El término “transiciones”, que había recobrado presencia en los ámbitos internacionales desde hace por lo menos un par de años, ya está en el centro de muchos debates en Colombia. Es la palabra utilizada para referirse sobre todo a cambios en la extracción de minerales o hidrocarburos, pero también a alternativas en las fuentes y usos de la energía. No debe caerse en una simplificación que entienda que las “transiciones” son apenas eso, una revisión sobre la explotación, por ejemplo de carbón o petróleo. Es mucho más: cualquier debate sobre las transiciones está íntimamente asociado a la salvaguarda de los derechos y a todas las dimensiones de las justicias.
Por Eduardo Gudynas
Esa estrecha relación, donde esos conceptos están mutuamente asociados, se fundamenta de variados modos. Debe tenerse presente que Colombia, como ocurre con otros países sudamericanos, se ha vuelto un enorme exportador de recursos naturales (estimándose que sus exportaciones de recursos naturales, medidos en una escala física, supera los 110 millones de toneladas cada año). Esos extractivismos desencadenan todo tipo de impactos negativos, que incluyen los desplazamientos de comunidades locales, la pérdida del acceso al agua o a una adecuada alimentación, la contaminación, la destrucción de la biodiversidad e incluso una distorsión de la economía nacional, destruyendo la industria nacional y haciéndola más dependiente de exportar materias primas. Al mismo tiempo, todos esos incumplimientos están teñidos por la violencia, afectando sobre todo a comunidades rurales, campesinos o indígenas, ya que allí están los enclaves extractivos.
Si se repasa cualquiera de esas condiciones se observará que están en jaque o se incumplen todo tipo de derechos. Desde los más fundamentales, como el que asegura la vida pero que no logra impedir que se repitan los asesinatos de líderes ambientales, o el de alimentación, que tampoco evita que sigan muriendo de hambre niños en La Guajira, hasta aquellos de tercera generación asociados a un ambiente sano, que tampoco detienen la contaminación de aguas y suelos, o la deforestación.
Esas condiciones hacen que el compromiso con los derechos de las personas y de la Naturaleza obliguen a generar respuestas ante los extractivismos. Pero como en la actualidad, esas prácticas tienen una alta intensidad y una enorme expansión geográfica, terminan siendo incompatibles con muchos de los derechos reconocidos en el país. Es más, sólo es posible seguir adelante con los extractivismos si se recorta o debilita la salvaguarda de los derechos.
Simultáneamente, las severas consecuencias de esos emprendimientos desencadenan la resistencia desde las comunidades locales, y entonces se recurre a más violaciones del marco de derechos para sostenerlos. Esto ocurre con las trabas para contar con rigurosas evaluaciones ambientales o monitoreos efectivos, las limitaciones en el acceso a la información o la anulación de medios de participación. Un paso más en todo ese deterioro resulta de la proliferación de la violencia, sea aquella que organiza el Estado para blindar los enclaves extractivismos como la de grupos armados o bandas criminales que operan, por ejemplo, en los circuitos de la minería de oro. Para las condiciones por las cuales se avanza en los extractivimos por medios de incumplimiento en las garantías de los derechos y creciente violencia, se utiliza el término extrahección. Es una palabra que proviene del latín, extraher, y que significa arrancar con violencia.
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En sentido inverso, si se desea realmente asegurar los derechos, sea de las personas como los del ambiente, no existe otra opción que comenzar a salir de la dependencia extractivista. Su intensidad es tan alta que ello su problemática no se resuelve con más tecnología ni más dinero; sus impactos son inevitables.
El fortalecimiento de los derechos en el contexto latinoamericano actual requiere pensar, imaginar y diseñar transiciones más allá de los extractivismos. Eso hace que, en la actualidad, la elaboración de posibles transiciones sea un componente necesario e ineludible para cualquier persona u organización comprometida con los derechos.
Dando un paso más en desentrañar esta problemática, también es evidente que están en juego las concepciones sobre la justicia. Los incumplimientos en la salvaguarda de derechos, tales como los observados en los extractivismos sudamericanos, y en especial en el caso de las extrahecciones, deja en evidencia la debilidad del compromiso con la justicia. Es una limitación desde el Estado, desde buena parte de los actores políticos partidarios, pero también por parte de muchos sectores ciudadanos -- lo que debemos admitir con tristeza. Se ha naturalizado y aceptado que el asesinato de líderes locales, que mueran niños de hambre, que comunidades no cuenten con agua potable, o que muchos sean forzados a abandonar sus hogares. Hechos como esos no desencadenan el horror ni el rechazo generalizado que se esperaría en las grandes ciudades, tampoco hace tambalear a gobiernos. Parecería que la brutalidad se convierte en un ingrediente más de una cotidianidad que es aceptada con resignación; la política deriva hacia una necropolítica.
