Muchos enfermos en Chile deben postergar sus tratamientos o sufrir extensas demoras para conseguir una hora médica, debido a que el sistema público no cuenta con los especialistas para atender a más del 80% de la población.

Las “listas de espera” en consultorios y hospitales son resultado del desmantelamiento del sector salud bajo la lógica del Estado subsidiario y neoliberal. A esto se suma la elevada demanda de servicios de salud de la población, dada la carga de enfermedades derivadas de inequidades sociales, económicas y sanitarias, que se expresan en alarmantes cifras de obesidad, sedentarismo, adicciones y trastornos mentales, entre otras.

Para los gremios de la salud, investigadores y organizaciones sociales, el problema de la carencia de especialistas no se resuelve con generar mayores incentivos económicos para que estos profesionales no migren al sector privado, como ocurre en la actualidad, sino que debiera crearse un sistema público solidario, inclusivo, que restablezca la salud como un derecho social y ponga fin al lucro.

La denuncia de falta de anestesistas dejó de manifiesto la dura crisis de médicos en la red pública. En Chile hay un médico especialista por cada 1.172 habitantes. Según el Ministerio de Salud, la medicina interna lidera esta brecha y la siguen la anestesiología, cirugía general, pediatría y radiología. El 68% de los especialistas se concentran en la Región Metropolitana, Valparaíso y Concepción.

Los médicos alegan falta de incentivos, malas condiciones de trabajo y pocas oportunidades de formación como causas para no trabajar en regiones. Para Esteban Hadjez Berríos, profesor de salud pública de la Universidad de Valparaíso, la carencia de especialistas en el sistema público se debe al carácter histórico de oligopolio del Colegio Médico, la mercantilización de los servicios de salud, la falta de regulación del trabajo médico, y la privatización y desfinanciamiento público de las universidades que forman profesionales de la salud.

NEGOCIO DE LA SALUD Y LA ETICA MEDICA

A través de la denuncia de la falta de anestesistas, se pudo conocer que algunos de estos especialistas contratados de planta en los establecimientos de salud pública acortan sus horarios y paralelamente, forman agrupaciones o empresas que prestan servicios de anestesiología a un precio más alto. El mismo profesional que cobra 15 mil pesos la hora, como personal de planta, eleva su remuneración a 40 mil, en horario vespertino, a través de la firma externa, pese a que utiliza los mismos pabellones, recursos e insumos del hospital. Se estima que el 60% de la actividad de los anestesiólogos está externalizada.

Una investigación periodística denunció que en los últimos tres años la empresa privada del jefe de Traumatología del hospital San José, Alvaro Martínez, se ha adjudicado todas las licitaciones para operaciones traumatológicas de dicha unidad, cobrando más de mil millones de pesos. Martínez defiende el sistema y justifica los viajes de capacitación al extranjero que pagan los proveedores de insumos a su personal, afirmando que la capacitación médica está pagada en Chile por la empresa privada.⁽¹⁾

Oscar Riveros Araya, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), afirma que “debemos avanzar en la construcción de ética a partir del principio de defender el sistema público de salud de nuestro pueblo. En eso los médicos no pueden estar ausentes. La formación médica opera con foco en lo económico, generando jóvenes profesionales enfrentados a deudas universitarias que superan los 20 millones de pesos”.

En los últimos años más del 70% de los médicos especialistas han preferido pagar una multa -luego de terminar su especialidad- e ingresar directamente al sector privado. De los 14.512 especialistas que existen en nuestro país, 5.843 atiende sólo en el sistema privado.

Oscar Riveros afirma que “el déficit de especialistas es un problema que obedece al modelo de salud. El Estado chileno no se hace cargo de fortalecer el sistema público y sus trabajadores no médicos reciben remuneraciones que no corresponden a su labor en un servicio de carácter social”. En Chile, un 7,7% del PIB se invierte en salud. Sin embargo, mientras el 44% de los recursos va al 18% de la población beneficiaria de Isapres, el 56% restante financia al 80% de la población de Fonasa. Hoy, el 40% del total del gasto de salud en Chile corresponde al “gasto de bolsillo”. El 67,7% del gasto de bolsillo de las personas que se atienden en consultorios, se va sólo en medicamentos.

CRISIS DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD

Pero no solo hay déficit de especialistas. Faltan, según cálculos conservadores, a lo menos 1.500 médicos en la atención primaria. Esta cifra se multiplica por cuatro si se compara con los países de la OCDE que han puesto a la atención primaria como eje de sus sistemas de salud.

Cabe recordar que en el marco de la reforma de salud, uno de los objetivos prioritarios fue el cambio del modelo de atención existente en la atención primaria hacia una medicina más humanitaria e integral. Para lograr este objetivo, se decidió la transformación de los tradicionales consultorios en Centros de Salud Familiar (Cesfam). Este cambio implicó el paso de la atención biomédica hacia la atención biosicosocial y familiar; de lo recuperativo hacia lo preventivo y curativo y a la promoción de la salud; de un trabajo individual al de equipo; y finalmente, del liderazgo del sector salud, a la participación comunitaria.

