Dos procesos de sumario son los que viven los alumnos de la universidad: uno por las tomas, en el cual también se considera un incidente de medicina, y otro por el ataque con una bomba lacrimógena artesanal al rector Juan Miguel Cansino.

Las irregularidades de proceso son:
- Que no se tiene acceso a los expediente de los casos para ser fotocopiados, lo que es considerado un derecho desde la última reforma procesal, solo pueden ser revisados con la vigilancia de la secretaria, obstruyendo el estudio de los documentos por parte de la defensa.
- En el caso de la lacrimógena, el rector cumple de juez y parte avalado por el Reglamento de Sanciones interno, lo que va en contra los Principios Fundamentales del Debido Proceso contemplado en el artículo 19 de la constitución, específicamente sobre el derecho a un juez imparcial.
- El robo de las pertenencias de los estudiantes que se encontraban en las tomas de las facultades, entre las cuales se encontraban sacos de dormir y textos que, llevados a las dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI), son utilizados para la investigación en próximos procesos. De aquí se desprende el caso de un joven al que se le quedaron los documentos y está siendo sumariado por gran parte de los destrozos del recinto.
- La irrupción de la PDI en los hogares de los alumnos para tomarles declaraciones que, en teoría, son para el proceso interno de la universidad.
- La tergiversación en la escritura de las declaraciones por parte del Fiscal Jiménez, profesor de derecho y quien lleva los casos de las tomas.
- La notificación atrasada de los sumarios a los estudiantes, como el de David Marín, quien como muchos está siendo procesado por “desacato a la autoridad”, por discutir con profesores en el intento de toma de la facultad de medicina; igual que Andrés Nova, ambos candidatos a la federación por la Coordinadora de Colectivos.
- Algunos alumnos, tras presentarse como testigos para ayudar a sus compañeros, inmediatamente después, están siendo notificados que también serán sumariados.
- El Reglamento Interno de la facultad en que el relato de un profesor o autoridad universitaria está por sobre cualquier declaración de los estudiantes.
Los estudiantes, en su mayoría de la facultad de educación y la de teología, están siendo asistidos por el conjunto de abogados del Partido Comunista y Concertación y la Defensoría Popular. Estos últimos nos comentan que no se les dio a lugar para cambiar al juez Juan Cansino, pese a evidenciar  la falta de imparcialidad en sus veredictos.


Recordemos que a Universidad Católica de la Santísima Concepción se caracterizó durante el año 2011 por el carácter represivo con el que atacó a los estudiantes movilizados de su sede, con reiterados desalojos, incluso antes que empezara el conflicto estudiantil, como nos aseguran miembros de la Coordinadora de Colectivos: “el trato en el aula era diferente e incluso se nos bajaban las notas.” la persecución política ha provocado la deserción de compañeros.
Dentro de la planta docente desfilan personajes que desde la dictadura hacen polémica, como es el nuevo presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballestero, profesor de derecho de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, quien dirigió los consejos de guerra en Pto. Montt y defendió a Pinochet en diferentes ocasiones, el ex rector de este plantel, Fernando Jiménez Larrain, fue fiscal naval tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973; su hijo, Fernando Jiménez Loosli, académico de la Facultad de Derecho de la UCSC, Fiscal Naval igual que su padre, dirige junto a Enrique Silva, también profesor, los sumarios contra los estudiantes movilizados, que participaron de las tomas de la universidad.