Por Juan Contreras Jara / resumen.clEste lunes, el Juzgado de Garantía de Coronel acogió la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación que llevaba en contra de la empresa Colbún y su termoeléctrica Santa María por su presunto nocivo impacto ambiental en Coronel. Esta investigación era parte de la arista que buscaba la responsabilidad de Colbún en la contaminación de la comuna, en el contexto de una querella criminal interpuesta en 2012 por más de 2 mil pobladoras y pobladores del sector sur de la comuna coronelina luego del episodio de varazón de langostinos. La investigación incluyó también a Enel, ex Endesa, empresa que en la actualidad tiene a tres ejecutivos formalizados por el episodio.
En la audiencia de ayer, la fiscal Ana María Aldana pidió cerrar la investigación contra Colbún, argumentando que los antecedentes recopilados responsabilizarían solo a la central Bocamina, propiedad de Enel, por el nocivo impacto ambiental en las costas de Coronel durante 2012.
Sobre el cierre de la investigación en contra de Colbún, la abogada representante de los pescadores y pobladores afectados por este episodio de contaminación ambiental, Paula Villegas Hernández, comenta que “el Ministerio Público optó por la decisión de no perseverar, dejando a salvo el tema del sobreseimiento definitivo. Desgraciadamente, esta investigación que tenía el carácter de desformalizada, fue concluida en lo que respecta a Colbún. Sin embargo, esperamos que a través de otras acciones paralelas, específicamente en la Corte Suprema, pudieran surgir antecedentes nuevas que permitirán reabrir esta investigación penal”.
A pesar que hay antecedentes en torno al funcionamiento, al menos, irregular de Colbún, lo que pudo ser constatado en el fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia que concluyó que la termoeléctrica Santa María operaba fuera de las normas ambientales permitidas en su RCA, la empresa no estará incluida en la querella y no tendrá, por lo pronto, a ningún ejecutivo formalizado. Sobre esta irregularidad en el detectada en el funcionamiento de la Termoeléctrica Santa María, la abogada explica que “lo que pasa es que estas no son materias de índole penal, sino que obedecen exclusivamente a un incumplimiento en cuanto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que tiene la empresa, por lo tanto son aristas que deben ser investigadas por cuerdas separadas. No obstante la decisión de no perseverar que hizo el Ministerio Público, no significa que Colbún esté haciendo un óptimo funcionamiento de su central termoeléctrica”
Además, Villegas agregó que en materia penal, no se pudo acreditar una responsabilidad criminal, pero eso no deja exenta a la empresa de responsabilidades civiles o administrativas que pudieran generarse en un tiempo cercano.
La querella criminal, presentada por pobladores y pescadores artesanales en 2012, sigue en pie contra la empresa Enel, ex Endesa, y específicamente tiene formalizados al entonces encargado de las plantas termoeléctricas a nivel nacional, Pablo Arnés Poggi; el encargado de medioambiente de Bocamina, David Poblete; y el jefe de planta, Mario Enero.
Sobre los impactos de estas empresas termoeléctricas en el medioambiente y la salud de la población coronelina, la abogada querellante comenta que “desgraciadamente los efectos son nocivos. Nosotros hemos trabajado hace bastante tiempo en reconstituir las pruebas que así lo demuestran. Llama mucho la atención el alto índice de enfermedades respiratorias que presentan las comunas de Lota y Coronel específicamente. Hay muchos casos asociados a enfermedades cardiacas, que la propia Organización Mundial de la Salud y muchos otros referentes sitúan como causa directa de estas afectaciones, a las exposiciones por larga data a una contaminación constante, especialmente del carbono y de las cenizas de este, que es lo que acontece en Coronel”.
Consultada por las posibilidades de obtener sanciones ejemplares para estos tres imputados por contaminar las costas de Coronel, Paula Villegas comenta que “los antecedentes que existen son bastante contundentes. Es un gran avance judicial el tema de la formalización, independiente de que nos hubiera gustado que más representantes de Enel hubieran asumido las responsabilidades. Nosotros esperamos que esta investigación si culmine con una sentencia, tal vez no ejemplificadora, porque nuestro ordenamiento jurídico contempla penas bastantes bajas en estos casos. Incluso pueden obtener algún beneficio a corto o mediano plazo, hasta una suspensión condicional del procedimiento; pero nosotros esperamos que el Ministerio Publico opte por una acusación al término del plazo de investigación, aunque resulta irrisorio pensar en penas de cárcel efectiva”.
