El pasado 21 de enero del 2015, la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, dio a conocer los resultados de la encuesta de Caracterización Socioecónomica Nacional (CASEN) 2013, que establece la disminución de la pobreza. En ella se registra que un 14,4% de la población aún vive en situación de pobreza en el país, alcanzando un 20,2 la llamada pobreza multidimensional, manteniendo los índices de desigualdad, lo que sin duda aparece en un tono más bajo en el discurso oficial y de la clase política, una especie de conformidad y naturalización de la distribución inequitativa del ingreso en el país, ya nada queda de la consigna de la otrora Concertación hoy Nueva Mayoría, “Crecer con igualdad”.
A partir de la entrega de los resultados conseguidos por la encuesta surgen varias interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se mide la pobreza?, ¿cuánto ha crecido la riqueza?, ¿qué significa la mantención de la desigualdad?, ¿se puede medir la pobreza solamente basándose en el ingreso?. Estas son, entre otras, variables poco discutidas y, al mismo tiempo, necesarias para comprender las futuras políticas públicas que tendrán como principal fundamento las cifras arrojadas por la citada medición.
La economía chilena, desde fines de la década de los ’90, fundamentalmente tras el impacto de la llamada crisis asiática del año ’97, comienza a experimentar una disminución en sus tasas de crecimiento. El fenómeno recesivo se da por factores endógenos, asociados a la crisis de los sectores tradicionales de la economía. Dicho ritmo mostró una tendencia a la baja ya en los últimos años de la administración de Frei Ruiz Tagle, debatiéndose la economía nacional en cifras de crecimiento que apenas superaban el 3% durante los primeros años de la década del 2000.
Una arista crítica asociada a las políticas neoliberales impulsadas bajo el mandato de Frei Ruiz Tagle, apuntaba a la disminución del rol del Estado. Adicionalmente, su gobierno promovió el fortalecimiento del capital privado, considerándolo un aliado estratégico para enfrentar la pobreza: “En su mensaje presidencial del 21 de mayo de 1997, el presidente Frei vinculó directamente lo que definió como la prioridad de "terminar la indigencia y disminuir drásticamente la pobreza" con una política que reduce sensiblemente la capacidad de inversión de las empresas estatales y las empuja, en definitiva, a ser privatizadas progresivamente, en aquellas ocasiones que no se las traspasa directamente. Las empresas públicas -explicitó Frei- deben contribuir a la reducción de la pobreza "maximizando su capacidad de generación de excedentes operacionales y transfiriéndolos íntegramente al fisco". En consecuencia -añadió-, sólo pueden financiar sus requerimientos de expansión "reinvirtiendo las depreciaciones, vendiendo activos prescindibles, endeudándose en montos razonables y sin aval del Estado, asociándose con terceros, o aprovechando las distintas opciones de capitalización que el mercado de capitales ofrece para estos efectos". [1] Lo señalado da cuenta de la racionalidad que opera para buscar la disminución de la pobreza a través del mercado, retrociendo las políticas públicas y el rol del Estado en la redistribución del ingreso. Sumado a ello la condición cada vez más vulnerable de los empleos y salarios. Por ello, esta apuesta económica, sintetizada con el slogan “Crecer con Igualdad” en las campañas electorales de la Concertación, evidencia en las cifras que la pobreza, existente desde la década de los ’90, está íntimamente relacionada con la incapacidad de asegurar salarios que sustenten las necesidades básicas de la población. Es más, los pobres asalariados forman parte de una nueva modalidad que fomenta la mayor acumulación del capital.
La pobreza en Chile en la década de los ’90 alcanzaba un 38,6 % de la población. Esta comienza a disminuir paulatinamente hacia 1998, llegando a un 21,6 % y, en 2006, a 13,7%. [2] Si bien existe en los datos una disminución de la pobreza, uno de los efectos más complejos es su proceso de territorialización y femenización.
Cabe consignar que durante la primera parte de la década del 90’, el dogma neoliberal del crecimiento parecía irrebatible. Sin embargo, en la medida que se hacían patentes los coletazos de la crisis asiática, los cuales evidenciaron los riesgos de una economía radicalmente abierta a los vaivenes del libre mercado, se han ido asentando perspectivas críticas, destinadas a demostrar que la receta económica que busca superar la pobreza en base a un mayor crecimiento, no sólo no garantiza empleo estable, sino tampoco la redistribución del ingreso.
Por lo mismo, desde la década de los ’80, la comprensión de la pobreza requiere un análisis complejo que considere un sin número de variables. No puede seguir siendo comprendida desde la marginación de ciertos sujetos respecto del sistema. Más bien, habría que pensar que el neoliberalismo promueve la inclusión de todos en el mercado, sin atender incluso a las posibilidades reales de adquisición de bienes y servicios, dadas por el ingreso de cada sujeto. La supuesta inclusión en el sistema es posible por el espejismo del crédito y el endeudamiento.
En este sentido, el capitalismo en su fase neoliberal horizontaliza la dinámica económica, Con ello desencadena un proceso de re-concentración capitalista de los recursos y del ingreso. Para que esto ocurra se han generado una serie de cambios en las políticas públicas y en la lógica desarrollista de redistribución del ingreso estatal. Entre ellas, la jibarización de las políticas sociales por parte de un Estado que reduce sus costos, en el caso del bienestar social, traspasándolos a la población. Las características del proceso anteriormente expuesto, originan un aumento en la brecha entre los sectores sociales, desigualdad agravada por las políticas de privatización de los derechos fundamentales, tales como la salud, la educación y los servicios tradicionalmente controlados por el Estado (el agua potable, la electricidad, sanitarias, telefonía y transportes). Dichas políticas han permitido configurar un Estado Neoliberal.
Por lo que hemos afirmado hasta ahora, parece necesario volver sobre un eufemismo utilizado en esta última encuesta CASEN: Pobreza Multidimensional. De acuerdo a esta “nueva categoría” se considera que los pobres han logrado: “la satisfacción de sus necesidades y ejercicio de derecho en las áreas de Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Vivienda”. No obstante, la medición de la pobreza, al reducirse a la variable del ingreso, no comprende un conjunto de indicadores que apuntarían a poder determinar si, en verdad, las personas han conseguido dignidad en sus vidas. De ahí que cuando hablamos de pobreza, deberíamos tomar en cuenta además el conjunto de derechos arrebatados por el modelo y que su usurpación es la contracara de la concentración generada por un estado que perpetua la desigualdad.
El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz [3], señalaba que los datos no bastan para la comprensión de los efectos del capital global, se requiere además una aproximación cualitativa. Es necesario hacerse cargo de la indignidad de las condiciones de vida que afecta a gran parte de la población del país
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¿Qué fue del ‘crecer con igualdad’? CASEN 2013: De la pobreza que cuenta y la dignidad que falta
