Interpol ordena a España la detención de 20 imputados por crímenes franquistas
La sección argentina de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) ha solicitado este miércoles la detención preventiva con fines de extradición de las veinte personas investigadas por la jueza María Servini en el marco de la causa abierta por los crímenes del franquismo. Entre estas se encuentran los exministros del régimen de Franco José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa.
Sin embargo, el Ministro de Justicia ya avanzó ayer que Madrid no entregará a los franquistas que reclama Argentina amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 y en la prescripción de delitos. También la sección española de la Interpol se mostró contraria a la detención de los exministros franquistas alegando un acuerdo de la institución policial de 2010 para no atender solicitudes relacionadas con los delitos de «genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra».
La justicia argentina emitió un escrito fechado el pasado 4 de noviembre, en el que pide los datos identificativos de los imputados como requisito “indispensable” para emitir una orden de captura internacional y evitar que se detengan por error a personas con el mismo nombre. Con esta información, la Organización Internacional de Policía Criminal podrá hacer extensiva a todas las policías de los países miembros de la organización la orden de captura, por si alguno de los acusados se encontrase fuera de las fronteras españolas.
Según ha explicado la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), personada en la causa, una vez recibida la orden de detención, las Fuerzas de Seguridad deberán proceder al arresto de los imputados para ponerlos a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en un plazo no superior a las 24 horas. El Alto tribunal podrá entonces ordenar la prisión provisional, o tomar medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la imposición de una fianza, antes de que el juzgado de Buenos Aires solicite la extradición.
La jueza María Servini acusa a los exministros franquistas José Utrera Molina –suegro de Alerto Ruiz-Gallardón- y Antonio Carro Martínez, junto al vicepresidente del Gobierno en el última año de la dictadura, Licinio de la Fuente, de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. A Carro, además, le imputa los últimos fusilamientos del régimen franquista en septiembre de 1975.
A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria en 1976, en la que fueron asesinadas cinco personas. Además, también se acusa al exministro franquista José María Sánchez Ventura por firmar las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos de la dictadura, y al ministro de presidencia entre 1975 y 1975, Alfonso Osorio García, como responsable de la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además, la orden de detención afecta también a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos varios altos cargos, así como a auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército y un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores. La jueza recuerda que la Audiencia Nacional española ya rechazó extraditar a los torturadores Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el niño’, y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, y que números juzgados españoles han archivado este tipo de casos.
