[resumen.cl] La jueza argentina María Servini de Cubría procesó al exintegrante de las "Cortes Franquistas" y exministro del Interior de Suárez, Rodolfo Martín Villa, por el asesinato de tres manifestantes en una protesta en la capital del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, en 1976 y por la ejecución de otra en Iruña (Pamplona). Esto porque las violaciones a los derechos humanos pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo.
María Servini de Cubría está a cargo desde 2010 de una causa por crímenes del franquismo en Buenos Aires. En este contexto emitió un auto de procesamiento contra Rodolfo Martín Villa, ex integrante de las Cortes Franquistas durante la dictadura Francisco Franco en Estado español, y luego ministro de Relaciones Sindicales y de Gobernación (y posterior Interior) en el gobierno postfranquista de Adolfo Suárez.
Servini considera a Martín Villa “autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado, reiterado en al menos cuatro oportunidades, del que resultaron víctimas Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Sáiz”. Los tres primeros asesinados por disparos de la Policía Armada en la brutal represión del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, la capital del País Vasco, durante una protesta laboral en la que murieron otros dos obreros. La cuarta víctima también fue asesinada a tiros por la policía en Iruña en 1978, durante los "sanfermines".
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"Fuentes del entorno de Martín Villa señalan que recurrirá ante la Cámara de Apelación argentina tanto el auto de procesamiento como la fianza impuesta y recuerdan que en 2017, dicha cámara ya revocó la orden de detención dictada por Servini" consigna El País.
La magistrada decretó la “prisión preventiva” para el exministro, aunque reconoció que ésta “no se hará efectiva” porque instancias judiciales superiores de Argentina ya revocaron en julio de 2017 la orden de detención que Servini había lanzado contra el criminal en 2016. Además, la jueza ordenó el embargo de los bienes de Martín Villa, avaluados en unos 9,8 millones de euros.
Asimismo, la jueza Servini también solicitó a la justicia española copias de los sumarios abiertos por “el asesinato de Rafael Gomez Jáuregui, veterano luchador antifranquista, por parte de efectivos de la Guardia Civil el 12 de mayo de 1977 en Rentería durante la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado en la denominada semana Pro Amnistía”; por el “asesinato de José María Zabala el 8 de septiembre de 1976 por el guardia civil Enrique Pascual Diogo en Hondarribia durante la represión de una manifestación”; y por el “asesinato de María Norma Menchaca por parte de grupos parapoliciales el 9 de julio de 1976 en Santurce durante una manifestación para solicitar amnistía para los presos políticos”.
Martín Villa se le juzga por la “autoría mediata” de esas muertes. El auto señala que “toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición” y que “durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel, y se les aseguró a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance”.
Servini apuntó también a que “ocupó una posición preponderante en esa estructura jerarquizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos”. Sobre los sucesos de Pamplona de 1978, la magistrada señala que “fue, como máxima autoridad del Orden Público –ministro del Interior–, que Villa impartió las directivas generales y a veces particulares en esa materia, respecto de cuáles eran las manifestaciones o reuniones que no debían tolerarse o que debían disolverse”.
La magistrada María Servini de Cubría fue la primera jueza en Argentina que restituyó a sus padres niños y niñas nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar (1976-1983).
Cabe recordar que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y pueden ser juzgadas en cualquier parte del mundo, así como sucedió con Pinochet en Londres tras la orden de detención emitida por el juez español Baltazar Garzón.
