Al menos otras cinco instituciones de educación superior, además de la Universidad del Mar, han sido identificadas por la Fiscalía entregando pagos por asesorías a Eugenio Díaz Corvalán cuando éste era presidente en ejercicio y consejero de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Algunos de esos convenios indican explícitamente que se trata de asesorías para acreditación. Las universidades involucradas son: Pedro de Valdivia, UNIACC, Bernardo O’Higgins, Andrés Bello y el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. El monto total de dinero percibido por Eugenio Díaz a través de esos contratos asciende a $290 millones.

Estas transacciones han dado origen a una investigación por cohecho y negociación incompatible además de poner en serio cuestionamiento la credibilidad de la CNA y del sistema de acreditación que debiera velar por la calidad de la educación superior. Un cuestionamiento que también pone en el juicio público la ética de esas entidades formadoras. La misma CNA le dio un golpe a esa ética al enviar al Ministerio de Educación antecedentes de dos universidades que evidenciarían un lucro que está expresamente prohibido por la ley. Las dos universidades ahora investigadas por el Ministerio de Educación son la UNIACC y la Universidad Santo Tomás, esta última aparece traspasando a una inmobiliaria vinculada a sus dueños más de $12 mil millones.

EL CONTRATO DE DÍAZ CON LA UPV

De los cinco nuevos contratos, el que presenta más aristas complejas es el que firmó Eugenio Díaz en 2011 con la Universidad Pedro de Valdivia (UPV), por $50 millones. La UPV actualmente es controlada por Ángel Maulén y Enrique Rodríguez Villa. El primero, tiene múltiples inversiones y fue subsecretario de Economía en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle (siendo ministro Álvaro García); el segundo, es un empresario con inversiones en el sector transporte e inmobiliario.

Una cosa difícil de explicar de este contrato es el momento en que se firmó: poco después de que la UPV lograra acreditarse el 29 de diciembre de 2010, situación idéntica a lo ocurrido con el contrato de asesoría que Eugenio Díaz consiguió con la Universidad del Mar y que fuera revelado por CIPER en enero de este año.

El otro antecedente que amerita una investigación judicial, es el proceso de acreditación mismo. La UPV fracasó en su intento de acreditación de 2007 debido a que la CNA detectó “falencias significativas” tanto en la “definición y actualización de programas académicos”, como “en el número y dedicación horaria del cuerpo académico” y “en equipamiento e infraestructura” para ofrecer carreras (Ver Acta de acreditación de la UPV de 2007).

Lo volvió a intentar en 2010, cuando la CNA era presidida por Eugenio Díaz. Y volvió a ser rechazada en primera instancia. La CNA objetó: “la situación financiera de la institución entre 2007 y 2009 ha sido precaria, presentando pérdidas y patrimonio negativo”. Y concluyó que la UPV está basando su sustentabilidad en el crecimiento de la matrícula, sin embargo, “este crecimiento implica necesidades de inversión mayores a las definidas por la institución, lo cual pone en duda la sustentabilidad del proyecto institucional” (Ver Acta de acreditación de la UPV de 2010).

Siete días después de ese no rotundo, la UPV apeló. En la sesión del 29 de diciembre de 2010, presidida por Eugenio Díaz, a dos días del cambio de año, la CNA dio un sorpresivo giro y en un texto de tres párrafos afirmó que los reparos habían sido subsanados y optó por acreditar a la UPV por un año.

Para los especialistas en educación acreditar a una universidad por un año, cuando la carrera más corta dura cinco, no tiene sentido. Pero sí lo tuvo para los miembros de la CNA que votaron el 29 de diciembre: Eugenio Díaz, Luis Horacio Rojas, Mario Letelier, Enrique Montenegro, Roberto Careaga, Adolfo Arata (continúa hoy), Pedro Corona (continúa hoy), Rodrigo Alarcón, María Elena González, Sergio Martinic (continúa hoy) y Carlos Medrano (secretario ejecutivo sin derecho a voto).

