La Acusación Constitucional que pesaba sobre el ex ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, que había sido aprobada por la Cámara de Diputada y Diputados, terminó en el blindaje político que le otorgó el Senado gracias al inexcusable salvamento que le brindaron ciertos integrantes de la ex Concertación en dicha cámara. La actitud de estos personajes de la política nacional no solo provoca impotencia dada la impunidad de que se dotan a sí mismos, sino que también vergüenza al constatar la baja calidad moral y el enorme desapego social de esta podrida élite.
Para esos senadores concertacionistas (DC y PPD) son legales y propias de la acción de gobierno las criminales asonadas represivas de las Fuerzas Especiales de Carabineros ordenadas por el ex ministro del Interior, un individuo responsable de hechos gravísimos que llegó al gabinete portando la bandera del odio y el despotismo, y se encargó de demostrar con creces su vocación dictatorial. Les resulta algo normal, pues las gestiones de sus propios gobiernos también están manchadas con cruentos hechos represivos. Es normal para estos senadores concertacionistas premiar con la impunidad política el fomento de acciones racistas en la zona de conflicto mapuche y la protección que otorgó el gobierno al paro de los empresarios camioneros y sus bandas armadas. El abuso y mal uso del poder con fines políticos es parte de la lógica autoritaria de la derecha que los senadores concertacionistas han hecho suya para servir mejor a sus amos y rentar mejor en sus propios negocios.
Los sucesos acaecidos en Perú en días recientes ofrecen un contraste que no admite muchas interpretaciones. El golpe de Estado en contra del mandatario Martín Vizcarra, protagonizado por la derecha extrema de ese país mediante un complot que decretó la cesación en el cargo del presidente en ejercicio, causó una seguidilla de manifestaciones de repudio a las acciones sediciosas y a la corrupción de la clase política peruana. Las movilizaciones sociales fueron respondidas con una violenta represión por parte del gobierno de facto, generando graves violaciones a los derechos humanos, incluida la muerte de dos manifestantes.
La represión de los golpistas, encabezados por Manuel Merino, un empresario-parlamentario de ese país, generó un incremento de las movilizaciones populares por todo el territorio del Perú. La situación de crisis derivó en la renuncia del gabinete de facto y en la negación de las fuerzas armadas de prestarse a reprimir como le solicitaba el gobierno, lo que trajo consigo la renuncia del gobernante golpista. El Congreso designó un nuevo presidente interino. A ello siguió la apertura de una serie de investigaciones judiciales y de juicios legales contra los responsables de las violaciones a los derechos humanos, los responsables de las muertes, los responsables del complot que derribó a Vizcarra, los responsables de la crisis. Cero impunidad, cero tolerancia a los abusos de los detentores del poder. Las y los peruanos tienen un sentido de la decencia y de la justicia que va un poco más allá de los bolsillos de los componentes de su clase política. Eso en lo institucional, porque en lo social la crisis no se ha detenido sino que se profundiza y radicaliza por parte del pueblo movilizado que, además de juicio y castigo a los responsables, exige terminar con la corrupción, desalojar a la actual clase política de las esferas de poder y convocar a la redacción de una nueva Constitución.
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En Perú, el presidente interino designado para suceder al renunciado golpista inició su gestión pidiendo perdón por las graves violaciones a los derechos humanos y, en particular, por las víctimas que la represión gubernamental había causado. En Chile, en cambio, campea la impunidad. Imperan los abusos, los arbitrios, los atropellos por parte de los gobernantes, de los poderosos, y de sus aparatos represivos y uniformados. Luego, el gobierno y la clase política se encargan de encubrir los delitos, de justificar la violencia represiva ejercida por los aparatos del Estado, de ocultar las verdades, de proteger a los hechores y de tejer mantos de impunidad sobre los responsables. Impunidad para el poderoso y para el corrupto es la regla que llena de vergüenza la práctica de la actual clase política institucionalizada en nuestro país.
En Chile, la cultura de impunidad instalada en el hacer de la clase política y de los poderes, genera que nadie asuma sus responsabilidades, que ninguna autoridad política se haga cargo de sus errores, de su actuar negligente o de sus delitos. Todo se lo permiten, se lo consienten, se lo justifican, por el sólo arbitrio del poder. El poder político no se entiende como un deber de Estado sino como un privilegio de impunidad, de inmunidad, de autocracia. Esta cultura de la impunidad se ha esparcido como plaga en los estamentos vinculados al poder y posibilita que individuos como Mario Rozas, General Director de Carabineros, permanezca impasible en su cargo pese a los cientos de hechos deleznables protagonizados por miembros de la institución de Carabineros durante el tiempo que él ha ejercido el puesto de Director. El manto protector se lo ha tendido el Gobierno, en la persona del presidente Piñera y de sus sucesivos ministros del Interior, quienes han blindado a Rozas y sus subordinados, propiciando la multiplicación de delitos de derechos humanos y de conductas corruptas de sus funcionarios.
