Esto generó un estancamiento en el proceso de participación social de los trabajadores en su sindicato, ya que la directiva sindical respaldaba a la dictadura militar y a la administración de la empresa, existiendo una alianza de trabajo y colaboración mutua entre estos tres sectores durante todo el período del régimen autoritario. Esta Alianza buscaba como objetivo político generar bastiones sindicales de apoyo al régimen y sostener un pacto de consenso y orden social al interior de la industria, evitando el conflicto sindical.
A partir de la dictadura militar, existirá un proceso de consolidación de las fuerzas políticas proclives a la dictadura y un debilitamiento de los partidos políticos de izquierda y de centro. Lo anterior se debió a que, por un lado, los partidos de izquierda sufrieron una fuerte represión social; llegándose a generar despidos, persecución política, exilio, ejecuciones y vigilancia militar directa a los trabajadores al interior de la empresa. Por otro lado, la tendencia Demócrata Cristiana se veía debilitada producto del quiebre político que encabezó Pedro Briceño, generando un desligamiento considerable de la militancia del partido, debilitando cuantitativa y cualitativamente a dicha estructura partidaria.
En el caso del Gremialismo, éste se consolidará producto de la incorporación de la fracción que había roto con la DC, encabezada por Pedro Briceño; pero también por una política paternalista que asumiría con los trabajadores al interior de la empresa, por medio de convenios entre estos dirigentes, la empresa y el gobierno de turno. Los medios de control social utilizaron las tendencias de derecha presentes en la directiva y será por medio de una serie “mecanismos de aceptación alternativos”, que no dispondrán todos los dirigentes, los cuales serán: 1) Sistema de préstamos directivo-dependientes que tendrá la empresa hacia sus trabajadores pero que gestionaran los dirigentes. 2) Aceleración de trámites burocráticos empresariales. 3) Eventos como Cenas y asados para adherentes y simpatizantes. 4) Paseos gestionados por la empresa-gobierno. Estos mecanismos serán posibles de gestionarse producto de la colaboración que dispondrá la empresa con el gobierno hacia dicha tendencia.
A partir de la elección sindical de 1980 y por medio de la Huelga legal de 9 días de 1979, se volverá a generar el proceso de participación social a partir de las bases sindicales, reactivándose la articulación de distintos frentes sindicales organizados impulsados por los partidos políticos. A partir de dicho proceso, se articulará esporádicamente una agrupación de tendencias opositoras a la dictadura militar y al gremialismo llamado “Frente de Trabajadores Libres”, que buscará disputar la directiva sindical, logrando poseer la mayoría directiva sólamente en el período 1980-1982. En este escenario, se activarán las bases sindicales del Partido Comunista, la Democracia Cristiana, el Partido Radical o el Partido Socialista; también surgirá el denominado Movimiento Alternativo Sindical (MAS), que logrará agrupar a aquellos activistas sindicales críticos de la conducción que asumían los partidos políticos tradicionales de oposición. Fue el mayor referente de izquierda al interior del sindicato en la época de la dictadura, producto de que lograron posicionar en reiteradas ocasiones a miembros de su movimiento en la directiva sindical. Entre sus militantes, se destacaba a líderes sociales como Juan Pollizi, Manuel Araneda, Juan Aliaga y Javier Arros; siendo este último electo en 3 períodos seguidos y asumiendo la vicepresidencia del sindicato. En el caso de las tendencias gremialistas, éstas crearán sus agrupaciones político sindicales denominadas como Acción Sindical Chilena o como la Comunidad Laboral de Huachipato, siendo los grupos operativos de los dirigentes sindicales.
Transición nacional y al interior del sindicato Único
En el comienzo de la década de 1990, en el interior del sindicato existirá un proceso de transición política y de reordenamiento sindical en la industria de Huachipato, producto de la pérdida de influencia de los sectores gremialistas; en contraste con el posicionamiento de aquellas tendencias más proclives a un sindicalismo de conflicto o de clase (como lo era el MAS, el PC y ciertas tendencias del PS) y un sindicalismo de Consenso (como lo era la DC y ciertas tendencias del PS). En 1991, en Huachipato se realiza la Huelga Legal, producto de la negociación colectiva que se llevaría en aquel entonces. La correlación de fuerzas al interior del movimiento se sujetaría entre aquellos que no apostaban a generar la huelga (encabezados por el gremialismo, que poseía la mayoría de la directiva sindical), y los opositores al gremialismos, quienes asumirían la conducción de la huelga por medio de la tendencia minoritaria de la directiva sindical. Aquí resaltaron las figuras de Hernán Cortés (DC), Héctor Medina (PS) y Juan Aliaga (MAS), en conjunto del Cuerpo de delegados sindical.