En las actas no queda registro de cómo votaron los consejeros. Pero fuentes consultadas por CIPER dicen que la sesión fue tensa y que Díaz presionó para que se acreditara esa institución. El acta de sesión da cuenta de otra situación inusual: si bien la acreditación se aprobó por mayoría, un consejero dejó por escrito su oposición. “La señora María Elena González deja constancia de su disidencia, quien está por no acoger el recurso de reposición”, se lee en el acta. Consultada por CIPER, González explicó escuetamente: “Me parecía que ni en gestión ni en docencia de pregrado ellos alcanzaban el mínimo aceptable para la acreditación”.

En las decenas de actas que revisó CIPER nunca apareció la constancia de un voto de minoría. Sólo en el de la acreditación de la UPV.

Poco después de esa polémica acreditación, la UPV contrató a Díaz. El certificado extendido por la CNA permitió que sus alumnos accedieran al Crédito con Aval del Estado (CAE). En 2011, de sus 5.000 alumnos, 1.400 solicitaron dinero del CAE por un monto total de de $2.350 millones, lo que arroja un promedio de deuda por alumno de $1.600.000 por cada año de estudio. A eso se le deben multiplicar los años de carrera –cinco o seis- y los intereses del CAE que en ese momento eran del 6% anual.

Una última arista de la indagatoria judicial sobre este contrato es que el pago a Díaz se hizo contra boleta de honorarios a nombre del Preuniversitario Pedro de Valdivia, una empresa con fines de lucro, propiedad de los mismos controladores de la Universidad. Este hecho podría tener consecuencias tributarias para los controladores de la UPV.

UNIACC POR DOS Y SANTO TOMAS

Otra institución bajo investigación judicial es la UNIACC. Eugenio Díaz firmó dos contratos con esta casa de estudios: uno por $23 millones en 2010 y otro por $20 millones en 2011. La UNIACC se presentó a evaluación en enero de 2011 y durante todo el año se cumplieron los trámites de fiscalización que implica la acreditación, sin que se supiera oficialmente que el consejero Eugenio Díaz trabajaba para esa universidad. El trámite concluyó, sin embargo, con una sonada negativa de la CNA en noviembre de 2011. Una explicación del rechazo es que en 2011 Díaz ya no estaba en la presidencia: había sido reemplazado por Íñigo Díaz, quien pasó a tener el voto dirimente. Eugenio Díaz era uno más de los miembros del Consejo y ya habían empezado a aparecer las evidencias de su dudosa gestión a la cabeza de la CNA.

El dictamen de la CNA rechazando la acreditación de la UNIACC (Ver Acta de rechazo a la acreditación de UNIACC) no sólo dejó a esa universidad sin que sus nuevos estudiantes pudieran acceder al CAE. También abrió otro frente pues la CNA incluyó a esta universidad en un documento enviado al Ministerio de Educación (MINEDUC) sobre las instituciones donde “eventualmente podría haber lucro.

Los datos que justificaron el envío de la inédita misiva de la CNA al MINEDUC están relacionados con los dineros y la estructura societaria de la UNIACC, dos áreas que la CNA nunca antes fiscalizó. Tras revisar los estados financieros de 2008, 2009 y 2010, la CNA afirmó que la situación económica y financiera de la UNIACC “es riesgosa”. Sus consejeros detectaron que el patrimonio de la UNIACC sufrió un fuerte descenso pasando de $ 8.037 millones (2009) a $ 3.938 millones (2010), lo que implica una baja de un 51% en sólo un año.

Esta súbita pérdida llama la atención pues la UNIACC hizo traspasos de dinero por un monto similar ($5.507 millones) a una sociedad anónima relacionada con la universidad: el Instituto Superior de Artes y Ciencias S.A. (ISACC). La CNA entendió ese traspaso como una deuda del instituto con la universidad, dinero que fue entregado en condiciones perjudiciales para esta última pues no genera intereses y no incluye plazos de devolución.

