Por Marc Serra Torrent, Cataluña / Resumen.cl
Jordi Cuixart desborda las costuras del Tribunal Supremo en un alegato en defensa del ejercicio de los derechos fundamentales y la desobediencia civil.
El Presidente de Òmnium Cultural, la asociación cultural catalana con más de 140.000 socios lleva 500 días encarcelado preventivamente por orden de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo español. Su delito, ser el Presidente de una de las entidades del soberanismo con mayor implantación en Catalunya y promotora, conjuntamente con la Assemblea Nacional Catalana (ANC) de las multitudinarias manifestaciones que se han visto en los últimos años a favor de la independencia y la autodeterminación del pueblo catalán.
Cuixart es un hombre de paz, y así se mostró delante del máximo órgano de la judicatura del Reino de España en el juicio que se está llevando a cabo estas semanas en el Tribunal Supremo, contra los líderes independentistas catalanes y donde se enfrentan a un total de 177 años de prisión bajo acusaciones de rebelión, sedición y malversación. "Estoy seguro que aquí no se está juzgando mi sentimiento republicano", apuntó ya Cuixart al inicio de su declaración de más de 4 horas. Ésta supone la más política y la que se centró más en el ejercicio de los derechos fundamentales de las producidas hasta el momento.
En total han declarado 12 procesados, 9 miembros del Gobierno catalán cesado como consecuencia de la suspensión 7de la autonomía el 27 de octubre de 2017 (5 de ellos en prisión preventiva), dos líderes sociales, Jordi Sanchez (ANC) y el mismo Cuixart (ÒC), y la Presidenta del Parlamento Catalán, Carme Forcadell, procesada por permitir el debate parlamentario sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya en el Parlamento, también en prisión preventiva.
"Soy un preso político y estoy en prisión per el hecho de ser activista social". De ahí Cuixart fue desgranando y dando contenido al derecho de manifestación y reunión, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad ideológica y derecho de autodeterminación. En este sentido Cuixart fue hábil para rebatir los intentos de la Fiscalía para criminalizar las movilizaciones pacíficas convocadas por Òmnium. Recriminó a la Fiscalía sus intentos para criminalizar y penar su voluntad para provocar un tsunami democrático, acusando a Fiscalía de intentar penalizar la democracia, las sociedades más abiertas y más participativas.
La dura represión ejercida por parte del Estado español en el otoño de 2017, implicó el cierre de 140 páginas y dominios web relacionados no solo con el referéndum, sino también con entidades soberanistas. Este hecho sirvió para que se hicieran comparativas reiteradas por parte de Cuixart, dentro de la sala entre España y Turquía, caso paradigmático de persecución y vulneración de derechos humanos en Europa.
La declaración de Cuixart ha sido incómoda para el Ministerio Fiscal y para el mismo Tribunal. El juicio se emite en señal en abierta y la televisión pública catalana lo emite en directo, hecho que contrasta con el escaso seguimiento que se hace desde las televisiones y canales españoles. La exhibición de videos el 1 de octubre del 2017 en la sala y a petición de las defensas, día del referéndum que congregó cerca de dos millones y medio de personas, donde se visualizan las cargas y agresiones descontroladas de la Policía Nacional Española y la Guardia Civil hacia los votantes en posición de resistencia pasiva y manos alzada, indigna a la sociedad civil catalana, y saca a la luz de nuevo la vulneración de derechos fundamentales que el Estado español ejecutó y sigue ejecutando a día de hoy.
Citando a Marcelino Camacho, el fundador de Comisiones Obreras y militante comunista español, el que popularizó la frase de que el derecho a huelga se gana haciendo huelga, Cuixart ha defendido que el derecho de votar en Cataluña se gana votando, poniendo así en el centro del debate el derecho a voto, que es lo que en el fondo se está enjudicializando.
Asimismo Cuixart ha acusado al Tribunal de convertirle en un referente para la sociedad catalana con sus actuaciones y en contra de su voluntad, dirigiéndose al Presidente del Tribunal: Cuando ustedes nos han puesto en prisión, nosotros nos hemos convertido en unos referentes de la sociedad catalana, más allá del independentismo.
Sin duda una de las frases que ha resonado con mayor fuerza dentro de la sala ha sido, cuando situándose bajo la condición de preso político, ha afirmado que su prioridad no es salir de prisión, mi prioridad es poder denunciar el ataque y la vulneración de derechos y libertades que hay en Cataluña y en el conjunto del Estado español. Mi prioridad es la resolución del conflicto. Ahí Cuixart centra el conflicto como elemento causal y relaciona de manera directa su salida de prisión con el conflicto político.
En su alegato de defensa, parecido a momentos en un alegato de acusación dirigido al Estado español, Cuixart ha apuntado directamente el Rey, diciéndole que el Estado de derecho no está por encima de la democracia. El franquismo también era un Estado de derecho. Cuixart ha profundizado en su justificación para la lucha no-violenta y en ejercer la desobediencia civil, igual que lo hizo Rosa Parks contra la segregación racial en Estados Unidos. Para él, el 1 de octubre de 2017 fue el ejercicio más grande de desobediencia civil de Europa, lo que debería ser un motivo de orgullo para el conjunto de una sociedad madura democráticamente.
Ya de por sí, Fiscalía está demostrando un desconocimiento sobre la misma causa, intentando introducir elementos fácticos y pruebas falsas, delante de la evidencia que en Cataluña la única violencia que se vivió fue la de los cuerpos de seguridad españoles hacia la ciudadanía que acudía a sus centros de votaciones. Sin violencia no hay delito de rebelión.
Arena y cal se lleva pues la acusación, personificada en la Fiscalia, la abogacía del Estado y el partido de ultraderecha VOX, al que Cuixart se negó a contestar. No consiguió probar su relato, algunas veces fantástico, basándose en la participación de Cuixart en una estrategia planificada, concertada y organizada para conseguir la independencia de Cataluña, donde supuestamente jaleaba y dirigía a las masas contra el Estado para que éste capitulara, como consecuencia de una supuesta violencia en las movilizaciones civiles, que nadie en el mundo vio.
Una vez concluidas las declaraciones de los acusados, a ojos de la opinión pública, de la prensa internacional, de una mayoría de juristas y de las principales organizaciones de derechos humanos internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, se está cuestionando la imparcialidad del sistema jurídico español y se está viendo el juicio como una venganza del Estado delante del éxito del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.
En este punto, en su declaración, Jordi Cuixart abordó abiertamente el ejercicio de los derechos fundamentales cuestionados para pasar a hacer una defensa de los derechos de movilización, reunión, asociación, expresión y libertad ideológica. La contraposición entre derechos fundamentales y legalidad, la referencia a la lucha por los derechos civiles, resumen muy bien la esencia de su declaración y el fracaso de la acusación, y hacen emerger de una forma muy nítida el deseo de venganza y cualquier precio de los poderes del Estado.