Por medio de este proceso de Huelga, en la siguiente elección, quienes asumieron el liderazgo en el sindicato fueron aquellos activistas que se destacaron por su rol de agitadores y de organizadores en el conflicto; generándose un proceso de aumento de expectativas políticas en los dirigentes sindicales que en dicha huelga habían asumido una postura más radical y consecuente con sus compañeros históricos del movimiento. Fue el caso de Héctor Medina, quien en una misma entrevista al diario El Sur, declararía en pleno proceso de conflicto laboral lo siguiente: “Me siento orgulloso del trabajador huachipatino. Para confirmar una huelga cerca a una pascua o a un Año Nuevo hay que ser hombre. Y el huachipatino lo es. Esto nos indica que este gremio, que dio orientaciones hace 20 años o más, puede volver a ser eso. Las próximas negociaciones serán distintas.”.
Durante el comienzo de esta década, el proceso de transición política se verá envuelto por la integración de tendencias que no habían asumido un mayor protagonismo en la directiva Sindical, como lo era el Partido comunista; pero también por la posición en la presidencia que había asumido el MAS por el lapsus de un año. También existirán las grandes Huelgas , como la de 1991, que tendrá una duración de 39 días; o la de 1995, de 28 días y que tendrá una importancia considerable. A partir de dicho conflicto, se volverá a consolidar una tendencia en la directiva sindical que no apuesta al conflicto social, si no que busca consolidar un orden social y una relación de subordinación desde el sindicato hacia la empresa. Cabe destacar que, posteriormente a la Huelga de 1991, existió el primer quiebre sindical con el modelo de sindicato único imperante; fundándose el sindicato de administrativos y profesionales de la industria, que abiertamente se declarara como un sindicato de tendencia gremialista.
Unión de la tendencia Gremialista y Concertacionista tradicional en CAP
A partir ya de la Huelga de 1995, el proceso de expectativas políticas y de respaldo hacia las agrupaciones políticas o hacia los caudillos de la DC, como Hernán Cortés o de facciones del PS, como Héctor Medina; se verá anulado producto del cambio que se visualiza en las prácticas sindicales que asumirán estos dirigentes. Por un lado, éstos utilizarán los mecanismos de aceptación alternativa que anteriormente utilizaban los gremialistas, como Pedro Briceño o Eleazar Vargas. Por otro, asumen posturas sindicales más proclives a un sindicalismo empresarial o de subordinación, apostando a no generar conflicto con la industria; cuestión que se visualizará concretamente a partir de la huelga de 1995. En dicho conflicto sindical, se apreciaban aquellas tendencias que no apoyaban la Huelga, encabezados por la mayoría casi total de la directiva sindical (especialmente por los gremialistas, Hernán Cortés y Héctor Medina); en contraste con el comité de Huelga que estaría encabezado por Manuel Araneda (Militante del PS y del MAS) y de otros activistas sindicales proclives al sindicalismo de clase.
Una vez finalizado el Conflicto podía visualizarse que existía una deslegitimación de las tendencias políticas gremialistas y en figuras como Héctor Medina o Hernán Cortés, producto de su postura en torno a la huelga y de sus prácticas de intentar generar una anulación del conflicto, cuestión que visualizaron las bases sindicales. En medio de dicho proceso, quienes asumirán un mayor posicionamiento sindical serán aquellos que habían asumido el liderazgo de la Huelga. A partir de la elección de la directiva sindical de 1996, podría haberse generado un desplazamiento, de las tendencias pro-empresa hacia las posturas proclives al sindicalismo de Conflicto; pero esto no se pudo comprobar, ya que, en enero de 1996, despidieron a los principales agitadores de la huelga y a sus grupos operativos. Esto generó una abolición considerable de las tendencias que apostaban a reactivar un movimiento sindical más cercano al sindicalismo de clase, despidiendo a antiguos dirigentes sindicales, como Manuel Araneda, Carlos Bustos (PC) y a Javier Arros.
El despido de los trabajadores generó un impacto relevante en el sindicato de Huachipato, puesto que existió un sentimiento de inseguridad entre aquellos que quisieron aspirar a generar conflictos sindicales; pero también porque se anulaba el cuerpo de delegados, motor del sindicalismo de Huachipato. Este cuerpo era quien potenciaba la participación social, fomentaba nuevos liderazgos, fomentaba que el sindicato fuera más democrático y permitía una circulación más fluida de la información. Estos elementos vendrían acompañados de un pacto político que existiría entre los gremialistas y ciertos sectores de la concertación en función de no sostener huelgas ni apostar a generar conflictos con la empresa. A partir de la década del 2000, se visualiza abiertamente que estas tendencias trabajan en conjunto y asumen un control sin mayor oposición al interior del sindicato.
Condiciones Laborales en CAP y Elite Obrera
Las condiciones laborales de los trabajadores de Huachipato han sido un claro ejemplo del modelo de empresa Fordista que potencia la identidad obrera muy vinculada al paternalismo empresarial en sus orígenes, pasando en la actualidad a tener las características de los modelos laborales que flexibilizan y precarizan el trabajo en las sociedades neoliberales.