“La deuda del Instituto ISACC con la universidad representa un 27% del activo total y es superior al patrimonio actual de la universidad ($3.938 millones)”, se lee en el dictamen de la CNA. Y reitera: Las condiciones del préstamo “significan una pérdida patrimonial para la universidad y, obviamente, un beneficio patrimonial para el deudor”.

Según especialistas consultados por CIPER, el escenario descrito por la CNA responde a una de las formas clásicas a través de las cuales las universidades esquivan la prohibición que tienen de lucrar: si bien la ley les impide tener beneficios económicos, no les impide realizar malos negocios con empresas relacionadas que sí pueden lucrar.

En ese mismo documento dirigido al Ministerio de Educación, la CNA incluyó a la universidad Santo Tomás acreditada en diciembre de 2011. Según el acta de la Comisión (Ver Acta de acreditación de la UST)) la UST “genera excedentes de caja que le permiten realizar fuertes inversiones en el mercado financiero”. A la par, “ha descuidado las inversiones en activo fijo a favor de préstamos a empresa relacionadas e inversiones en el sistema financiero”. En el punto más cuestionable la CNA detecta una “contingencia” de monto desconocido, “a causa de garantías entregadas a la empresa relacionada Sociedad Inmobiliaria Rádices S.A.”. Según datos obtenidos por CIPER los préstamos blandos a empresas relacionadas ascienden a $12 mil millones.

La Sociedad Inmobiliaria Rádices, según la búsqueda hecha por CIPER, fue constituida en agosto de 1992 por el ex dueño de la Universidad Santo Tomás, Gerardo Rocha, quien falleció en febrero de 2008 después de haber asesinado a un notario en la costa central. La sociedad tuvo un capital inicial de $10 millones. En 2004, actualizó su capital el que ascendía a la fecha a $4.425 millones. En 2009, el Grupo Hurtado Vicuña y el Fondo de Inversiones Linzor Capital compraron el 57% de la Universidad Santo Tomás por $38.000 millones.

UNAB, UBO, SIMÓN BOLIVAR

La Universidad Bernardo O’ Higgins (UBO), es otra de las que recurrió a los servicios de Eugenio Díaz para conseguir su acreditación. Actualmente educa a más de 4 mil alumnos y recibió en 2011, $2 mil 300 millones del Estado a través del CAE. La UBO partió con $ 10 millones en 1990 y actualmente su patrimonio llega a $ 6 mil millones. Parte de ese crecimiento se debe a CEMA, fundación de la esposa de Pinochet. Durante la dictadura CEMA recibió más de un centenar de terrenos fiscales gratis, muchos de los cuales vendió después en su beneficio. Uno de ellos es la actual casa centra de la UBO, vendido por CEMA en $760 millones: un precio conveniente para el comprador y también para el vendedor que lo había recibido de regalo.

El rector de esa universidad, Claudio Ruff Escobar, explicó a CIPER que a través del contrato con Díaz este ofrecía ayuda a la universidad para “vincularse con el medio”, que es uno de los ítems que se incluyen en la acreditación.

-Eugenio Díaz empezó a trabajar con nosotros en agosto de 2011. Yo le pedí que me ayudara en el tema de la vinculación con el medio. Yo estaba de vacaciones y me llamó en la primera semana de febrero, después de la aparición del artículo de CIPER, y me dijo que ponía su cargo a disposición. Me dijo que necesitaba concentrarse en demostrar su inocencia. Nosotros leímos el artículo de CIPER y entendimos que es una situación delicada. Eugenio tiene que concentrarse en defenderse ante quien corresponda. Nos dejó en libertad de acción y nosotros tomamos esa libertad de acción y le acepté la renuncia.

Eugenio Díaz también firmó un contrato de $15 millones en 2011 con el Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. El trabajo que hizo Díaz no se concretó, pues en los archivos de la CNA el Simón Bolívar no figura no siquiera intentando acreditarse.

