Antes del nombramiento de Jaqueline Van Rysselberghe como psiquiatra del Servicio Médico Legal, distintas organizaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos advirtieron al Gobierno sobre el riesgo de impunidad que representaba en el cargo, pero se llamó a desdramatizar. En menos de un mes, José Otárola, condenado por la Matanza de Laja y San Rosendo, estaba zafando de una condena de 15 años y un día por un informe evacuado justamente por la abanderada de la UDI en el Biobío.

Por JC Contreras Jara

Finalmente, el juez Carlos Aldana, encargado de tramitar la causa de correspondiente a la Matanza de Laja y San Rosendo, invalidó el peritaje psiquiátrico realizado por Van Rysselberghe, luego de los reclamos presentados por los abogados querellantes y la presión de las mismas familias de los detenidos desaparecidos, quienes la semana pasada exigieron la renuncia del director regional del SML, Jaime Téllez.

Tras el escándalo que causó en al interior de las organizaciones de Derechos Humanos la situación de José Otárola Sanhueza, condenado por la masacre de Laja y San Rosendo que quedaría sin condena gracias a los peritajes psiquiátricos realizados por Jaqueline Van Rysselberghe, los querellantes expusieron el largo historial de declaraciones y gestos de la militante UDI a favor de violadores de los DDHH, por lo que se apuntaba a que debió inhabilitarse. A esto hay que sumarle que dicho peritaje no estaba dentro de sus funciones, debido aeque, se supone, estaba destinada a descomprimir causas ligadas al periodo 2018-2022.

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Según informó Resumen, el contrato de Van Rysselberghe con el SML Concepción, fijaba que su trabajo iba dirigido a apoyar con la demanda de pericias medico legales del área de la salud mental. Pese a esto, terminó realizando informes que no le correspondían, en este caso, a un violador de DDHH, condenado por el asesinato de 19 trabajadores forestales y campesinos del Biobío.

La Matanza de Laja y San Rosendo se perpetró en complicidad entre agentes del Estado, civiles y representantes de la empresa CMPC, quienes delataron y acusaron a distintos dirigentes sindicales del sector forestal, resultando en una persecución política y posterior matanza entre el 13 y el 17 de septiembre de 1973, recién impuesta la dictadura de Pinochet y compañía. 

Revisa el informe que inhabilitó las pericias de Van Rysselberghe aquí.