El Colegio Médico señala que el Ministerio de Salud carece de una política pública integral de desarrollo del recurso humano médico en la atención primaria, que permitiría atraer y retener a los profesionales en los consultorios; por ello existe una alta rotación de médicos. Un tercio de los profesionales se cambian de centro de salud después del primer año, y más de dos tercios lo hace a los tres años. Esto hace que algunos pacientes deban esperar entre tres y seis meses para conseguir una hora médica.

El Dr. Camilo Bass del Campo, presidente de la Agrupación de Médicos de Atención Primaria, asegura que “las políticas de sueldos en los consultorios varían según el presupuesto municipal. No existe una política nacional para que los médicos se mantengan en los consultorios. En otros países con buena atención primaria los médicos que atienden en los consultorios son especialistas en medicina familiar y comunitaria, que en Chile somos muy pocos. Existe una limitada relación médico paciente, porque el sistema no nos permite citar a la persona en otra oportunidad”.

Bass asegura que “con los traspasos de recursos públicos a privados, nuestras autoridades optan por fomentar los negocios con la salud de las personas, en vez de modernizar lo que nos pertenece a todos”. La lógica de financiamiento de la salud en Chile ha generado gran desigualdad y segregación, dado que la distribución del gasto sanitario privilegia al sector privado. Entre 2005 y 2013 el Estado traspasó 7.607 millones de dólares de recursos públicos a las clínicas que lucran con la salud, lo cual explica el vertiginoso crecimiento de la red privada que aumentó su capacidad en 20% en el periodo 2005-2011, y sus altas tasas de utilidades.

En su opinión, es iluso pensar que la desmunicipalización de la atención primaria mejorará la atención de los consultorios. Más que centrar el debate en quién administra, debemos avanzar en un solo sistema público solidario, inclusivo, y poner fin a las Isapres, dice.

Esteban Hadjez alude a la “hipertrofia del discurso médico hegemónico, y la carencia de debate público acerca del déficit de otros trabajadores de la salud en atención primaria, probablemente más importantes que la figura del médico dada la elevada prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y trastornos de salud mental, como son los nutricionistas, kinesiólogos y sicólogos. El problema de la fuga de médicos especialistas hacia el sector privado se resuelve eliminando el sector privado de aseguramiento de la salud (Isapres), y con un Estado que regule la calidad y los costos de la práctica pública y privada de la profesión médica, con aranceles similares para ambos sectores, y con un sistema público de salud con financiamiento adecuado, especialmente dirigido hacia la atención primaria de salud”.

MOVILIZACION SOCIAL POR EL DERECHO A LA SALUD

En la mayoría de las movilizaciones sociales de 2013 donde el derecho a la salud fue la principal demanda, se denunció la falta de especialistas en el sistema público de salud. Muchos habitantes de regiones deben trasladarse a Santiago para atenderse, mientras la población pobre de la Región Metropolitana clasifica la atención de salud, en su mayoría, como muy mala. La Universidad Católica Raúl Silva Henríquez realizó una encuesta a personas con ingresos de menos de 252 mil pesos per cápita , revelando que el 75% de ellas considera “mala” o “muy mala” la atención de salud pública. Además, tres de cada cuatro entrevistados admitieron haber acudido a un médico particular. El 78,7% dice que “la atención de salud es un derecho básico”. A la pregunta: “¿Por qué tiene esa opinión sobre la salud?”, las principales respuestas son: No me atendieron; se atrasó la hora de atención o el personal médico me trató mal.

Las movilizaciones sociales del año pasado en Coronel, Chiloé y Tocopilla, entre otros territorios, son una muestra de la voluntad ciudadana de poner en el debate nacional el derecho a la salud. Sus habitantes dicen sentirse “abandonados” por el gobierno central y denuncian los problemas que enfrentan en el sistema público de salud, siendo el déficit de médicos especialistas el que más se repite. Así lo señaló María Eugenia Calvin, coordinadora de la iniciativa Movilizándonos por Justicia y Dignidad en Salud, de Fundación EPES. Calvin agrega que “en las jornadas regionales destinadas al diagnóstico y levantamiento de propuestas en salud desde las organizaciones y población usuaria de cinco regiones del país, aparece la necesidad de atención digna, de calidad, oportuna y resolutiva, lo cual en un modelo que genera incentivos a la privatización y al lucro no será posible, ya que se ha creado un entramado de instituciones, leyes, reglamentos y prácticas de grupos de poder que impiden el acceso a la atención de salud entendida como derecho social”.

⁽¹⁾ Ciper Chile. “Las empresas privadas que hacen funcionar al hospital San José”, http://ciperchile.cl/2014/03/03

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 800, 21 de marzo, 2014