A los trabajadores de Huachipato se les tendía a comparar con el status que tenían los trabajadores del cobre, por su capacidad de ingreso económico y por los beneficios sociales que tenían, constituyéndose en una élite obrera. Los beneficios sociales provenían directamente desde los servicios que otorgaba la empresa, como lo era un servicio médico y las bonificaciones económicas por medio del contrato colectivo. Los beneficios sociales y de becas que tenían los trabajadores, en gran medida, dependían exclusivamente del sindicato, el cual posee hasta la actualidad cuatro medios de financiamiento: 1) cuotas sindicales de los trabajadores, 2) donaciones de la empresa, 3) utilización de los bienes del sindicato como fuente de financiamiento (como su estacionamiento, el predio de Quillon y sus sedes sindicales). Este sindicato es el que había gestionado cooperativas de comercio para los trabajadores y de vivienda que crearon los distintos barrios en los que en la actualidad viven muchos huachipatinos.
CAP Acero fue una industria que potenció la formación mental de los trabajadores de su industria que tuvieran aspiraciones de ascenso social en la sociedad, buscando cierto desligamiento del resto de los trabajadores de la región. Estos hechos pueden observarse por medio de hechos tanto de tipo económicos como simbólico-identitarios. Por un lado, la capacidad de ingresos económicos y de beneficios sociales que poseían, sería un hecho económico. Por otro lado, la política de privatización de la empresa por medio del capitalismo popular (vendiendo acciones de la empresa estatal a sus trabajadores en la década de 1980), potenció que los trabajadores adquirieran la ideología de los propietarios empresariales abandonaran los postulados del proletariado autónomo del capital. Estas acciones mercantiles trajeron beneficios económicos considerables, ya que la mayoría de los empleados, al venderlas a corto plazo, pudieron adquirir bienes materiales. El trasfondo de la política del capitalismo popular también buscó legitimar el proceso de privatización de las empresas estatales dentro de los trabajadores, haciéndolos partícipes del proceso de privatización y de enajenación de las propiedades estatales; constituyéndolos así en agentes activos de la privatización. Un último elemento a considerar fue que, en la década de los ochenta, se eliminaron las categorías de obreros en los contratos, teniendo todos los trabajadores la categoría de “empleados”.
Los procesos de reajustes de sueldos y beneficios económicos que tenían los trabajadores era por medio de las negociaciones colectivas. En diversas ocasiones, los mecanismos utilizados en la negociación furon los convenios colectivos con negociaciones anticipadas, para evitar las huelgas de los trabajadores. Desde la apertura de las negociaciones colectivas en CAP Acero, aquellos grupos sociales que aspiraban a no tener huelgas con la industria, generaban los mecanismos para poder poseer el control de las negociaciones solicitando que los dirigentes pudieran negociar y firmar los acuerdos sindicales sin la potestad de preguntarle a la asamblea sindical. Las dinámicas que se dieron posteriormente a la última Huelga de 1995 fueron negociaciones anticipadas, donde los trabajadores se satisfacían por los bonos que ofrecía la empresa para evitar los conflictos. Esa dinámica conllevó a que durante el 2000, los trabajadores perdieran beneficios sociales, afectando a las nuevas generaciones de trabajadores de la industria. Los antiguos quedaban sujetos a un contrato de trabajo en el sistema de categorías 0-16, mientras que los contratados posteriormente al 2003, estarían sujetos a un modelo de trabajo más flexible, llamado “balanced Scorecard” y no poseían 10 cláusulas del contrato colectivo que sí tienen los trabajadores contratados previamente al 2003.
A partir del proceso de privatización de la industria en la década de los ochenta, se había empezado a externalizar los servicios, generando la sub-contratación en la industria de Huachipato. En la década de los ochenta, ya existían alrededor de 1000 trabajadores sub-contratados para la empresa, habiendo todavía una preponderancia de los trabajadores contratados. Según una investigación de un tesista de la carrera de Sociología de la Universidad de Concepción, en el año 2012 existirían alrededor 1739 trabajadores contratados; en contraste con los 3000 trabajadores de empresas contratistas, los cuales no disponen de los mismos beneficios sindicales que los trabajadores contratados.
Últimas consideraciones
Por medio de estos precedentes, podría afirmarse que la derrota en cuanto al posicionamiento social del gremialismo fue el no volver a tener una mayoría sindical en la dirigencia del sindicato desde la década de los 90´ hasta la actualidad; pero su triunfo político-social fue el haber logrado que aquellas tendencias que asumían un sindicalismo de consenso o de conflicto, hayan modificado su accionar y sus prácticas sociales hacia el sindicalismo empresarial que promulgaban los gremialistas, constituyéndose en agentes funcionales para sostener el orden político que había erigido Pedro Briceño en conjunto con los gremialistas en la década de los 80´. Esta serie de procesos generarían que, en determinado momento, la deslegitimación en la directiva tradicional sería de tal trascendencia que provocaría una desaprobación a las prácticas llevadas por la ésta, cuestión que puede visualizarse en el proceso actual de inestabilidad político-sindical.