Entendido ese drama, está claro que asegurar el marco de los derechos requiere, tal vez desesperadamente, fortalecer el compromiso con la justicia. No sólo se deben rescatar las clásicas ideas de justicia, sino también las reformulaciones en marcha en este siglo XXI. Es una justicia en plural que se expresa en varias dimensiones: además de la más conocida, la justicia “social”, existe otra, “ambiental”, ya que el deterioro en el entorno, como ocurre con el acceso o la calidad del agua, también afecta seriamente a las personas. Pero además se debe incorporar la dimensión de una justicia “ecológica”, la que se enfoca en los derechos de la Naturaleza (los que en Colombia ya cuentan con reconocimiento como ocurre por ejemplo con el Río Atrato o la región amazónica). Las nociones sobre la justicia, al mismo tiempo, son las que también fundamentan las concepciones sobre los derechos y sobre los modos en que deben ser asegurados.
Un genuino compromiso con esas justicias es imposible bajo los actuales extractivismos. Por lo tanto es indispensable buscar transiciones de salida, y ese foco en las justicias nutre, al mismo tiempo, el compromiso con la salvaguarda de los derechos. Son mutuamente dependientes.
Se debe estar prevenido ante los discursos que simplifican estas cuestiones aduciendo que la justicia social, y en particular la reducción de la pobreza, se lograría por medio de más extractivismos. Un examen riguroso de la evidencia muestra que los extractivismos han sido incapaces por sí solos de reducir la pobreza, que los recursos financieros que proveen son mucho menos que los publicitados por empresas y gobiernos, y que, en cambio, es la sociedad que termina sosteniéndolos, sea por medio de subsidios gubernamentales como por padecer sus efectos negativos.
Del mismo modo, hay que estar alerta ante los slogans publicitarios de una minería “sostenible” o “ecológica”, que apela entre otros elementos a unas tecnologías “verdes”, que se ilusiona en decir que basta contar con indicadores de cambio climático para justificarla, o que es suficiente pagar compensaciones en dinero a las comunidades locales.
Ese simplismo distorsiona todavía más el entramado de las justicias, y en lugar de ser soluciones son parte del problema. Son posturas que inevitablemente sacrifican un tipo de derechos por otro (por ejemplo, aceptar un pago en dinero a cambio del deterior ecológico), y un tipo de justicia por otro (siguiendo con el ejemplo anterior, presentan una redistribución económica como si a ese mecanismo resolviera todos los componentes de la justicia social).
El antídoto ante los extractivismos, e incluso ante esas y otras falsas soluciones, se basa en justicias vigorosas en todas sus dimensiones, y no solamente en una, o en uno de sus componentes. Ese mandato es el que nutre las metas de las transiciones postextractivistas. Esa secuencia, por ejemplo, en los países andinos llevó a reconocer los derechos de la Naturaleza, lo que implicaba una justicia ecológica, y desde allí se desembocó en proponer una moratoria de la explotación petrolera en la Amazonia para asegurar la protección de su biodiversidad, y al mismo tiempo atender los derechos de los pueblos indígenas. Similares razonamientos podrían seguirse en Colombia en tanto la región amazónica ya ha sido reconocida con derechos propios.
No siempre es sencillo reconocer estas relaciones reciprocas entre transiciones, derechos y justicias. En cierto modo ello se debe a la división entre distintas disciplinas, lo que hace que sea usual entender que la problemática de los extractivismos sea abordada desde la economía, ecología política u otras ciencias sociales, mientras que las cuestiones de derechos estarían en manos de abogados, y las de justicia de filósofos o politólogos. Pero en realidad, todos esos componentes están íntimamente asociados.
No es posible un compromiso con las justicias ni asegurar los derechos en todas sus expresiones, sin comenzar inmediatamente una transición de salida de los extractivismos. Esa estrecha vinculación es un elemento distintivo de la coyuntura latinoamericana. A la vez, un plan riguroso, serio y efectivo de las transiciones no puede ser ni pensando ni elaborado sin asegurar los derechos y comprometerse con todas las justicias. Las concepciones sobre justicia y derechos por un lado, y las transiciones por el otro, son mutuamente dependientes, están entretejidas, se alimentan entre ellos. El fracaso en un componente arrastra a los otros, y el éxito en cualquiera re1quiere el éxito en todos a la vez. Son esas condiciones las que hacen al debate sobre transiciones tanto urgente como imprescindible.Informaciones adicionales
Sobre los derechos de la Naturaleza y sus expresiones en América Latina: Derechos de la Naturaleza. Etica biocéntrica y políticas ambientales, E. Gudynas, edición para Colombia publicada por el Jardín Botánico J.C. Mutis (Bogotá).
Sobre extractivismos, corrupción y violencia: Extractivismos y corrupción. Anatomía de una íntima relación, E. Gudynas, Desde Abajo (Bogotá).
Mas informaciones sobre transiciones y alternativas a los extractivismos en: www.transiciones.org
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El presente texto está basado en ideas compartidas en un conversatorio realizado en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el 19 de setiembre, y en una conferencia pública sobre transiciones, en la Universidad Santo Tomás (Bogotá), el 20 setiembre 2022. Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Redes: @EGudynas Boletín noticias: www.getrevue.co/profile/AccionyReaccion
