Impuesto a los más ricos: justicia social para los y las trabajadoras
En Opinión
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Con todo, pese a esas crisis cíclicas, durante las últimas décadas la clase capitalista chilena logró acumular unas pocas fortunas “llamativas” -por decirlo menos. De hecho, surgieron los denominados súper ricos, personajes que creíamos propios de Qatar, Luxemburgo o Singapur y que corresponden al 1% más rico de Chile (3). La emergencia de esta nueva clase de millonarios resulta tan contradictoria como obscena en un país donde el salario mínimo legal apenas alcanza las $320.500 brutos -sin descuentos- a marzo 2020, alejándose totalmente del costo de la vida actual en condiciones básicas en Chile.
Según la metodología de medición de pobreza por ingresos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la línea de la pobreza en marzo es de $ $170.851 por persona, esto implica que para un grupo familiar promedio de cuatro integrantes la línea de la pobreza se encumbre en los $ 683.404. De este modo, aunque dos adultos sean asalariados en un grupo familiar, lo cierto es que, en términos generales, apenas podrán sobrevivir y ciertamente no podrán salir de la pobreza. Serán técnicamente pobres.
Decimos en términos generales porque, por supuesto, no todos los trabajadores perciben el salario mínimo. No obstante, el estudio “Los verdaderos sueldos de Chile 2019” de la Fundación Sol, utilizando los datos levantados anualmente por el INE en la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), pone en evidencia que los salarios medios tampoco son alentadores. El 53,1 % de los trabajadores gana menos de $400.000 y el 68,9 % de los trabajadores gana menos de $550.000. Es decir, casi el 70% de los trabajadores no pueden sostener por sí solos a un grupo familiar sobre la línea de la pobreza.
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Por todo lo anterior resultan chocantes las declaraciones del decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián don Gonzalo Edwards a Radio Futuro el pasado martes 09 de junio, en las que afirmó que: “La gente se endeuda no porque los endeuden, sino porque ellos se endeudan. El gran responsable de endeudarse por encima de lo que pueden pagar son los adultos mayores de 18 años"
La casa de estudios superiores a las que pertenece este decano -en alianza con Equifax- se han otorgado por misión elaborar el Informe de Deuda Morosa. El último informe arrojó que los deudores morosos en Chile en marzo de 2020 alcanzaban la impresionante cifra de 4.815.695 personas. El informe, aunque se trata de un insumo cuantitativo de excelente calidad, lamentablemente, no cuenta con un análisis cualitativo. Si lo tuviera, pondría primero que todo la atención en el hecho de que la cantidad de morosos -y no decimos endeudados, decimos morosos- supere a la mitad de la fuerza de trabajo del país. ¿La gente se endeuda porque quiere, por qué es agradable estar endeudado y recibir el acoso de las empresas de cobranza? Si es así, esto habla de la audacia de las y los chilenos. Pero, honestamente, parece una tesis poco plausible.
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A la luz de los datos arriba expuestos, resulta más plausible la tesis sostenida por la Dra. en Ciencias Humanas Aplicadas e investigadora del Núcleo Milenio “Autoridad y Asimetrías de Poder” Lorena Pérez que ha formulado el concepto “extensión salarial” para referirse al endeudamiento no como una decisión libre del consumidor, sino como una necesidad imperante para lograr cubrir sus necesidades básicas.
Por otra parte, y también en base a los datos expuestos, llaman la atención las recientes palabras del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) Juan Sutil quien, en conversación con Radio Cooperativa el pasado viernes 05 de junio afirmó que era “un error” el proyecto de ley impulsado por parlamentarios de oposición y que persigue cobrar un 2,5% a las fortunas de los ciudadanos con grandes patrimonios con el objetivo de financiar una Renta Básica de Emergencia. Una iniciativa que supere efectivamente la línea de la pobreza y que permita ir en directo apoyo del 80% de la población más vulnerable.
Es que con pandemia o sin ella, hemos visto que en Chile ha crecido una extrema riqueza que se distancia cada vez más de los salarios medios y mínimos. Que incluso, quienes perciben estos bajos salarios, deben recurrir obligadamente a la “extensión salarial” del endeudamiento para poder solventar sus gastos básicos. De lo anterior, se entiende que un leve impuesto no solo sería un acto necesario en tiempos de pandemia, sino que sería un reconocimiento de justicia social para quienes, hoy más que nunca y cuando el mundo parece detenido, se ha demostrado lo indispensables que son para la creación de riqueza social: los y las trabajadoras.
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