Por último está el contrato por $3 millones 800 mil mensuales con la Universidad Andrés Bello que se extendió entre 2009 y 2011, como asesor. En el periodo en que Eugenio Díaz fue primero consejero y luego presidente subrogante de la CNA, la Universidad Andrés Bello no se acreditó como institución (lo logró en 2008, por cinco años). Pero si acreditó al menos ocho carreras: Contador Auditor, Psicología, Educación Básica, Educación Musical, Educación física, Pedagogía en Historia y Geografía, Pedagogía en Ingles y Enfermería. La acreditación de las carreras las hicieron agencias privadas que son fiscalizadas por la CNA. ¿Qué libertad real tienen esas agencias para evaluara mal a una carrera, si el supervisor de ellas forma parte de la universidad?

Para finalizar, está el ya conocido contrato con la Universidad del Mar, por $60 millones. Ese contrato estuvo vigente hasta octubre de 2011 y se habrían pagado solo $45 millones. Según la hipótesis de la fiscalía, ese contrato era un pago por la acreditación que la universidad logró en 2010.

DECLARACIÓN DE INTERESES

Eugenio Díaz no solo firmó esos acuerdos sino que además falseo un documento público que por ley debía entregar: la declaración de intereses. Los miembros de la CNA debían informar ahí si tenían alguna relación con las instituciones fiscalizadas que les impidiera ejercer su función. Específicamente se hablaba de “relaciones laborales remuneradas con instituciones de educación superior”.

CIPER revisó tres declaraciones de intereses de Díaz correspondientes a 2011 cuando tenía relaciones laborales con las seis instituciones ya mencionadas. El 18 de marzo de 2011, Eugenio Díaz informó ante la CNA que sólo tenía un vínculo con la Universidad Andrés Bello, como asesor de la vicerrectoría de calidad. Esa declaración fue cambiada un mes después, en abril, por otra que aseguraba que no tenía ningún vínculo económico con instituciones educación superior. En octubre informó que estaba asesorando a la Universidad Bernardo O’Higgins “en la elaboración de una política de vinculación con el medio”.

De acuerdo a las normas de la CNA, los vínculos que ocultó Díaz le impedían participar en discusiones sobre la acreditación de esas instituciones y también en las votaciones donde se decidía esa acreditación.

QUIÉN ES EUGENIO DÍAZ

Según fuentes consultadas por CIPER, Eugenio Díaz llegó a la CNA promovido por Alicia Romo, rectora de la Universidad Gabriela Mistral.

Así lo recuerdan quienes asistieron a la votación efectuada en diciembre de 2010, donde las universidades privadas autónomas eligieron también al consejero Adolfo Arata. Las mismas fuentes agregan que dado que las universidades autónomas no tienen una orgánica establecida, es frecuente que las decisiones las terminen tomando un pequeño círculo, agrupado en la Corporación de Universidades Privadas, CUP. La entidad reúne a 14 casas de estudio entre las que destacan la Del Mar, Las Américas, Autónoma, Pedro de Valdivia y Universidad Bernardo O`Higgins (UBO). A instancias de Romo, la CUP voto por Eugenio Díaz para que fuera consejero.

¿Qué hizo Eugenio Díaz a cambio de ese respaldo? Un dato resulta revelador. En 2010, cuando la CNA era presidida por Díaz, siete de las 14 universidades del CUP debieron acreditarse. Y necesitaban hacerlo pues sus balances dependían de los miles de millones de pesos que el Fisco entrega a través del CAE a las universidades acreditadas. La siete que se presentaron ante Díaz fueron Pedro de Valdivia, UNIACC, Las Américas (UDLA), Unicit, Ucnif, Autónoma, Universidad del Mar y Gabriela Mistral. Todas consiguieron su acreditación. De las otras siete del CUP, la SEK debió acreditarse en 2011 y casi no lo logra (tuvo que apelar y le dieron sólo dos años); la UNIACC, lo intentó y falló con estruendo. Las universidades Miguel de Cervantes y Bolivariana eran tan precarias que no lo ha intentado aún. Las únicas fuera del área de peligro en 2010 y 2011 eran la Universidad del Pacífico (en 2007 logró acreditarse hasta 2012) y la UBO (en 2009 logró acreditarse hasta 2012).