Joaquín Pérez, director de la Agencia ANNCOL no pertenece a las FARC y ni falta que le hace. Abandonó Colombia hace un cuarto de siglo, huyendo de la matanza de más de 4 mil militantes de la Unión Patriótica UP, amplio y exitoso movimiento de izquierda que buscaba una salida políticas a la guerra social colombiana, y por el cual Joaquín era concejal en Corinto, Valle del Cauca, a principios de los 90. Después del asesinato de su esposa, pidió y le fue concedido asilo político en Suecia, donde fundó una familia, se dedicó al periodismo y a propiciar una salida pacífica para su Patria. Nunca volvió a Colombia donde está condenado a muerte.

La Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL) fue fundada en 1996 por periodistas latinoamericanos y europeos. Mantiene un sitio de Internet desde 1998. Sus metas son «... informar sobre Colombia... ser un vocero de los sectores sin voz en Colombia sobre acciones de movimientos populares, sindicatos y comunidades avanzadas de los países latinoamericanos.... que combaten el neoliberalismo y la explotación de las personas».

¿Por qué entonces su director es acusado de terrorista por el Gobierno colombiano? Muy fácil: el gobierno colombiano tiene absoluto monopolio de los medios dentro de sus fronteras pero ANNCOL, desde Suecia, es el cuarto sitio web más leído en Colombia, con 800.000 visitas diarias y un considerable impacto informativo a nivel internacional. ANNCOL es el medio más importante de los últimos años en Colombia. Entre sus denuncias aparece la utilización de bases militares para la agresión a otros países, la masacre de civiles en la tragedia de los falsos positivos y la corrupción y nepotismo en el gobierno colombiano.

Son legendarias las acusaciones de Bogotá contra ANNCOL por publicar comunicados de las FARC, criticar las políticas neoliberales, presentar una visión realista del paramilitarismo y mantener una férrea oposición a Uribe. A pesar de las reiteradas investigaciones que han demostrado la ausencia de pruebas y elementos formales para acusar a ANNCOL de alguna conexión con las FARC, y a pesar de que periodistas europeos han verificado que las FARC tienen órganos de comunicación propios abiertamente identificados con ellas, los ataques continuaron.

La medida de la efectividad de ANNCOL la dio el canciller colombiano, Jaime Bermúdez cuando informó de la decisión de su Gobierno de poner en marcha una estrategia internacional para hacerle frente a la "diplomacia" exterior de las FARC. Para los periodistas de ANNCOL esto era una amenaza directa, viniendo del mismo Bermúdez que en Marzo 2008 pretendió justificar el bombardeo de territorio ecuatoriano por las Fuerzas Militares de Colombia en la "Operación Fénix" en la que murió el guerrillero "Raúl Reyes".

Para los periodistas de ANNCOL la campaña gubernamental contra ellos se debe a su tarea de disenso y denuncia de "las numerosas arbitrariedades cometidas (por el gobierno (de Uribe) en contra del pueblo colombiano" (…) "No pudiendo desmentir lo anterior, apela a la mentira, la maña, la injuria, el engaño, los sabotajes y a los montajes". Estaban acostumbrados. Pero cuando el mismo Presidente Uribe declaró: "Y a esos criminales y a ese psiquiatra y a otros bandidos, que son colombianos profesionales que viven por allá en Suecia y en otros países, a todos, a todos tenemos que acabarlos", los trabajadores de ANNCOL pidieron la protección del gobierno sueco. No era paranoia ni aspaviento: el esbirro que los espiaba desde la embajada, Ernesto Yamhure era ex asesor del genocida paramilitar Carlos Castaño, y nadie ignora que por cada palabra dicha por Álvaro Uribe en su carrera política hay un cadáver con la boca llena de sagrada tierra colombiana.

Incluyendo los asuntos de Estado, un revolucionario puede equivocarse en todo, menos con las personas. Joaquín Pérez es refugiado político con 25 años fuera de Colombia y larga trayectoria periodística. Y Chávez, tantas veces acusado de complicidad con las FARC, sabe lo que valen los "Códigos Rojos" de Interpol; y que los abrazos de unidad latinoamericana no incluyen besos a Santander ni pisotear las fosas comunes de miles y miles de campesinos, obreros, militantes de izquierda, sindicalistas, indígenas, defensores de Derechos Humanos y progresistas de Colombia.

La Patria Grande no se construye avalando mentiras. Nada, nada, absolutamente nada, vale el precio de esta entrega que, peor que un crimen o una infamia, es una torpeza y una falta que nunca debimos cometer.