El caso del adolescente lanzado al lecho del río Mapocho no bastó para que el Senado se dignara a aplicar una sanción política a Pérez Varela, ni para que Piñera destituyera a Rozas. Cada vez que se producen estas acciones oficiales de autoridades e instituciones tendientes a proteger hechos y delitos de sus pares y sirvientes, abre las compuertas para que el daño se amplifique y la plaga se esparza. El día de ayer, en Talcahuano, Carabineros baleó a menores de edad hospedados en un recinto colaborador de Sename; hace rato que estos agentes represores rebasaron el vaso, pero ya es hora de que Rozas sea despedido y los responsables políticos de estos hechos criminales asuman sus responsabilidades. Aunque ya sepamos que Piñera se cree César, el perfecto, tiene que hacerse cargo que es presidente del país, no el generalísimo de su guerra de ficción, y tomar medidas definitivas con este deplorable General Director y su más deplorable institución; ya basta de sus gustitos por la impunidad a todo evento.
Esta práctica recurrente está instalada con total desvergüenza tanto en los salones de la institucionalidad política como en los estrados de los tribunales ordinarios, con mayor descaro aún en los tribunales militares cuya función pareciera ser encubrir y proteger a los uniformados involucrados en delitos. En Chile “las instituciones funcionan”, pero lo hacen solo para garantizar la protección y el libre albedrío de los detentores del poder y de sus sirvientes lacayos, eso es lo que refleja esta impunidad política otorgada por el Senado al ex ministro Pérez Varela quien, desde luego, cuenta con la total protección de los componentes de su alianza gobernante.
Estos mismos desvergonzados miembros del Senado chileno son los que se arrogan para sí potestades legales con la finalidad de controlar y manipular la Convención Constituyente y torcer así los contenidos de elaboración de la nueva Constitución. Precisamente, una de las cuestiones que debe zanjar ese nuevo texto es garantizar las condiciones y disponer las normas para terminar con estos flagelos de corrupción e impunidad y, al mismo tiempo, disponer las garantías y las leyes necesarias para que los delitos de esta naturaleza sean oportuna, efectiva y eficazmente sancionados por la justicia. La Constitución debe ser el instrumento para garantizar que las instituciones en Chile estén al servicio de los ciudadanos del país y funcionen para defender los intereses colectivos de las comunidades; deben dejar de ser los instrumentos de conveniencia que son ahora al servicio de los poderosos y sus sirvientes.
De allí la importancia de no permitir que estos mismos agentes de la clase política institucionalizada se apoderen de un proceso constituyente surgido en las calles y logrado por el pueblo movilizado. Escamotear las luchas del pueblo para convertirlas en plataformas útiles a sus fines mezquinos es una práctica habitual en la que la clase política tiene mano larga y manga ancha, de modo que la población no puede dejarse ni engatusar ni esquilmar por estos desvergonzados gatos de campo.
No es casual que estos mismos sujetos de la descompuesta clase política chilena se salven entre ellos para continuar con sus privilegios y sus fechorías; que impongan sesiones secretas para que nada se sepa cuando se trata de investigar sus sucias maniobras a favor del gran empresariado y de sí mismos, como ocurrió con el reciente perdonazo tributario otorgado al Grupo Penta a través del Director del Servicio de Impuestos Internos; entre otras vergüenzas.
No es de extrañar que ahora pretendan, además, imponer el voto secreto como mecanismo de resolución en las sesiones de la Convención Constituyente. Esto demuestra el verdadero frenesí de corruptela y cocinería que domina a la clase política, pues intentan exprofeso manchar con prácticas oscuras y manipuladoras a los componentes de una instancia que debiese ser emblema de transparencia, que se crea y se hace para terminar con las sucias prácticas de cohecho y sobornos, que tiene entre sus objetivos construir una nueva forma de hacer política. Cada día que pasa, cada detestable acción que ejecutan, reafirma la necesidad de cambiar de raíz las condiciones estructurales que hace posible la existencia de esta casta de aprovechadores que no hacen más que manchar de deshonra y vergüenza la actividad política.
RESUMEN.Fotografía principal: LT.
