Recientemente, el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim, anunció que a partir de julio Chile ha pasado a formar parte de los países de ingresos altos, alcanzando un PIB por habitante de US$22.655*  (ajustado por paridad de poder de compra).

Sí, leyó bien, Chile desde ahora en adelante es un país de ingresos altos y pertenece al mismo grupo que Noruega, Finlandia o Alemania.

Sin embargo, sólo 10 días después de que se realizara este anuncio, los trabajadores y trabajadoras realizan un Paro Nacional por la Dignidad ¿Cómo se explica esto? ¿Será un paro de un conjunto de inconformistas que se quejan de llenos y que no valoran la prosperidad (chorreo) que les ha brindado su país en las últimas décadas?

Los datos, la realidad que se observa en los centros de trabajo y la precariedad de la legislación laboral, indican todo lo contrario.

1)    Nuestro piso salarial mínimo, ese que debiera dar cuenta del salario que permite satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su grupo familiar, ni siquiera cumple su objetivo y está totalmente desalineado con el tamaño de nuestra economía. Cuando los países de la OECD tenían el mismo nivel de ingresos que hoy tiene Chile, su salario mínimo era 2,2 veces mayor al valor chileno (haciendo todos los ajustes correspondientes). Este es el caso de países tales como Canadá, Francia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Portugal, Bélgica y Estados Unidos.

La actual discusión sobre el reajuste al salario mínimo, para situarlo en $ 207.000 o $ 210.000 no da cuenta de ello y supone que los montos propuestos son los que no comprometerían el correcto desempeño de la economía nacional. ¿Cómo es posible entonces que un país de ingresos altos ni siquiera pueda asegurar un piso salarial para vivir dignamente a “toda” persona que trabaje?

2)    Pero la deuda histórica con el salario mínimo sólo es una pequeña parte del problema. En dictadura se impuso por ley (Plan Laboral de 1979), que la negociación colectiva no debería ser una herramienta para distribuir riqueza, contraviniendo los principios de la OIT y la evidencia internacional. Esa lógica se tradujo en la prohibición de negociar más allá del nivel de empresa y en la posibilidad de reemplazar a los trabajadores durante una huelga, recortando el poder de los trabajadores. Una aberración en términos de legislación comparada, pero una medida tremendamente eficaz para favorecer la acumulación sin contrapeso. Por ello no es de extrañar que hoy sólo el 8 % de los trabajadores chilenos negocie colectivamente con derecho a huelga (pero con reemplazo).

3)    La consecuencia de todo lo anterior es que según los datos de la última encuesta Casen, el 50 % de los trabajadores chilenos gana menos de $ 251.620 y casi 500.000 trabajadores son pobres (los cuales superan el millón si se actualiza la línea de la pobreza). Además, en los últimos 3 años, la tercerización (subcontratación y suministro de trabajadores) ha aumentado considerablemente y ya representa el 16,4 % del total de asalariados.

Lamentablemente, en Chile se impuso la tesis de que “cualquier trabajo es mejor que nada” y que, sin importar condiciones ni proyecciones, todo lo que sume para bajar las cifras de desempleo sirve.

Hoy, luego de 4 décadas de abandono, el trabajo en Chile parece ser más un lugar de malestar que de realización. Bajos salarios, mini-salario mínimo, brechas salariales que pueden llegar a más de 100 veces entre el sueldo mínimo y máximo en una empresa, inestabilidad, derechos colectivos atrofiados y endeudamiento son parte central del mundo del trabajo made in Chile.

No obstante, el bajo valor del trabajo tiene vínculos causales con el elevado margen de ganancias que tienen las grandes empresas, las cuales imponen duras condiciones a las empresas de menor tamaño que son sus proveedoras, contratistas o competidoras. Una cadena de precariedad, cuyo damnificado final siempre es quien debe vender su fuerza de trabajo para vivir.

En esencia, se trata de una acumulación por desposesión, fundada en salarios muy bajos y amparada por el Estado, a través de la mantención de dispositivos activados en tiempos dictatoriales, cuyo fin último fue y es impedir que los trabajadores tengan poder.

Entonces, ¿por qué los trabajadores no deberían parar, en un país de ingresos altos, pero donde abundan los bajos salarios y no se puede superar colectivamente esta situación?

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*Nota de la Redacción: Debido a un error se había señalado originalmente una cifra de US$21.590, la que en realidad corresponde a la del Producto Nacional Bruto per Cápita y no al PIB per cápita, que tal como posteriormente se corrigió, es de US$22.655.