En el contexto del Estallido Social de 2019, el incendio de la bodega de Kayser en Renca destaca como una de las tragedias más dolorosas para la comuna y el país, al ocurrir el deceso de cinco personas al interior del local durante el siniestro. A cuatro años del incendio ocurrido en la bodega, los familiares de los fallecidos aún no encuentran justicia y se mantienen movilizados para esclarecer las dudas sobre las irregularidades presentes en el proceso de investigación y el establecimiento de una memoria colectiva por las víctimas.

Por Michelle Martínez

Dos días después de iniciado el Estallido Social, el 20 de octubre de 2019, en Renca, Región Metropolitana, ocurrió un incendio que devastó las dependencias de la empresa textil Kayser. Ese día se marcaría un hito en las movilizaciones sociales al morir cinco individuos dentro del recinto: Manuel Muga (59), Andrés Ponce (38), Julián Pérez (51), Luis Salas (47) y Yoshua Osorio (17).

El fallecimiento de estas personas resonó en el resto del territorio producto de la poca claridad en relación a las circunstancias de los decesos, ya que el Servicio Médico Legal (SML) declaró que murieron producto del incendio, mientras que el Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAF), realizó peritajes externos que revelaron la posibilidad de una gestión irregular por parte del organismo de acuerdo a lo concluido en el informe de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputadas y Diputados de julio de este año.

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Tras estas indagaciones, hasta la fecha, los familiares de los fallecidos han mantenido una lucha judicial para conocer la real naturaleza de los hechos ocurridos en las dependencias de la empresa Kayser y así determinar si existen responsables del incendio y de las lesiones periciadas por el ECHAF.

Movilizaciones por la memoria de las víctimas y actualidad del caso

El pasado 20 y el 21 de octubre se convocaron tres instancias de conmemoración del fallecimiento de las víctimas del incendio en Renca: una velatón en las ex bodegas Kayser, una marcha, y para concluir las jornadas, se realizó un acto cultural en el lugar del incendio. En dichas instancias, participaron las y los familiares de las víctimas del incendio, organizaciones sociales y los abogados querellantes, quienes se reunieron para recordar a las víctimas.

Resumen conversó con Solange Arias, la madre de Yoshua Osorio, la víctima más joven del incendio, quien declaró que estas actividades de memoria son “para recordar y para que no se olvide el caso, Además, porque queremos que la ex bodega Kaiser sea un sitio de memoria. Sería el primer sitio de memoria fuera de la dictadura. Por eso tiene tanta, tanta importancia para mi familia. Así tendremos un sitio donde poder recordar a Yoshua, porque cada 20 de octubre se hace una conmemoración en el lugar".

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En relación a las indagatorias del caso, Arias acusa demora en el avance del proceso y en la gestión de José Morales, jefe de la Fiscalía Santiago Norte, a cargo del caso desde 2019: “La verdad es que ha sido lento el proceso de investigación. Ya cumplimos cuatro años. Aparte de ser lento, ha sido doloroso. Al principio, el fiscal del caso no actuó como correspondía. No nos daba información. La investigación que se está haciendo ahora debería haberse hecho al principio, nos hubiéramos ahorrado hartas cosas" afirma.

Lo último se vincula al hecho de que, a finales de enero del presente año, se autorizó la exhumación de Yoshua Osorio y Andrés Ponce por orden del fiscal de Santiago Norte, tras solicitud de las familias, quienes advirtieron irregularidades en los procesos de peritajes realizados por el Servicio Médico Legal (SML). «Aún no hay resultados, han pasado 9 meses desde la solicitud. El hecho de dar ya el pase para poder exhumar el cuerpo de mi hijo y del otro familiar ya es un avance (por parte de Fiscalía). Ahora solamente estamos a la espera de los peritos, porque no es un perito, son varios: de Derechos Humanos de la PDI, más los del Servicio Médico Legal y un perito externo”, señala la madre de Osorio.

Resumen tomó contacto con Fiscalía Santiago Norte para consultar sobre el proceso investigativo, pero declinaron entregar declaraciones.

