[resumen.cl] «Hacia un Chile Sin Basura» es una iniciativa popular de norma presentada a la Convención Constitucional constata en primera instancia que el “sistema económico lineal” imperante se caracteriza por la extracción de materias primas sin considerar su limitada disposición, para luego transportarla donde su manufactura sea menos costosa, después distribuir los productos devenidos de ella a los lugares donde serán consumidos y finalmente transformados en basura. «Esa “basura” es desechada como un material inservible, sacándola del circuito de producción sin que importe los efectos que genere ni la capacidad del planeta de reincorporarla a los ciclos naturales, ya que el sistema está pensado para volver a extraer materia prima virgen y así reproducir la forma lineal de producción», explica la Alianza Basura Cero Chile que ha presentado esta propuesta.
En el contexto chileno, el problema de la generación de desechos y sus diversos impactos está determinado por la condición de país primario exportador y con un creciente nivel de consumo de distintos productos elaborados y comercializados bajo los criterios de la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, respectivamente. Por otra parte, «Hacia un Chile Sin Basura» releva los hechos de injusticia ambiental, representados en los perjuicios sufridos por la población empobrecida al soportar en sus territorios distintas operaciones nocivas para sus integrantes, como las realizadas por la propia eliminación o acumulación de desechos, la minería, la producción eléctrica, la industria forestal, agrícola, salmonera, entre otras.
Teniendo en consideración lo anterior, es fundamental señalar que en el articulado de «Hacia un Chile Sin Basura» se consigna que, en primera instancia, el Estado se obliga a financiar soluciones para avanzar hacia la no producción de basura, a través de iniciativas que apunten al abandono de la producción y consumo de productos desechables no esenciales, así como la recuperación de residuos orgánicos para su reincorporación a los suelos como nutrientes, entre otras.
La iniciativa distingue los significados de “residuo” y de “basura”, en tanto el primero lo define como «un material que es resultado de una actividad y que no tiene utilidad para su propietaria/o, pero es útil para un nuevo ciclo productivo», en cambio el segundo término, como «un material que es resultado de una actividad y que ya no tiene ninguna nueva utilidad posible». Esta diferencia es relevante para la Alianza Basura Cero, en tanto permite reconocer que gran parte de lo que actualmente es designado como «basura», en realidad son residuos que pueden ser utilizados con un plan adecuado.
Propuesta de articulado
Es deber del Estado, fomentar y apoyar métodos y prácticas que tengan como objetivo la reducción de la generación de basura y residuos.
El Estado financiará soluciones para avanzar hacia la no producción de basura, considerando como prioridades las siguientes y en este orden:
Iniciativas que apunten al abandono de la producción y consumo de productos desechables no esenciales.
La recuperación de residuos orgánicos para su reincorporación a los suelos como nutrientes.
Iniciativas de reparación que permitan prolongar la vida útil de productos averiados y generar empleos.
Sistemas de rellenado y reutilización de envases.
La recuperación de residuos reciclables para su reincorporación en el sistema productivo en reemplazo de materias primas vírgenes.
Regulación de la obsolescencia programada de los productos, prohibiendo o sancionando el diseño que tenga como objetivo acortar la vida útil de un producto.
Artículo 1. A fin de asegurar una gestión descentralizada y comunitaria de los residuos, las formas de producción y manejo serán diversificadas y desconcentradas. El Estado debe proveer los recursos y formas de apoyo necesarios para garantizar y facilitar la participación de las comunidades urbanas y rurales en el proceso.
Artículo 2. El Estado alineará las estrategias relacionadas a la gestión de los residuos orgánicos que existen en el país (ENRO) para que la valorización de los residuos biodegradables ocurra en donde más se necesita: en los suelos que producen nuestros alimentos, suelos en procesos de desertificación, suelos en procesos de rehabilitación.
Artículo 3. El Estado fomentará la transformación del sistema de producción lineal - que extrae bienes naturales comunes en forma de materia prima virgen para transformarlos en productos de consumo masivo que terminan transformados en basura - en un sistema de producción cíclico donde los productos se diseñen para su máxima duración y su reinserción en nuevos ciclos productivos reemplazando materia prima virgen al final de su vida útil.
Artículo 4. El Estado incluirá en los contenidos de la educación formal, información para sensibilizar sobre los efectos de la producción de basura, y para promover hábitos responsables de consumo para la reducción de la generación de basura y el correcto manejo de residuos. Fomentará la educación ambiental ciudadana con los mismos objetivos.
Artículo 5. El Estado invertirá en el desarrollo de la industria del reciclaje, de manera de descentralizar territorialmente las instalaciones para el procesamiento de materiales descartados, y desconcentrar el poder comprador de materiales para su reciclaje en reemplazo de materia prima virgen.
Artículo 6. El Estado reconocerá el valor del trabajo de las y los recicladores de base, haciendo efectiva su participación en los sistemas de recuperación de materiales mediante la entrega de recursos y la capacitación para mejorar sus condiciones de trabajo y competitividad con las empresas.
[La Iniciativa Popular de Norma «Hacia un Chile Sin Basura», la puedes conocer y apoyar aquí]
La posibilidad de poner en la discusión constitucional estas Iniciativas representa un evento democrático inédito en el país en los marcos de la constitución vigente, pues su ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar este tipo de propuestas. El plazo para recibir adhesiones finaliza el 1 de febrero y para que pueda ser considerada en las discusiones de la Convención se estableció el mínimo de 15 mil.
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