Debido a la demora en las indagatorias, según acusan desde las familias afectadas, Arias se refiere a la querella interpuesta contra todos los que resulten responsables, persiguiendo, “la pena máxima para ellos". En esta línea, Matías Soto, abogado querellante del caso, complementa que «por el momento, no hay hipótesis sobre imputados a los crímenes derivados del incendio. Lo que sí puede afirmarse, es que no está descartada la participación de terceros en los hechos que está investigando en la Fiscalía de Centro Norte».

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A esto, el abogado querellante agrega que, “es vital recordar que, si bien, no hay imputados (por los actos incendiarios), existe una querella iniciada por el Ministerio Público en contra del carabinero David Moreno, quien ha sido formalizado por grabar los cuerpos de las víctimas humeando mientras hizo un recorrido por el sitio del suceso sin autorización, lo cual fue filtrado posteriormente en redes sociales. La formalización del uniformado ocurrió el 13 de marzo de 2023, y se le acusó por los delitos en contra de la vida y privacidad de conversaciones. De forma paralela, nosotros interpusimos una querella el 25 de mayo contra los carabineros Luis Carrasco y Brandon Bravo, por los delitos de obstrucción a la investigación".

Antecedentes  y presuntas irregularidades en la investigación

En el informe realizado por la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, aprobado a mediados de este año, se señala una diversidad de factores que alteraron el correcto proceso de investigación por parte de las autoridades. Entre los más destacados, se menciona el hecho de que, durante el incendio, las instalaciones de la empresa Kayser estuvieron sin protección perimetral, lo que permitió que terceros ingresaran a los interiores de acuerdo a lo explicado por el abogado de las víctimas a Resumen.

Sin embargo, lo más importante en relación a los procesos de investigación se vincula directamente con los peritajes realizados por el Servicio Médico Legal (SML), el cual indicaba que la hipótesis del fallecimiento de las víctimas indicaba la inhalación de dióxido de carbono al momento de consumarse el incendio, siendo este humo el que presuntamente aturdió a las víctimas e impidió su oportuno escape.

Considerando el contexto del caso, el Equipo Chileno de Antropología Forense y Derechos Humanos (ECHAR), realizó un metaperitaje para analizar los protocolos y las evidencias recabadas por el SML, lo que concluyó en que «se hizo el análisis de los antecedentes de cinco casos, de los cuales es posible extraer conclusiones alternativas que hacen probable la existencia de un grupo de personas lesionadas antes o durante su muerte». En el informe declarado en la comisión, se describe explícitamente que en el cadáver de algunas víctimas se encontraban lesiones de tórax, lesiones sangrantes en el cráneo y lesiones de costillas que implican presuntamente incongruencias en las circunstancias de muerte declaradas por el SML, acotó Matías Soto.

En línea con lo anterior, el abogado querellante comenta que el proceso de investigación ha revictimizado a los familiares, debido, “no solo a una estigmatización, sino que también a una criminalización desde el día uno del caso. Una de las hijas del señor Manuel Muga se dirigió a la Séptima Comisaría de Renca y realizó una denuncia por presunta desgracia. Le dicen en ese mismo momento, mientras la están atendiendo: ‘Bueno, quizás su padre se fue con una amante’. Estas son prácticas vistas durante la dictadura y dan cuenta de la continuidad de las violaciones a los Derechos Humanos incluso en democracia. Sin ir más lejos, el uniformado David Moreno, cuando graba el video y se difunde a través de redes sociales, el mismo comenta en el extracto ‘¿Cómo una persona puede llegar a morir por estar robando?'”

Sobre las proyecciones de las solicitudes de las víctimas, Soto concluye que, “el día 4 de octubre presentamos una demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio en contra del Fisco de Chile, porque consideramos que el daño ocasionado a las familias debe ser reparado por parte del Estado. Ahora, ¿Cuál es la búsqueda de las familias? Es verdad y justicia para las víctimas y las familias del Caso Kayser. No es posible que el Estado no dé una respuesta oportuna, en el sentido de saber qué pasó con sus seres queridos y cómo ocurrieron los hechos. Las familias no tienen esa certeza, llevan cuatro años viviendo la angustia de no saber qué pasó con sus seres queridos, y la urgencia que tienen, es conocer cómo se ocasionó el incendio y, finalmente, cómo se produjeron las muertes".